En efecto, lo ocurrido en 2006 con la elección presidencial de ese año, tuvo como daño colateral institucional que el Presidente de la República ya no asistiera al Congreso a dar un mensaje político con motivo del informe anual de labores. Curiosamente, esto se lo debemos al obradorato. Dado el enorme clima de rijosidad política que el país vivió tras las protestas y el conflicto post electoral tras los comicios presidenciales del 2 de julio de 2006, la presentación del último informe del presidente Vicente Fox fue un caos. Hay que mencionarlo tantas veces como sea necesario: la de 2006 fue una elección presidencial muy cerrada, en la que se impuso Felipe Calderón Hinojosa a Andrés Manuel López Obrador, quien trató de revertir en opinión pública, calles y tribunales un resultado que no le favoreció. La idea del fraude como mecanismo para justificar una dolorosa derrota política.
Ese mismo ciclo de protestas del obradorato y del entonces Partido de la Revolución Democrática –que como sabemos ya perdió su registro como partido político nacional–, llevó a que la toma de protesta del presidente Felipe Calderón el 1º de diciembre de 2006 fuera un desafío, venturosamente resuelto. Se puede recurrir al archivo para recuperar las históricas imágenes de ese momento.
Sin embargo, desde entonces, una de las consecuencias de aquellos episodios fue que en adelante los presidentes de la República optaran por cumplir con el requisito de entregar por escrito el informe sin tener que asistir al Congreso y, en su lugar, hacer un evento a modo –típicamente en Palacio Nacional– con audiencias cuidadosamente seleccionadas para evitar zafarranchos durante el evento presidencial.
Con la llegada al gobierno federal de los auto denominados “gobiernos de la transformación”, el formato de los informes presidenciales ha tenido cambios importantes. Qué duda cabe que cada presidente –desde luego– presenta una cascada de cifras positivas y la mejor narrativa posible de su desempeño anual. Eso es obvio y está en el ADN del gobierno: hablar bien de sí mismo en los informes anuales.
Sin embargo, el formato de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum marca un estilo distinto. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se llevan a cabo conferencias diarias. Esos ejercicios, lejos de ser un instrumento de rendición de cuentas ante los cuestionamientos de los medios de comunicación plurales y críticos, son espacios de propaganda gubernamental en los que periodistas y medios afines al gobierno tienen un papel crucial en la dispersión de los mensajes que el régimen prefiere transmitir. En ese sentido, los informes anuales presidenciales han perdido todo interés. Se anuncian las mismas cifras –los “otros datos” – y “logros” que en las conferencias diarias se hacen previamente públicos. Adicionalmente, durante el ciclo de los dos últimos gobiernos, se han hecho informes de aniversario de la elección, de inicio de gobierno o cuatrimestrales. Vaya usted a sacar la cuenta de cuántos se hayan hecho por año. Así, se diluye la relevancia del evento, sin anuncio o mensaje central, que desde luego en nada sirve como ejercicio de rendición de cuentas ante otro de los poderes del Estado.
Dado que este es ahora el formato y los usos políticos, específicamente para el segundo informe de gobierno de Sheinbaum resulta lamentable no tener un diagnóstico claro y contundente –una autocrítica– de temas que son cruciales para el país: la relación bilateral más importante –con Estados Unidos–; el saldo a un año de la perjudicial reforma que llevó a la elección popular del Poder Judicial; el combate a la desatada corrupción; o las acciones para sancionar, revertir y evitar los vínculos del personal político del régimen con organizaciones criminales, no solo documentadas en hallazgos periodísticos, sino por agencias gubernamentales de Estados Unidos.
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