Creer en la cifra oficial requiere una fe extraordinaria.
La aritmética de la calma: cuando bajan los homicidios y sube la sospecha
México vive un ejercicio de comunicación gubernamental extraordinariamente eficaz.
La cifra es simple, contundente y fácil de repetir: de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una caída de prácticamente la mitad.
El problema no es la resta. El problema es todo lo que esa resta calla.
Lo que el SESNSP mide, y lo que no
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública construye su estadística a partir de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías.
Es decir, mide lo que llega al Ministerio Público y queda registrado, no lo que efectivamente ocurre en las calles. La propia ENVIPE 2025 del INEGI lo confirma con una cifra que debería avergonzar a cualquier discurso triunfalista: durante 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, y 93.2% de ellos nunca fue denunciado ni derivó en una carpeta de investigación.
Con una cifra negra de esa magnitud, presentar la estadística administrativa como retrato fiel de la violencia nacional no es comunicación de resultados: es comunicación de una fracción del problema disfrazada de totalidad.
El salto de instrumento que nadie explica en la gráfica
Hay un segundo problema, más técnico pero igual de serio.
Desde enero de 2026 el gobierno migró del viejo formato CNSP/38/15 al nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, un cambio aprobado por el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública que modificó la forma de registrar nueve delitos —entre ellos extorsión, desaparición y trata— e incorporó geolocalización y nuevas desagregaciones.
El SESNSP reconoce, en los hechos, tres bloques metodológicos distintos: 1997-2017, 2015-2025 y 2026 en adelante.
Y sin embargo, el discurso oficial presenta una serie continua desde 2015, sin puente metodológico, sin nota técnica que explique el efecto del cambio de instrumento sobre la comparabilidad. Comparar peras con naranjas no vuelve más dulce a ninguna de las dos.
Cuando la gráfica cambia de fuente a mitad del camino
El tercer problema es todavía más incómodo.
La gráfica que ilustra la tasa de homicidio doloso de 2006 a 2026 usa datos de INEGI hasta 2025 y del SESNSP para 2026.
Son dos universos distintos: INEGI cuenta defunciones registradas por presunto homicidio; el SESNSP cuenta víctimas de homicidio doloso en carpetas de investigación. La diferencia no es semántica. Para 2025, INEGI reporta 27,989 defunciones por presunto homicidio; el SESNSP, para el mismo año, reporta 23,374 víctimas.
Una diferencia de 4,615 personas entre una fuente y otra.
Construir una caída de 49% mezclando INEGI 2025 con SESNSP 2026 no permite atribuir esa reducción íntegramente a una mejora real de la seguridad.
Y el dato de 2026, hay que decirlo con toda claridad, corresponde solo a enero-agosto: es una tasa anualizada de un año incompleto, no una tasa anual observada.
Menos muertos no es lo mismo que menos violencia
Aquí está el corazón del problema conceptual.
El mismo reporte que celebra la caída de homicidios documenta, sin proponérselo, la persistencia de una estructura criminal robusta: 67,253 detenciones, 34,353 armas aseguradas, 2,771 laboratorios desmantelados, operadores del CJNG detenidos en Michoacán por extorsionar a productores de aguacate y empresarios, un ataque armado contra fuerzas militares y navales en Tocumbo el 31 de agosto.
Y mientras el homicidio y el robo con violencia caen, la extorsión apenas retrocede 2.8%, prácticamente una fotografía de estabilidad. Eso no es casualidad.
La extorsión es, precisamente, el mecanismo por el cual el crimen organizado ejerce gobernanza territorial sin necesidad de matar.
Una organización que controla mejor un territorio, que ya eliminó a su competencia o que sustituyó la violencia letal por el cobro sistemático de piso, puede perfectamente mostrar menos homicidios y, al mismo tiempo, mayor control criminal sobre la vida cotidiana de la gente.
Esfuerzo institucional no es resultado, y resultado no es impacto
El documento gubernamental confunde, además, tres niveles que cualquier evaluación seria de política pública debe distinguir: indicadores de esfuerzo (detenciones, cateos, armas aseguradas), indicadores de resultado (homicidios, extorsión, desaparición) e indicadores de impacto (percepción de seguridad, recuperación territorial, confianza institucional).
Presumir decomisos y detenciones como si fueran, por sí mismos, prueba de un país más seguro es un salto lógico que ninguna consultoría seria de políticas de seguridad debería avalar sin más evidencia.
Lo que falta en la fotografía
Nada de esto se sostiene sin nombrar al gran ausente: la desaparición de personas. Mientras no aparezca un cuerpo o se determine jurídicamente el hecho, una persona desaparecida no necesariamente se refleja como homicidio en el SESNSP.
En un país con fosas clandestinas activas y control territorial criminal en amplias regiones, medir la violencia solo por homicidio es, en el mejor de los casos, una fotografía incompleta.
La conclusión que el gobierno no quiere decir
No hace falta acusar de manipulación deliberada para sostener una crítica contundente. Basta con decir la verdad técnica: el gobierno está usando una estadística administrativa parcial —el output del sistema de denuncia y procuración de justicia— como si fuera el estado integral de la seguridad nacional.
Eso es metodológicamente incorrecto, y siete entidades que concentran 49.3% de los homicidios registrados nos recuerdan que el promedio nacional puede mejorar mientras regiones enteras siguen viviendo una guerra.
La pregunta que debería dominar el debate público no es si bajaron los homicidios registrados. Es si el Estado recuperó territorio, o si el crimen organizado simplemente encontró formas menos visibles —y más rentables— de seguir gobernando.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
