Dos comunicados, una misma lección
En 48 horas, Washington dibujó el mapa financiero de dos organizaciones criminales.
El 29 de septiembre, el Tesoro sancionó a 21 personas y 25 entidades ligadas a Los Mayos y a Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco". El 30, apuntó a una red del Tren de Aragua que vació cajeros automáticos estadounidenses y que incluye dos empresas mexicanas.
Ese mismo día, la DEA actualizó una ficha de búsqueda y los medios gritaron lo de siempre: está en la capital.
Conviene empezar por la prudencia, que en este país escasea.
La ficha pública de la DEA consigna "Mexico" como último domicilio conocido, no "Mexico City". Hay reportes que atribuyen la referencia capitalina a la actualización, pero nadie ha mostrado domicilio, fecha, operativo ni parte de inteligencia.
Un "último domicilio conocido" no es un paradero. Quien titula con certeza lo que la propia fuente no sostiene hace propaganda, no periodismo.
Lo verdaderamente importante está en los comunicados.
El Tesoro describe a Los Mayos como una estructura con casas de cambio, empresas de transporte, bienes raíces, entretenimiento, hotelería y operadores presuntamente protegidos por funcionarios.
Describe también a un ingeniero del Tren de Aragua que, según las autoridades estadounidenses, infectaba cajeros con malware, repartía el efectivo entre operadores y lavaba parte con criptomonedas. Son imputaciones, no sentencias.
Pero dibujan una industria: división del trabajo, tecnología, contabilidad y blindaje político.
Mientras tanto, el Estado mexicano sigue pensando el crimen como un problema de balazos. Contamos detenidos, abatidos y laboratorios asegurados, y llamamos estrategia a la estadística.
Los cajeros no sangran; las casas de cambio no disparan; los contadores no salen en los videos. Y ahí se concentra el poder real de estas organizaciones: en la capacidad de convertir violencia y delito en patrimonio utilizable.
La secuencia es reveladora. Washington investiga durante años con DEA, FBI, HSI, IRS, FinCEN y el Tesoro; sanciona; y México responde en horas: la Unidad de Inteligencia Financiera incorpora a los 46 designados a la Lista de Personas Bloqueadas. Es una medida legítima y rápida.
También es una confesión.
Si la UIF detectó operaciones irregulares en algunos de esos sujetos, la pregunta incómoda es por qué la alerta llegó después de la sanción extranjera y no antes, como producto de inteligencia propia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que una designación de OFAC no equivale a una carpeta penal en México.
Jurídicamente es correcto: un bloqueo es una medida cautelar administrativa, no una condena, y los afectados tienen defensa. Pero que la sanción no sea prueba no autoriza a ignorarla.
Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca merecen una investigación mexicana completa: accionistas, beneficiarios finales, facturación, flujos.
Si la Fiscalía General de la República espera a que Washington le entregue el expediente, habremos confirmado que investigamos por encargo.
Sobre la Ciudad de México conviene separar lo documentado de lo conjeturado. Documentado: en noviembre de 2024 autoridades capitalinas desarticularon células atribuidas a La Mayiza en Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. Conjeturado: que el jefe de esa facción haya pisado la ciudad.
Lo razonable es preguntarse si la capital funciona como nodo financiero, de coordinación y de servicios profesionales, no solo como escondite.
Un fugitivo se atrapa con un operativo; una infraestructura de apoyo se desmonta con inteligencia patrimonial, notarial, inmobiliaria y bancaria, trabajo largo y poco fotogénico.
Hay una paradoja que debería avergonzarnos.
México cuenta con Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria, fiscalías, registros públicos de comercio y reportes obligatorios de operaciones inusuales.
Y aun así, dos sociedades mexicanas aparecen en una sanción estadounidense por ataques a cajeros automáticos. Sospecho que la prevención falla menos por falta de leyes que por falta de uso: registros que no se cruzan, beneficiarios finales difíciles de rastrear, supervisión intermitente y fiscalías que investigan delitos, no patrimonios.
Tampoco medimos lo que importa.
Presumimos capturas de líderes, pero decapitar no es desmantelar: las redes financieras suelen sobrevivir a sus jefes. El indicador serio no es cuántos nombres entran a una lista, sino cuánta liquidez perdió la organización, cuántos bienes fueron decomisados con sentencia firme y cuántos funcionarios fueron procesados por proteger estas estructuras.
Sobre esto último, el silencio institucional es ensordecedor.
Falta un asunto en la conversación: la soberanía informativa.
Cuando el mapa financiero del crimen en México lo dibuja el Tesoro de otro país, lo que se transfiere no es solo información; se transfiere agenda.
Washington decide qué nodos expone, cuándo y con qué propósito, y México reacciona. Esa dependencia no se resuelve con discursos nacionalistas, sino con capacidad técnica propia: analistas financieros, peritos contables, fiscales especializados y policías de investigación con formación en lavado de dinero y activos virtuales.
a) Una unidad nacional de investigación patrimonial, con fiscales, analistas de la UIF, peritos del SAT y policías ministeriales trabajando el mismo expediente desde el primer día, no por oficios sucesivos.
b) Un registro de beneficiarios finales que se cruce de manera efectiva con notarías, casas de cambio, plataformas de activos virtuales y registros inmobiliarios.
c) Supervisión sectorial con consecuencias reales para quien omita reportar operaciones inusuales.
d) Formación en inteligencia financiera en las academias de policía, hoy volcadas casi por completo al uso de la fuerza y al procedimiento de detención.
e) Evaluación pública de resultados: bienes decomisados, sentencias, funcionarios procesados.
El crimen organizado aprendió hace tiempo que el dinero es su verdadera infraestructura.
El Estado mexicano sigue aprendiéndolo cada vez que un comunicado extranjero se lo recuerda.
Podemos seguir celebrando listas, fichas y bloqueos, pero ninguno sustituye una investigación propia, sostenida y verificable.
Si la ficha de la DEA dice "México" o "Ciudad de México" importa menos que otra pregunta: quién, dentro del país, abrió las cuentas, firmó las facturas, cambió los dólares y guardó silencio.
Esa es la lista que todavía no aparece en ningún comunicado.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
