Cada vez que un penal estalla, el libreto se cumple con puntualidad litúrgica: comunicado, traslado de cabecillas, “operativo de revisión”, decomiso de celulares y armas punzocortantes, y la promesa de que “se recuperó el control”. Pasan las semanas y todo regresa a su sitio.
Quien ha conocido CEFERESOS y CERESOS, sabe que el control no se recupera en una madrugada de cateos: se ejerce todos los días, o se cede todos los días.
La soberanía, palabra que gobiernos federal y estatales pronuncian con solemnidad, empieza literalmente en la reja.
Un Estado que no decide quién entra, dónde duerme cada interno, quién cobra por qué y quién vive con miedo dentro de sus propios muros no monopoliza nada: administra la ficción de que lo hace. Apodaca en 2012, Topo Chico en 2016 y el ataque al Cereso 3 de Ciudad Juárez en enero de 2023 no fueron accidentes; fueron la factura de un abandono sostenido.
El autogobierno, con cuotas, tienditas y áreas privilegiadas, no existe sin la complicidad, activa o resignada, de quien porta uniforme de custodio.
Los estados han sido omisos de forma brutal: buena parte de la población privada de la libertad reside en centros locales y recibe la menor atención política.
Responden con rotación de internos, descabezamiento de liderazgos y declaraciones que nombran el problema sin resolverlo. Cada líder trasladado deja una vacante que alguien ocupa en horas; el modelo que fabrica liderazgos criminales permanece intacto.
Pregunta incómoda que ni la Federación ni las entidades responden: ¿tienen el personal adecuado?
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH ha documentado de forma reiterada deficiencias de personal, capacitación e infraestructura. Un servidor público que gana poco, trabaja sin protección y vive en el mismo barrio que las familias de los internos no es incorruptible: es vulnerable.
Exigirle integridad sin darle condiciones es hipocresía de escritorio.
Hace falta un servicio profesional penitenciario de verdad: evaluaciones de confianza permanentes y no solo de ingreso; formación en ejecución penal, derechos humanos y seguridad dinámica; carrera con ascensos por mérito; rotación obligatoria de directivos y áreas sensibles; y salarios y seguros equiparables, como mínimo, a los de la policía estatal. La Ley Nacional de Ejecución Penal ordena buena parte de esto.
En el territorio, es letra muerta.
El artículo 18 constitucional organiza el sistema penitenciario sobre trabajo, capacitación, educación, salud y deporte.
Cinco pilares.
Busque usted, en un centro estatal promedio, talleres funcionales, clasificación técnica seria, equipos interdisciplinarios completos y preliberación con seguimiento.
Encontrará con frecuencia hacinamiento, ocio forzado y una economía interna donde el único “programa” que opera es el mercado ilegal. Así, la prisión deja de rehabilitar y se vuelve el lugar donde el primodelincuente recibe su posgrado.
La alternativa tiene nombre técnico: clasificación por riesgo y perfil criminógeno desde el ingreso; separación real entre procesados y sentenciados, y entre delincuencia organizada y población común; planes de actividades individualizados y evaluados; trabajo remunerado con empresas; y acompañamiento postpenitenciario.
Sin empleo, familia y comunidad al salir, la reinserción es consigna de campaña.
Y la autoridad penitenciaria no puede ser apéndice de la policía: necesita presupuesto, perfil técnico y metas propias.
La prisión preventiva oficiosa, ampliada en 2019 y otra vez en 2024, contradice la lógica del sistema penal acusatorio, que la concibió como excepción y no como regla.
En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, determinó que esta figura y el arraigo son incompatibles con la Convención Americana.
El Estado mexicano respondió ampliando el catálogo.
El efecto en las cárceles es directo: población sin sentencia que presiona la capacidad instalada, clasificación imposible, procesados mezclados con sentenciados y fiscalías que detienen primero e investigan después, cuando investigan.
La cifra exacta de personas sin condena varía según el corte; debe consultarse en el cuaderno estadístico penitenciario oficial vigente.
Lo que no varía es la lógica: quien llena las celdas de presuntos inocentes no combate el delito: lo recluta, lo organiza y lo gradúa en serie.
¿Más cárceles?
Construir sin cambiar el modelo es multiplicar el problema con pintura fresca.
Un penal nuevo, sin custodios formados, sin clasificación y sin presupuesto de operación, se corrompe en meses.
Antes de colocar la primera piedra, cada entidad debe someterse a una auditoría pública: capacidad real, sobrepoblación, control interno, ingresos prohibidos, plantilla, formación y condiciones laborales. Si el diagnóstico no precede a la obra, la obra es escenografía.
¿Privatizar?
La pregunta confunde servicios con soberanía. Alimentación, mantenimiento, lavandería y hasta salud pueden contratarse con indicadores medibles y sanciones reales.
Pero la custodia, el uso de la fuerza y la disciplina son funciones indelegables del Estado. México ya ensayó esquemas de asociación público-privada en prisiones federales, y su evaluación honesta sigue pendiente.
La experiencia internacional advierte: en Manaus, Brasil, en enero de 2017, una masacre de decenas de internos ocurrió en un penal de gestión compartida con una empresa.
Delegar sin supervisar es abdicar con factura.
a) Auditoría nacional y estatal con publicación de resultados.
b) Servicio profesional penitenciario con carrera, salario y protección.
c) Clasificación objetiva y separación efectiva desde el primer día.
d) Reducir el uso de la preventiva oficiosa, cumpliendo la sentencia interamericana.
e) Control de ingresos con tecnología: escáneres, bloqueo de señal, registro biométrico de visitas, y vigilancia de los vigilantes, porque el contrabando entra por la puerta principal.
f) Presupuesto etiquetado para reinserción, con metas verificables como reincidencia y empleo posterior a la liberación.
Séptimo, rendición de cuentas ante los congresos locales. La soberanía no se decreta ni se anuncia: se demuestra con inventarios, bitácoras, listas de asistencia veraces y celdas abiertas a la supervisión de comisiones de derechos humanos, academia y sociedad civil.
Nada de esto vende en una conferencia matutina. Tampoco produce fotografías de capturas ni sirve para anunciar un penal nuevo.
Pero es lo único que devuelve a la autoridad lo que ha perdido: la capacidad de mandar donde dice que manda. Mientras tanto, seguiremos escuchando hablar de soberanía desde afuera de unos muros que, por dentro, tienen otros dueños.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
