Mientras las estadísticas oficiales muestran caídas históricas en los homicidios, otros indicadores reflejan una delincuencia adaptativa que gana terreno. La crisis de inseguridad en México no se está extinguiendo, sino mutando hacia formas más silenciosas y complejas que dañan la economía, debilitan el tejido social y sofocan a las instituciones más vulnerables del Estado. Para entender la dimensión real del reto que enfrenta la administración actual, es necesario cruzar los reportes del gabinete de seguridad con las encuestas de victimización e impunidad que muestran otra cara de la moneda.
Inseguridad: un problema abierto
La delincuencia se diversifica, sus impactos persisten y las debilidades de las policías y fiscalías comprometen la sostenibilidad de los avances.
@BaVargash
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Las cifras que señalan un avance
En la conferencia matutina del martes pasado, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52%, de 86.9 a 42.2, de acuerdo con datos proporcionados por la fiscalías de los estados y procesados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el mismo periodo, los delitos de alto impacto registrados se redujeron 36%, mientras que el robo de vehículo con violencia cayó 55% entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. Al comparar enero-septiembre de 2025 y 2026, también se reportaron disminuciones en lesiones dolosas por arma de fuego (12.6%), robo a transportistas con violencia (26.1%) y robo a negocios con violencia (12.5%).
En materia operativa, el Gobierno reportó 70,500 personas detenidas, 36,300 armas aseguradas, 569 toneladas de drogas decomisadas y 2,792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración desmantelados durante los primeros dos años de administración, así como 2,170 detenciones relacionadas con la estrategia contra la extorsión.
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Esto no representa el éxito absoluto del modelo de seguridad. Tampoco implica que la estrategia no requiera ajustes, ni que no hay problemas que señalar, riesgos que advertir ni motivos para preocuparse.
La delincuencia sigue en niveles históricamente elevados y se transforma
Según la ENVIPE 2026 del INEGI, durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos, el mayor volumen desde 2012. Fueron 1% más que en 2024, aunque la tasa por habitante disminuyó 1%. En otras palabras, la reducción de determinados delitos registrados por las autoridades convive con una delincuencia que sigue afectando a millones de personas.
Además, entre 2018 y 2025, las tasas de fraude aumentaron 63%, las amenazas 54% y la extorsión 33%. Los robos pasaron de representar 52% a 32% del total de delitos. Tan sólo en 2025 se estimaron 6.7 millones de extorsiones, 37% más que en 2023. El 97.5% quedó fuera de las investigaciones ante la falta de denuncias ante el ministerio público. La delincuencia ya no depende tanto del despojo directo: también obtiene recursos mediante el engaño, las amenazas y la imposición de pagos. En su expresión más grave, la extorsión permite a las organizaciones criminales intervenir en la economía y someter a quienes deberían poder trabajar y comerciar libremente.
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La violencia letal también se vuelve selectiva
La base de datos de violencia político-criminal Votar entre Balas registró 144 ataques en 2018 y 575 en 2024, un incremento de 299%. Entre 2018 y 2025 fueron asesinados 38 alcaldes en funciones y 194 funcionarios municipales con responsabilidades directivas, incluidos 111 vinculados con la seguridad. La organización ARTICLE 19 documentó 62 periodistas asesinados en posible relación con su trabajo y México Evalúa identificó preliminarmente 1,587 personas emprendedoras asesinadas entre 2015 y 2025. La violencia no sólo produce víctimas: también puede producir obediencia. El asesinato de una autoridad, un empresario o un periodista puede intimidar a muchos más. Menos homicidios no necesariamente significan menos capacidad criminal para disciplinar territorios, condicionar decisiones públicas o imponer reglas en silencio.
Los impactos económicos y sociales permanecen
La delincuencia ocasionó pérdidas y gastos por 388,700 millones de pesos durante 2025. Aunque la cifra disminuyó 1.3% respecto de 2024, representa recursos que los hogares perdieron o tuvieron que destinar a protegerse. La percepción de inseguridad en las colonias disminuyó de 50.6% a 35.9% entre 2019 y 2026, pero 74% de la población todavía considera insegura su entidad federativa. Los indicadores mejoran, pero el miedo sigue condicionando la vida cotidiana y la delincuencia continúa imponiendo costos a las familias.
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Las policías municipales carecen de condiciones suficientes para sostener los avances
Apenas uno de cada dos elementos (49.9%) alcanza el referente estatal de salario digno. La cobertura promedio de las distintas prestaciones de seguridad social es de 33.6%. Se exige a las policías proteger a la población sin garantizarles condiciones básicas para protegerse a sí mismas y a sus familias. ¿Qué incentivos existen para construir una carrera policial profesional en estas circunstancias? ¿Quién sostendrá los resultados cuando disminuya la intensidad de los operativos federales?
Las fiscalías tampoco están preparadas ante la magnitud del problema
Al cierre de 2024 acumulaban más de 2.6 millones de investigaciones pendientes, sin incluir el archivo temporal. La Radiografía de la Impunidad de México Evalúa estimó para ese año un promedio de 89.42% de impunidad entre las 27 entidades analizadas. Apenas 6.28% del universo de casos examinados llegó al ejercicio de la acción penal. Las detenciones pueden retirar temporalmente a presuntos responsables de las calles, pero sin investigaciones eficaces, capacidad de judicialización y cumplimiento de las órdenes de aprehensión, difícilmente se traducirán en una reducción sostenible de la impunidad. ¿Cómo consolidar la seguridad si las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos siguen acumulando millones de casos sin resolver?
La inseguridad pública sigue siendo un problema abierto
Las reducciones de violencia reportadas por el Gobierno deben reconocerse, al igual que los avances operativos que, en principio, pueden contribuir al debilitamiento de las organizaciones criminales. Sin embargo, estos resultados no significan que el problema esté resuelto. La delincuencia se diversifica, sus impactos persisten y las debilidades de policías y fiscalías comprometen la sostenibilidad de los avances. No se trata de contraponer cifras, sino de completar el diagnóstico para identificar los desafíos pendientes y orientar mejores políticas de seguridad pública.
*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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