Su perfil de Instagram documentó, durante casi dos años, el tránsito de un uniforme de futbol a la ropa táctica y los fusiles de asalto. Ese tránsito, más que una anécdota morbosa para el scroll infinito, es el mapa de una falla de Estado que México sigue sin nombrar con precisión legal.
El reclutamiento no es un rapto: es una oferta
El error de fondo en el discurso oficial es imaginar el reclutamiento infantil como secuestro.
Rara vez lo es.
Opera como oferta laboral en territorios donde el Estado no ofrece nada comparable: dinero inmediato, arma, estatus, pertenencia.
En comunidades del Valle Esmeralda —Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija, Tingüindín—, la economía legal gira en torno al aguacate, precisamente el sector que el propio Cártel de Los Reyes extorsiona.
Un adolescente ve, al mismo tiempo, quién cobra la cuota y quién trae la camioneta nueva. La oferta criminal no compite contra la escuela: compite contra la nada.
Y aquí la omisión estadística es escandalosa.
A diciembre de 2025 no existían datos oficiales sobre "utilización por agrupaciones delictivas" de niñas, niños y adolescentes en México —no es un delito tipificado, así que el Estado literalmente no lo cuenta como tal—.
Lo que existe son aproximaciones: la Redim documentó que, entre 2023 y 2024, las privaciones de la libertad de adolescentes por delitos ligados a delincuencia organizada aumentaron 20.6%, al pasar de 899 a 1,084 casos, y calcula que entre 145,000 y 200,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de reclutamiento en el país.
Michoacán, además, figura entre los cinco estados con más homicidios de menores del país. Que la cifra "oficial" sea cero no es ausencia de fenómeno: es ausencia de mirada.
