La disminución de los homicidios es un avance y debe reconocerse en cualquier evaluación seria de la política de seguridad. El problema es limitar la visión a dicho problema, como si no existieran otras formas de violencia. Para observar esa otra cara de la seguridad, contamos con una fuente particularmente valiosa: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Mal parados en seguridad: qué nos revela la ENVIPE
Los problemas que evidencia la encuesta del INEGI impiden hablar de una mejora sustancial en la seguridad pública: desde mayor cantidad de delitos, hasta una profunda desconfianza hacia las instituciones.
@BaVargash
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A diferencia de las carpetas de investigación, la encuesta pregunta directamente a las personas por su experiencia y ello nos aproxima a delitos que nunca fueron denunciados ni conocidos por las autoridades. Además, permite conocer sus costos, la percepción de inseguridad y la relación de la población con las instituciones de seguridad y justicia. ¿Qué nos dice, entonces, la ENVIPE sobre el estado de la seguridad en México?
Más delitos como nunca
Primero, México sigue teniendo un enorme volumen de delincuencia. Durante 2025 ocurrieron aproximadamente 33.8 millones de delitos, 1% más que un año antes y la cifra absoluta más alta desde 2012. Es cierto que, ajustada por población, la tasa disminuyó 1%. Pero incluso esa mejora convive con una transformación relevante: desde 2018, los robos redujeron su participación en el total de delitos de 52% a 32%, mientras las tasas de fraude aumentaron 63%, las amenazas 54% y la extorsión 33%. Estos tres delitos ya representan 58% del total.
Un Estado que lanza dardos con los ojos vendados
Segundo, el Estado sigue conociendo apenas una fracción del problema. En 2025, 93.4% de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. Más preocupante todavía: prácticamente no hemos avanzado en más de una década. En 2013 esa proporción era de 93.8%. Hoy, apenas siete de cada cien delitos llegan al conocimiento de las autoridades.
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La paradoja es todavía mayor porque algunos de los delitos que más crecen son precisamente los que menos conoce el Estado. La cifra oculta alcanza 97.5% en extorsión, 96.5% en fraude y 90.5% en amenazas. Estamos diseñando políticas de seguridad con información sobre una fracción mínima del fenómeno que pretendemos combatir. Sin conocer dónde, cómo y contra quién ocurren los delitos, resulta mucho más difícil identificar patrones, anticipar riesgos y orientar capacidades.
Impuesto criminal creciente para las familias
Tercero, la delincuencia sigue teniendo consecuencias económicas enormes. En 2025 su costo alcanzó 388.7 mil millones de pesos constantes. También cambió el destino de ese costo: entre 2012 y 2025 las pérdidas directamente asociadas con la victimización disminuyeron 15.7%, pero el gasto de los hogares en medidas de protección aumentó 27.9%.
En otras palabras, ante la incapacidad percibida del Estado para garantizar la seguridad, las familias terminan pagando una suerte de impuesto criminal para protegerse. Cámaras, cerraduras, rejas, seguros y otras medidas de protección representan recursos que dejan de destinarse a consumo, ahorro o bienestar.
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Prevalece miedo a gran escala
La percepción de inseguridad ha disminuido, especialmente en los espacios más próximos. Entre 2019 y 2026 cayó de 50.6% a 35.9% en la colonia y de 70.5% a 60.9% en el municipio. Conforme ampliamos la mirada territorial, sin embargo, la mejoría se diluye: 74% de la población todavía considera insegura su entidad federativa.
Esto significa que, pese a la reducción de algunos delitos, siete de cada diez personas viven en un entorno que perciben como inseguro, lo que condiciona sus rutinas, restringe el uso del espacio público y, en última instancia, limita libertades.
Confianza local minada
Finalmente está la confianza. En 2026, 53.4% de la población desconfía en alguna medida de la policía de tránsito, 42.2% de la policía municipal y 40.3% de la estatal. La contradicción es importante: las instituciones con las que las víctimas deberían tener mayor contacto se encuentran entre las que generan mayor desconfianza. Con ello, el Estado recibe menos información, disminuye su capacidad para investigar y responder y, ante la falta de resultados, la desconfianza se reproduce.
Saldo negativo de la ENVIPE
La ENVIPE no invalida la reducción de los homicidios ni los resultados presentados por el gobierno. Los complementa para ampliar la mira y, al hacerlo, modifica sustancialmente el balance. Por supuesto que hay matices locales, y más que eso, avances en ciertos estados. No obstante, los problemas que evidencia impiden hablar de una mejora estructural en la seguridad pública del país. Hay más delitos en términos absolutos, una cifra oculta superior a 90%, costos económicos persistentemente elevados y una profunda desconfianza hacia buena parte de las instituciones civiles y locales de seguridad y justicia.
Por eso necesitamos cambiar la manera de evaluar la política de seguridad. El homicidio debe seguir siendo un indicador central, pero no puede ser el único termómetro. Victimización, cifra oculta, costos económicos, percepción de inseguridad y confianza institucional deberían convertirse también en métricas de gobierno.
*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)
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