El síntoma, no la enfermedad
Lo ocurrido esta semana en el primer cuadro de Morelia —un operativo de control de comercio ambulante que terminó con policías lesionados, vallas derribadas y una adolescente en el centro de una disputa sobre si fue "resguardada" o agredida— no es un incidente aislado de mala suerte operativa.
Es, en mi valoración como consultor en seguridad pública municipal, el síntoma perfectamente predecible de una arquitectura institucional que en México llevamos treinta años prometiendo reorganizar y que seguimos, entidad tras entidad, remendando con vallas metálicas y comunicados de desmentido.
La pregunta que debería ocupar a los alcaldes del país no es qué pasó en Morelia, sino por qué nada en el diseño institucional actual impide que vuelva a pasar exactamente igual la próxima semana en cualquier otro centro histórico de México.
La policía municipal como bombero, nunca como arquitecto
El patrón es estructural: se despliega a la policía municipal para contener una crisis de orden económico —comercio informal, invasión de vía pública, disputa por el uso del espacio patrimonial— que en realidad corresponde, en su origen, a la ausencia de política pública de desarrollo económico municipal, a la falta de censo actualizado de comerciantes informales, y a la inexistencia de mecanismos de mediación previa entre autoridad y gremios de vendedores.
La policía llega al final de la cadena, cuando ya no hay nada que mediar, solo que contener.
Y contener, sin capacitación específica, sin protocolo diferenciado para menores, sin coordinación previa con DIF y con Mercados, produce exactamente lo que vimos: forcejeos, vallas caídas, una menor en medio del caos y una autoridad obligada a explicar en rueda de prensa lo que debió prevenirse en mesa de planeación semanas antes.
La evaluación que nunca llega: el SESNSP como convidado de piedra
Aquí está, para mí, el punto más incómodo y menos discutido públicamente.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es, por diseño constitucional y normativo, la instancia responsable de certificar, acreditar y —al menos en el papel— evaluar el desempeño de las corporaciones policiales del país, municipales incluidas, a través de instrumentos como el Certificado Único Policial.
El problema no es que el instrumento no exista: existe desde hace casi una década.
El problema es que su aplicación real, sostenida y con consecuencias operativas visibles en el terreno, es prácticamente inexistente para la inmensísima mayoría de los más de 2,000 municipios del país.
Se certifica al elemento individual en papel; casi nunca se evalúa a la corporación como sistema de decisión ante escenarios de conflicto social de baja intensidad —como un choque con comerciantes ambulantes—, que es precisamente donde más frecuentemente falla la policía municipal mexicana.
Michoacán no es la excepción a esta regla nacional; es la fotografía más reciente de ella.
Policía municipal: ¿corporación de seguridad o brazo de administración pública?
Sostengo, y lo sostengo con la misma convicción con la que analizo cada expediente de este tipo, que el diseño conceptual de la policía municipal en México está roto en su origen.
Se le exige actuar como fuerza de contención de la criminalidad, pero simultáneamente se le usa —sin capacitación para ello— como brazo ejecutor de políticas de ordenamiento económico, sanitario, vial y patrimonial que nada tienen que ver con la función policial clásica.
Un agente que hoy despeja vía pública de comercio informal, mañana debe atender una riña doméstica y pasado mañana escoltar un desalojo civil.
Sin una currícula de formación que integre administración pública municipal, mediación de conflictos sociales y lectura de coyuntura ciudadana, seguiremos pidiendo a policías que resuelvan con la fuerza lo que debería resolverse con gestión pública.
La corporación municipal debería ser la punta de lanza de un sistema de inteligencia social de bajo umbral —capaz de anticipar, no solo reaccionar, ante la tensión entre comercio informal y espacio público protegido— y hoy no lo es en ningún municipio del país que yo conozca con evidencia sólida.
Coordinación interinstitucional: el eslabón que nadie audita
En Morelia participaron, en el mismo operativo, cuatro instancias distintas: Seguridad Pública, Dirección de Mercados, DIF Municipal y Mediación y Derechos Humanos.
Que las cuatro estuvieran presentes es, en principio, una buena noticia de diseño interinstitucional.
Que aun así haya escalado a un enfrentamiento con una menor en el centro de la controversia demuestra que la simple presencia de instituciones no equivale a coordinación efectiva de protocolo.
Nadie, hasta donde la información pública permite saber, evaluó previamente qué haría cada instancia si aparecía un menor no acompañado en el operativo.
Esa es exactamente la clase de evaluación permanente, preventiva y no reactiva, que el SESNSP debería estar exigiendo —y auditando— a cada corporación municipal del país, y que en la práctica no exige a nadie.
El costo de seguir mirando para otro lado
Morelia se resolverá, mediáticamente, en unas semanas: habrá un informe de Asuntos Internos, quizá una recomendación de la CEDH, y el ciclo noticioso pasará a otro tema.
Pero el diseño institucional que produjo el incidente seguirá intacto, listo para repetirse en Puebla, en Toluca o en Guadalajara la próxima vez que una autoridad municipal despliegue vallas contra el comercio informal sin protocolo, sin evaluación previa y sin verdadera coordinación entre las áreas que, en el papel, ya "trabajan juntas".
Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
