Un país desigual también en su violencia
La fotografía nacional esconde una geografía muy desigual.
Mientras Zacatecas, Chiapas o Querétaro registraron caídas relevantes en incidencia delictiva entre 2024 y 2025, Chihuahua, Hidalgo y la Ciudad de México registraron incrementos superiores al 25%.
Michoacán, entidad donde opera el Plan Michoacán con 950 detenciones reportadas, vio subir su incidencia delictiva 17.4% y su tasa de victimización 10.5% en el mismo periodo.
Las detenciones, por sí solas, no se han traducido en menos víctimas. Esa es una pregunta que ningún comunicado presidencial ha respondido todavía.
De la violencia a la gobernanza criminal
La hipótesis más seria que deja este documento no es que el Gobierno mienta: es que México podría estar transitando de una crisis de violencia letal hacia una crisis distinta y más silenciosa, la de gobernanza criminal.
Se puede matar menos y, al mismo tiempo, seguir permitiendo que la extorsión, el fraude, el cobro de piso y la corrupción sostengan el poder económico y territorial del crimen organizado.
Confiar más en el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional —como efectivamente confía la ciudadanía, según la propia ENVIPE— no equivale a confiar en que la justicia funcione: 65.8% considera corruptos a jueces y juezas, y la percepción de corrupción también subió en las instituciones militares.
Lo que debería medirse
Si el Gobierno quiere demostrar un éxito verdaderamente integral, tendrá que cambiar su tablero: no basta con exhibir detenidos, armas y droga asegurada.
Hace falta reportar carpetas judicializadas, sentencias condenatorias, bienes recuperados, reducción de la cifra negra, confianza ciudadana en fiscalías y policías, y —sobre todo— resultados desagregados por víctima y por territorio, no solamente promedios nacionales que maquillan lo que ocurre en Michoacán, en Chihuahua o en Hidalgo.
El diagnóstico que falta
México puede, en efecto, estar matando menos. Pero está lejos de vivir seguro.
La ENVIPE 2026 no niega los avances del Gobierno; los coloca en su justa proporción.
Sostener una narrativa de éxito contundente frente a 74% de la población que se siente insegura en su propia entidad, frente a una cifra negra de 93.4% y frente a millones de familias que han privatizado su seguridad, no es optimismo: es negligencia analítica.
La próxima etapa de la estrategia de seguridad no se medirá por cuánto bajó el homicidio, ya demostrado, sino por si el Estado es capaz de convertir su capacidad operativa en justicia efectiva, confianza ciudadana y vida cotidiana sin miedo.
Esa prueba, todavía, no se ha aprobado.
Mientras tanto, cada cifra de homicidios a la baja debería leerse junto a la cifra negra y el miedo cotidiano, no en su lugar, para que el diagnóstico público siga siendo honesto.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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