Un colectivo con años de movilización acumula capacidad operativa —logística, control territorial simbólico, disciplina interna— que es exactamente el tipo de activo que interesa a un actor criminal: no para dirigir el movimiento, sino para usarlo como cobertura, como corredor de información o como fuerza de ocupación de carreteras estratégicas.
Esa es la diferencia entre estar infiltrado y ser instrumentalizable: la segunda condición no requiere una decisión consciente del estudiantado, solo requiere que el Estado siga ausente.
La impunidad como incentivo
El tercer eje que merece atención es lo que el estudio llama, con acierto, la economía de la impunidad: si la sanción percibida por bloquear, incendiar una unidad o retener a un funcionario es baja o inexistente, presionar se vuelve la opción racional.
El caso de abril de 2025 en la carretera Morelia–Pátzcuaro —doce detenidos, ocho liberados horas después— ilustra el punto, aunque debe leerse con cuidado: liberación no equivale automáticamente a impunidad, depende de la situación jurídica de cada persona.
Lo que sí es observable es el patrón: cuando la negociación ordinaria produce resultados inciertos y el bloqueo produce una mesa de diálogo garantizada, el sistema de incentivos está invertido.
Mi experiencia en función pública confirma que este patrón no es exclusivo del ámbito normalista; se repite en cualquier conflicto donde el Estado negocia sistemáticamente con quien más presiona, premiando la capacidad de daño por encima de la vía institucional.
La retirada del Estado
Todo lo anterior converge en el hallazgo que considero central: el Estado se retira de al menos tres formas distintas.
Físicamente, cuando no interviene. Jurídicamente, cuando ve el delito y no investiga. Y políticamente, cuando delega la solución en quien más presiona —la forma más peligrosa, porque normaliza la excepción y le dice a cualquier otro actor que la vía eficaz no es la ley, sino la fuerza de bloqueo.
Esta retirada no es indiferencia: es una decisión, aunque no se declare como tal.
Y ahí está la responsabilidad estatal que este estudio documenta sin ambigüedad, sin que ello implique criminalizar la protesta legítima ni tratar a cada normalista como sospechoso.
Se puede, y se debe, dialogar con el estudiante e investigar, con metodología y sin prejuicio, a quien use esa identidad como cobertura para el delito.
Blindar al estudiante frente al crimen, y a la sociedad frente al delito, no son objetivos contradictorios: son la misma tarea, pendiente desde hace demasiados años.
El estudio de Balderas y Defensorxs tiene, a mi juicio, un mérito adicional que rara vez se reconoce en este tipo de trabajos: declara abiertamente los límites de su propia evidencia.
Esa honestidad metodológica debería ser la norma, no la excepción, en el debate público sobre seguridad y educación en México.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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