Regresando a la Intercensal, la clave de los indicadores negativos tiene una raíz económica y laboral. Guerrero es 7º en tasa de participación económica: 52.5% (nacional: 55.1%), pero es el antepenúltimo en personas ocupadas con empleo asalariado: 55.7% de la población ocupada (nacional: 70.5%).
También es 4º lugar en población asalariada sin acceso a servicios de salud por su trabajo: 36% (nacional: 42%; ENOE 2026-II). Esto se refleja en la Encuesta Intercensal: en Guerrero, de la población asalariada, sólo 36.5% tiene afiliación a servicios de salud de la seguridad social (nacional: 55.9%), 32.2% tiene licencia o incapacidad con goce de sueldo (nacional: 53.1%) y 29.4% tiene afiliación al SAR o a una AFORE (nacional: 52%).
Estos datos refieren a personas con empleo asalariado; además hay que sumar a quienes trabajan por cuenta propia o sin remuneración, donde la "informalidad" afecta a casi 100%, lo que en realidad significa que carecen de protección social: servicios de salud, licencia con goce de sueldo, ahorro para el retiro. Guerrero ocupa el tercer lugar en trabajo por cuenta propia (autoempleo): 32.4% (nacional: 24%), y en trabajos sin remuneración: 9.5% (nacional: 2.8%).
De esta raíz económica y laboral se producen las condiciones sociales que impiden el ejercicio de derechos fundamentales y que reproducen y refuerzan la pobreza y exclusión.
Guerrero es el estado 29 en población joven (15-24 años) que permanece en la escuela: 41.6% (nacional: 47.3%). Esto además de incumplir el derecho a la educación, genera desventajas para la inserción laboral y el ejercicio de otros derechos durante el resto de la vida.
Guerrero ocupa el 8º lugar en población sin acceso a servicios de salud —considerando todo: seguro social, del IMSS Bienestar o de centros de salud— con 32.6% (nacional: 27.2%). Como vimos, esta carencia se produce porque menos de la mitad de la población tiene afiliación a la seguridad social (o a un seguro privado). En ese indicador Guerrero es penúltimo (lugar 31): 41.8% (nacional: 70.6%).
