Un aviso que no leímos
El jueves 1 de octubre, dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, entraron a su antigua escuela con armas blancas y petardos. Murió la subdirectora y hubo heridos. Un día antes, en Querétaro, un alumno de 13 años hirió con dos cuchillos a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera.
No hay evidencia de que ambos casos estén relacionados, y conviene decirlo para no fabricar fantasmas.
Pero tampoco cayeron del cielo: en abril, el reto "tiroteo mañana" ya había obligado a la SEP a publicar un protocolo mínimo ante amenazas documentadas en catorce entidades.
Teníamos el aviso.
Lo tratamos como una simple moda de redes y no como un diagnóstico.
Y no es la primera vez: en enero de 2020, en el Colegio Cervantes de Torreón, un alumno de 11 años mató a una maestra y se quitó la vida. Más de seis años después, la ciudad vuelve a velar a una docente.
Pregunta incómoda: ¿por qué las secretarías de Educación, la federal y las estatales, no son integrantes permanentes de los gabinetes de seguridad?
Lo comprobable es esto: tras Torreón, el gobierno federal integró un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica, la SEP, la SSPC, el CNI y la Agencia de Transformación Digital. Educación fue convocada cuando ya había una muerta, no cuando se planeaba.
Eso no es coordinación; es gestión de crisis con membrete interinstitucional.
La prevención no se coordina en caliente; se diseña en frío, con datos escolares: ausentismo, acoso, consumo, conflictos, antecedentes de agresión, entornos comunitarios.
Esa información vive en las escuelas y en las secretarías estatales, no en las fiscalías. Un gabinete que mira la violencia solo cuando ya es delito llega tarde por diseño.
Se supone que la SSPC tiene una subsecretaría de prevención, cuya razón de ser es diagnosticar, planear y ejecutar programas focalizados.
Lo anunciado esta semana, en cambio, empieza por un decreto y por el monitoreo del CNI, no por un diagnóstico público de factores de riesgo escolar ni por una estrategia nacional con metas, presupuesto e indicadores.
Si esa subsecretaría los tiene, es hora de mostrarlos; si no, es una oficina con nombre de política e inoperancia manifiesta.
En ambos casos la ciudadanía merece saberlo.
Una política de prevención se reconoce por sus documentos: diagnóstico, población objetivo, tiempos, responsables y evaluación. Hasta donde se ha anunciado, aquí no los hay.
La prevención no es una campaña de carteles ni un evento: es un sistema de detección temprana con responsables, protocolos y rendición de cuentas.
El gobierno prepara un decreto para obligar a las plataformas a detectar, reportar y retirar contenido que incite directamente a la violencia. Exigirles responsabilidad es razonable.
Pero retirar un video no devuelve a un adolescente la red de adultos que no tuvo.
El fiscal de Coahuila describió a los hermanos en un contexto de desintegración familiar, con uno de ellos recién salido de un centro de rehabilitación y con referencias a atacantes de otros países.
Una plataforma puede borrar el mensaje; no puede llenar el vacío.
Además, el decreto apunta al contenido y deja intacto el contexto: un joven aislado que encuentra en una comunidad digital el sentido de pertenencia que no halló en casa ni en el aula.
Y hay un problema jurídico serio: un decreto difícilmente puede crear por sí solo obligaciones sancionables sin sustento en ley, y la frontera entre incitación y expresión es donde nacen las censuras.
La propia presidenta reconoció ese riesgo. Regular sin prevenir es tratar la fiebre y negar la infección.
La educación básica la operan los estados.
En abril, la secretaria de Educación de Querétaro confirmó pintas violentas en al menos cuatro escuelas y pidió a las familias vigilar las redes. Esa es la responsabilidad estatal: saber qué planteles son vulnerables, quién entra y quién sale, qué alumnos muestran señales y a dónde se les canaliza.
Delegar todo en "los padres" es cómodo para el Estado y cruel para familias que trabajan doce horas.
Los estados deben tener orientación escolar y atención psicológica reales, protocolos para amenazas que contemplen al agresor externo, y fiscalías capaces de leer señales antes del delito.
Los docentes no pueden ser, además de maestros, detectores de metales y psicólogos sin formación ni respaldo.
Si Torreón enseña algo, es que el riesgo también puede venir de afuera: de exalumnos con agravios, de egresados sin seguimiento, de vínculos rotos con la escuela.
a) A corto plazo, semanas: un protocolo único de amenazas con verificación rápida y sin pánico; revisión de accesos y seguridad perimetral; atención psicológica a las comunidades afectadas; lineamientos para medios que eviten convertir a los agresores en celebridades.
b) A mediano plazo, un año: un sistema estatal de alerta temprana escolar con orientadores y psicólogos, rutas de canalización a salud mental y coordinación permanente entre Educación, Salud, DIF, fiscalías y policía, bajo un gabinete común.
c) A largo plazo: formación docente en convivencia y detección de riesgos, indicadores públicos de violencia escolar, evaluación independiente de cada programa y presupuesto etiquetado.
Una advertencia: no militaricemos las aulas. Las revisiones masivas cuestan, estigmatizan y no atacan el origen.
Tampoco criminalicemos la tristeza ni el consumo de contenidos: el secretario García Harfuch precisó que consultar un contenido no es delito.
Que esa frase no se quede en discurso.
Hay una maestra muerta, heridos graves y una comunidad que se atrincheró con bancas porque no tuvo otra cosa.
No los salvó el sistema; los salvaron sus reflejos.
México no necesita más condolencias con decreto; necesita una política de prevención con nombre, dueño, presupuesto y resultados medibles.
Mientras Educación siga siendo invitada de último minuto y la prevención un apartado discursivo, cada nuevo ataque será una sorpresa que no debió serlo.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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