Un uniforme, seis tarifas
Un policía de Morelos ganó, en promedio, 2,331 pesos al mes durante los primeros tres trimestres de 2023; uno de Nuevo León, 14,119. Son cifras del Instituto Belisario Domínguez, citadas por el PT en el Senado.
No hablamos de dos países: hablamos del mismo uniforme, la misma Constitución y el mismo riesgo, tasados con una brecha de seis a uno según el código postal.
Ahora se habla de homologar salarios policiales.
Antes de aplaudir, conviene preguntar con qué dinero, con qué método y con qué ayuntamientos. La desigualdad no es una anécdota: es la forma en que el Estado le dice a un policía cuánto vale su vida según el municipio donde le tocó nacer.
La senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, afirmó que en 2025 fueron asesinados 348 policías, casi uno por día, y que el salario promedio es de 6,620 pesos, frente a un salario digno de 16,688. Son cifras de tribuna; no pude contrastarlas con una fuente primaria y así deben leerse.
El riesgo policial municipal, sin embargo, no se mide en discursos sino en turnos: el patrullero que cubre una cabecera con tres unidades, sin chaleco vigente ni seguro de vida, que vive en la misma colonia que la amenaza.
¿Tienen los legisladores noción de ese riesgo en los más de 2,400 municipios del país?
Conocen el discurso del riesgo, no su geografía. El Congreso legisla desde la curul; el municipio se patrulla desde la banqueta.
La pregunta incómoda es con qué dinero.
El artículo 115 constitucional otorga a los municipios la libre administración de su hacienda, y esa libertad hoy significa pagar nómina a cuentagotas, acumular laudos y vivir de quincena en quincena.
Ningún decreto federal homologa lo que ningún presupuesto municipal soporta.
La vía seria no es ordenar, sino cofinanciar: un piso salarial nacional por jerarquía, costeado entre Federación y estados, con aportación municipal escalonada según capacidad fiscal.
Eso exige lo que más escasea en México: voluntad política medible, es decir, partidas etiquetadas, multianuales y auditables, no discursos de campaña.
Y con honestidad: en las fuentes que revisé no hay un costeo público de esta homologación.
Quien hoy asegure una cifra, la está improvisando.
Habría que sumar el riesgo diferenciado: no corre el mismo peligro el policía de una cabecera tranquila que el de un municipio disputado por organizaciones criminales, y un tabulador plano castigaría a ambos.
Un piso nacional con un complemento por zona de riesgo, definido con datos y no con cabildeo, sería más justo y más caro; justamente por eso hay que calcularlo.
Se repite que la Ley General no contempla un servicio profesional de carrera. Es inexacto.
Lo contempla desde 2009, y la nueva ley de julio de 2025 lo vuelve obligatorio, según un análisis de la revista del INACIPE.
El problema es otro: existe en papel, pero no como escalera salarial. Un ascenso sin tabulador es una medalla; una certificación sin aumento es un trámite; una comisión de carrera sin supervisión es un sello.
Homologar sueldos sin ese andamiaje es subir el piso sin construir el edificio. Además, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, impide reinstalar al policía removido por incumplir requisitos de permanencia, aunque gane el juicio, y se le exige vocación a quien carece de estabilidad.
El golpe llegó con el ejercicio 2021, cuando desapareció el FORTASEG. Con todos sus vicios, ese subsidio obligaba a los municipios a certificar, capacitar y equipar.
Sin él, la profesionalización pasó de política pública a voluntad del alcalde en turno, y los alcaldes duran, en general, tres años.
Según mi experiencia, el grueso del gasto policial municipal termina en el capítulo 1000, el de sueldos y salarios: se paga la plantilla y se abandona lo demás, desde la formación hasta el reclutamiento.
Subir sueldos sin reglas solo engrosará ese capítulo. Los ayuntamientos deben participar, pero como cofinanciadores con condiciones, no como ejecutores solitarios de una orden federal. Nada de esto se reduce al sueldo.
Un policía sin seguro de vida, sin servicio médico y sin acceso a vivienda sigue desprotegido frente a quien le ofrece más. Pagar mejor no limpia por sí solo una corporación; la corrupción tiene incentivos, impunidad y mandos permisivos.
Pero pagar mal facilita que la oferta criminal sea más competitiva que la institucional.
Los pasos técnicos, en orden.
a) Un censo nominal de policías municipales con sueldo real, prestaciones y estatus de certificación, cruzado con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
b) Un tabulador nacional mínimo por jerarquía, con piso para el policía raso.
c) Un costeo público por municipio, clasificado por riesgo, tamaño y capacidad fiscal.
d) Un fondo concurrente en el Presupuesto de Egresos, multianual y con reglas de operación.
e) Convenios con los estados: los municipios pequeños no deberían sostener una policía solos, sino mancomunarla en esquemas regionales.
f) Condicionar cada peso adicional a que la carrera policial opere: ingreso por convocatoria, evaluación del desempeño, comisión de honor y justicia funcionando, seguro de vida y seguridad social.
g) Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y sanción por desvío. Sin este último, los seis anteriores son literatura.
¿Están preparados los ayuntamientos? No, y reconocerlo es el primer acto de honestidad.
Muchos no pagan puntual, no tienen comisiones de carrera operando ni capacidad para auditar su propia nómina.
Pero ese diagnóstico no es excusa: es el punto de partida.
La homologación no puede ser un decreto que se firma, sino una transición de tres a cinco años con metas verificables, calendario público y consecuencias para quien incumpla.
El policía municipal no necesita una promesa legislativa; necesita que su quincena llegue completa, que su ascenso tenga monto y que su vida valga una póliza. Lo demás es retórica de tribuna con uniforme prestado.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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