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Menos homicidios dolosos y más extorsiones: ¿hay pacificación?

Medir otras formas de violencia y criminalidad revela los límites de la caída del homicidio doloso como señal de pacificación cuando desapariciones, feminicidios y extorsión van en sentido opuesto.
Negocios atacados en Puerto Vallarta, Jalisco
Una tienda atacada en Puerto Vallarta, Jalisco el 24 de febrero de 2026, luego de la captura de "El Mencho" dos días antes. (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)

México registra una reducción extraordinaria del homicidio doloso. Al tercer trimestre de 2026, la tasa nacional disminuyó 44.4% frente a 2024, 52.3% respecto de 2018 y 12.3% en comparación con 2015, año en que inició el registro de víctimas. Son caídas de gran magnitud que merecen reconocimiento y abren la pregunta sobre si México finalmente ha entrado en un proceso de pacificación.

El panorama territorial ofrece razones para el optimismo. En el último año, las 32 entidades federativas tuvieron reducciones en sus tasas de homicidio doloso. Algunas fueron especialmente pronunciadas, como San Luis Potosí (-78.7%), Nayarit (-69.8%), Quintana Roo (-60.5%), Nuevo León (-52.3%) y Guanajuato (-48.2%).

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Incluso entidades que durante años encabezaron las estadísticas de violencia homicida muestran avances importantes. Guanajuato redujo su tasa 53% respecto de 2024 y Guerrero acumula una disminución de 61.9% frente a 2018. Persisten, sin embargo, focos rojos relevantes. Colima registra 51.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguida de Morelos (32.6) y Sinaloa (30.8). En esta última entidad, la tasa todavía duplica la registrada en 2024. La intensidad de la violencia continúa siendo muy desigual.

Primer freno: la violencia letal en su conjunto

En México Evalúa construimos un indicador de violencia letal que incorpora homicidios dolosos y culposos, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida. Con esta medición, la reducción nacional entre 2025 y 2026 cambia. Es de 23.1%, ocho puntos porcentuales menor que la observada exclusivamente en homicidios dolosos. Las diferencias territoriales también son importantes. Aunque todas las entidades redujeron su tasa de homicidio doloso, la violencia letal aumentó en Morelos (16.9%), Colima (11.8%), Yucatán (17.8%) y Veracruz (3.7%), entre otras.

Vale la pena examinar dos expresiones de violencia por sus implicaciones y su posible vinculación con el crimen organizado: desapariciones y feminicidio. La tasa de desapariciones permanece 73.3% por encima de la registrada en 2015. Persisten focos rojos importantes, como Nayarit y Sinaloa, que encabezan las tasas nacionales con 15.2 y 13.9 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las cifras más recientes muestran una reducción de 35.3% respecto de 2025. Sin embargo, esta caída puede modificarse conforme se actualizan los registros.

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En el caso del feminicidio, la tasa nacional disminuyó apenas 4.3% respecto de 2025, una reducción considerablemente menor que la observada en los homicidios dolosos. Además, permanece 53.2% por encima de la registrada en 2015. Sinaloa constituye el caso más preocupante, pues registra la tasa más alta del país, con 3.02 víctimas por cada 100 mil habitantes, y un incremento de 147.1% durante el último año. Le sigue Morelos, con una tasa de 1.31, más de tres veces el promedio nacional.

Estos contrastes revelan los límites de utilizar el homicidio doloso como principal indicador de éxito. Su disminución constituye un avance importante, aunque otras expresiones de violencia pueden seguir trayectorias diferentes y requerir respuestas específicas.

La extorsión y el control territorial del crimen

Entre 2015 y 2026, la tasa nacional de víctimas registradas aumentó 65% y permanece en niveles elevados desde 2022. Su comportamiento contrasta con la reducción reciente del homicidio.

La extorsión tiene una clara geografía económica. El Centro, el Bajío–Occidente y el Norte concentran 85% de las víctimas registradas. Se trata de regiones fundamentales para la producción industrial, el comercio, la inversión y el empleo en México, donde la extorsión puede afectar las actividades productivas y las cadenas de suministro. En ellas hay casos alarmantes como Morelos, con la tasa más alta del país (28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes), Zacatecas (19.2) y Colima (16.7), todos muy por encima de la tasa nacional de 6.4.

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En sus expresiones más graves, la extorsión permite a organizaciones criminales imponer cuotas y condiciones sobre las actividades económicas. La reducción de los asesinatos puede coexistir con mecanismos persistentes de intimidación, extracción de recursos y control sobre comunidades.

La reducción del homicidio es una buena noticia, pero resulta prematuro hablar de una pacificación sostenida. Los avances son importantes, pero otras expresiones de violencia aún limitan la libertad y el bienestar de las personas. La seguridad debe significar mucho más que sobrevivir a la violencia: debe garantizar que podamos vivir sin amenazas, ejercer nuestros derechos y desarrollar plenamente nuestras oportunidades de vida.

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*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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