Un decreto que administra lo que el comunicado celebra

Eso, y no la épica del anuncio, es lo verificable hasta hoy en el texto oficial.

Léase despacio, porque el comunicado celebra y el texto administra.

Cambió el letrero; el presupuesto, por ahora, es el mismo. Conocemos este método mexicano de innovación institucional: se rebautiza lo existente, se anuncia como refundación y se deja que el aplauso haga las veces de diagnóstico.

Inteligencia para unos, improvisación para otros

La antigua escuela nació para formar al personal del CNI y abrirse, por intercambio, a otros servidores públicos. Esa lógica de origen sigue ahí: una escuela de la inteligencia federal para la inteligencia federal.

Y está bien que exista. Lo que no está bien es venderla como profesionalización del sistema de seguridad cuando el eslabón más débil de la cadena no aparece en el texto.

Hablo del policía municipal y estatal: el primero que llega, el que toma la declaración, el que preserva o contamina la escena, el que decide qué anota y qué calla.

Es el primer captador de información criminal del Estado y, por tanto, el primer analista involuntario del país.

En las academias donde he trabajado, la investigación se enseña como una materia entre muchas: unas sesiones de cadena de custodia, un formato de informe homologado y la ilusión de que el resto se aprende en la calle.

Se aprende, sí, pero mal y sin método. Un país no hace inteligencia con datos mal levantados; hace ruido con membrete.

La pregunta incómoda es sencilla: ¿los policías que manejan datos personales, denuncias y fuentes todos los días serán beneficiarios de esta academia, o seguirán siendo los clientes olvidados de la profesionalización?

¿Quién certifica lo que se enseña?

El acuerdo dice que los programas se revisarán en coordinación con la SEP. Conviene precisar qué significa y qué no. Coordinación no es dictamen de pertinencia policial.

La SEP puede revisar que una licenciatura cumpla requisitos formales de educación superior; difícilmente puede juzgar si un currículo de inteligencia forma analistas capaces de operar en un municipio asfixiado por la extorsión.

Ese juicio de contenido corresponde, por diseño, al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a su Secretariado Ejecutivo y a su Academia Nacional.

Si el órgano que debería rectorar la formación policial del país se limita a procesar estadísticas y firmar convenios, el problema no es la SEP: es que el Secretariado permitió que otros ocuparan el lugar que la ley le dio.

Falta además transparencia.

¿Habrá reconocimiento de validez oficial? ¿Bajo qué figura? ¿Con qué perfil de egreso y qué evaluación externa?

Hoy no lo sé, y quien diga que lo sabe no ha leído lo publicado. Los medios, por cierto, ni siquiera coinciden: unos hablan de técnico superior, licenciatura y maestría; otros agregan doctorados.

Cuando la propia información oficial se presta a versiones distintas, pedir rigor académico parece casi descortés.

El abandono que nadie inaugura

Mientras se corta el listón de una academia, existen institutos policiales estatales y municipales con instalaciones deterioradas, docentes sin formación pedagógica, planes copiados de hace una década y supervisión de papel.

Los he visitado. La supervisión real, la que pisa el aula, observa la clase, revisa el examen y audita al instructor, casi no existe; lo que abunda es el oficio que certifica que se cumplió el trámite.

De ahí se espera que salgan los analistas que los estados nunca tuvieron.

No existe una base pública que me permita cuantificar ese abandono y no voy a inventarla. Pero su ausencia es el dato: un sistema que no mide la calidad de sus academias no puede presumir la creación de otra.

Hay un contraste útil. Este año la SSPC graduó a su primera generación de agentes de investigación e inteligencia, tras nueve meses y más de 1,200 horas de formación, y opera la Escuela para Mandos.

Prueba de que la federación sabe diseñar programas cuando decide hacerlo. Y de que la inversión formativa se concentra arriba.

¿Elefante blanco o puerta abierta?

Todavía no es un elefante blanco, y sería deshonesto decirlo hoy.

Lo será si se queda como escuela de la casa con diploma universitario; no lo será si se convierte en el nodo formativo de una red nacional de analistas.

La diferencia se decide en cinco puntos medibles.

1. Cupos por convenio para analistas y mandos de policías estatales y municipales, con criterios públicos.
2. Un módulo común de investigación primaria, reserva de información y protección de datos para la formación inicial policial, diseñado con el SESNSP.
3. Malla curricular, perfil docente y presupuesto propio publicados, no el prestado del CNI.
4. Evaluación externa independiente con resultados abiertos.
5. Control de confianza y reglas de reserva claras para quien maneje información sensible fuera del ámbito federal.

Sin eso tendremos otra escuela con buen nombre y egresados que, con lógica, preferirán quedarse en el aparato federal, mientras los estados improvisan unidades de análisis con policías que jamás aprendieron a investigar.

Mi crítica no es contra la inteligencia civil, necesaria y largamente descuidada.

Es contra la costumbre de creer que la seguridad se reforma desde la cúspide.

La confianza ciudadana se pierde o se gana en el primer contacto, no en el último organigrama. Quien porta el uniforme más cercano al vecino debe ser el primero en recibir el conocimiento, no el último en enterarse de que existió.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.