Terry Cole asegura que altos funcionarios mexicanos y narcotraficantes han estado en la cama por años.
Aquí conviene la precisión: el despliegue de tropas estadounidenses en México en 2026 —incluidas las más de cien efectivos autorizadas para el ejercicio en Chihuahua a finales de septiembre— ha ocurrido bajo marcos de adiestramiento conjunto aprobados por el Senado mexicano, no como intervención unilateral.
Confundir cooperación militar reglada con invasión sería tan deshonesto como negar que la presión retórica de Washington ha escalado de forma consistente en 2026.
Dos calendarios, un mismo guion
Ninguno de estos discursos ocurre en el vacío.
Estados Unidos entra a elecciones intermedias en noviembre, y México ha sido históricamente botín retórico en ciclos electorales estadounidenses: mano dura contra cárteles y migración rinde votos en ambos partidos.
En México, aunque la elección federal está más lejana, el proceso interno de Morena para definir candidaturas rumbo a 2027 ya genera fricciones públicas y acusaciones de "dedazo" que la propia presidenta ha tenido que desmentir.
En ese contexto, la soberanía se convierte en el escudo perfecto: unifica a la base, distrae del fracaso institucional en Sinaloa y posiciona a Sheinbaum como defensora nacionalista frente a un vecino agresivo.
Del lado estadounidense, la mano dura contra "los cárteles que gobiernan México" alimenta la base nativista de Trump sin costo político real, porque exige resultados a un gobierno extranjero, no al propio.
¿A quién beneficia el ruido?
No existe evidencia pública de una coordinación explícita entre ambos gobiernos para sostener este intercambio de acusaciones con fines electorales simultáneos; afirmarlo como hecho sería especulación.
Lo que sí es verificable es la función política que cada discurso cumple puertas adentro: a Sheinbaum le sirve para consolidar el relato de "coordinación sin subordinación" ante una base que exige firmeza frente a Washington; a la administración Trump le sirve para justificar presión militar y comercial creciente sin asumir el costo de una intervención real.
El resultado es una relación bilateral empantanada donde la cooperación técnica —extradiciones, adiestramiento militar, inteligencia compartida— avanza en paralelo a un teatro retórico que no resuelve nada.
Una salida posible
México necesita separar la defensa legítima de la soberanía de la negación de responsabilidad institucional: se puede rechazar la intervención militar unilateral y, al mismo tiempo, exigir resultados verificables de la FGR en Sinaloa.
Estados Unidos, por su parte, debería sustituir el lenguaje de ultimátum por métricas de cooperación auditables públicamente.
Sin esos dos ajustes, seguiremos escuchando la misma obra cada ciclo electoral, con otro nombre de estado y el mismo saldo de violencia sin resolver.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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