Director, maestro, policía y administrador de WhatsApp: el Estado delega; el chat de padres gobierna

Lo que el acuerdo dice, y lo que calla

Primero, precisemos lo que se decretó, porque circula confusión.

La restricción total, recreo incluido, rige para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas. En el nivel de media superior, cada plantel decide su modalidad; en universidades se fomenta el uso responsable.

Hay excepciones pedagógicas, de salud, discapacidad y emergencia. Y hay un dato incómodo: según la cobertura de la prensa, el acuerdo no establece un catálogo de sanciones, y ante una emergencia los alumnos deberán acudir con el personal docente, mientras la comunicación con las familias se hará por los mecanismos que defina cada plantel.

Lea de nuevo la última frase.

En un país con escuelas junto a balaceras, la política de seguridad escolar quedó delegada a lo que cada director improvise.

A ello se suma que las entidades tienen 120 días para emitir lineamientos específicos, según la secretaria de Educación de Sinaloa.

Es decir: la prohibición entró en vigor primero y la reglamentación operativa llegará después. Se apagó el teléfono antes de instalar el sistema que lo reemplace.

El mapa que la SEP no dibujó

¿Qué resultados pretende la SEP?

Su apuesta declarada es pedagógica y emocional: más atención, menos acoso, más socialización en el recreo. Es una hipótesis legítima y la tendencia es internacional: una colaboración publicada en medios, que cita a la UNESCO, habla de 114 sistemas educativos con restricciones nacionales.

Pero una política importada hereda contextos ajenos.

En sociedades con respuesta de emergencia consolidada, apagar el teléfono cuesta poco. En una colonia donde disparar cerca de una primaria es rutina, cuesta minutos, y en una balacera los minutos son todo.

Coordinación: la pregunta sin estudio

¿Existen estudios que acrediten coordinación inmediata entre escuelas y corporaciones de seguridad?

No encontré ninguno público que la SEP haya presentado para sostener la medida, y lo digo con cautela: puede existir documentación interna que no he visto. Lo verificable es otra cosa.

La SEP difundió en abril un protocolo mínimo ante amenazas virales en redes, el llamado reto de «tiroteo mañana», y un director de primaria en Culiacán relató que en al menos dos ocasiones resguardó a sus alumnos por detonaciones. Son reacciones a incidentes, no un sistema medido, con tiempos de respuesta, simulacros evaluados y datos abiertos.

¿Hay una medida tecnológica de reacción inmediata coordinada con policías estatales o municipales?

En la información pública que revisé no aparece un botón de alerta escolar, un canal directo con el 911 ni una aplicación de aviso a padres. Perú, como contraste, instaló un botón de pánico llamado «Confía» en 43 colegios de Lima y Callao.

Aquí el diseño es inverso: se retira el aparato con que los alumnos han documentado y denunciado delitos, y no se anuncia nada institucional en su lugar. La alerta depende del grupo de WhatsApp que administra el docente.

Los padres, a ciegas

¿Conocen los padres un protocolo público, adaptado a su contexto?

La respuesta documentada es que se previeron asambleas informativas antes de la entrada en vigor y que las escuelas definirán sus canales. Eso es información sobre la regla, no un protocolo de seguridad. En Culiacán, algunos planteles permiten llevar el teléfono apagado en la mochila porque muchos padres lo piden.

Cuando la comunidad improvisa una excepción para sentirse segura, la autoridad ha perdido credibilidad. Además, esa tolerancia informal crea desigualdad: protege a quien tiene un director sensible y abandona al resto.

Donde manda el crimen

¿Qué se previó para localidades donde el crimen organizado o las pandillas gobiernan de hecho?

Hasta donde pude verificar, nada específico. Y aquí radica el mayor riesgo.

Donde un grupo armado controla el territorio, la escuela no es un recinto neutral: es parte del paisaje de control. En esos lugares, el aviso entre padres, hijos y maestros suele ser la única red de alerta que funciona, porque la policía tarda o no llega.

Suprimirla sin ofrecer un reemplazo confiable es una decisión de seguridad, no solo pedagógica. Además, se le pide al maestro, que quizás vive en la misma comunidad dominada, hacer cumplir una regla sin respaldo visible del Estado.

Las preguntas que faltaban

Agrego tres preguntas que nadie hizo.

1. ¿Quién custodia los teléfonos recogidos?

Si terminan en el cajón del director, la escuela se vuelve depósito de objetos valiosos y los conflictos por robo o pérdida carecen, hasta donde sé, de responsable definido.

1. ¿Qué ocurre en el trayecto, donde el menor queda sin medio de contacto?

El acuerdo regula la jornada, no el camino.

1. ¿Quién evaluará?

Se informó que la medida se revisará cada seis meses; exijo que esa revisión incluya indicadores de seguridad, no solo de atención y convivencia.

Qué hacer en 120 días

Propongo, para los 120 días, cinco piezas mínimas.

1. Un protocolo escolar de emergencia público, por municipio, con tiempos de respuesta esperados.
2. Un canal de alerta institucional, sea botón o línea directa, conectado al 911 y a la policía de proximidad.
3. Un mapa de riesgo por plantel, elaborado con las fiscalías y las secretarías de seguridad, que defina cuáles escuelas requieren protocolos reforzados.
4. Simulacros trimestrales evaluados, con informes públicos.
5. Y un esquema de aviso a padres que no dependa del teléfono del niño ni del azar de un chat.

Nada de esto es costoso frente al daño que evitaría.

La SEP acertó en nombrar un problema real: la atención y la convivencia de los menores.

Falló en tratarlo como asunto exclusivamente educativo. Una escuela mexicana es, también, un espacio de seguridad pública, y en demasiados territorios, el último espacio donde el Estado todavía aparece.

Retirado el celular, que no quede el niño sin la protección que éste, imperfectamente, le daba. Prohibir siempre es fácil. Proteger exige presupuesto, coordinación y datos.

Lo primero ya se decretó; lo demás sigue pendiente.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.