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Aguacate, seguridad y cooperación bilateral

El caso del aguacate representa un ejemplo concreto de la nueva relación entre seguridad nacional, seguridad económica y cooperación bilateral.
Aguacate se prevee baja el precio
La experiencia demuestra que la prosperidad compartida entre México y Estados Unidos dependerá cada vez más de su capacidad para construir instituciones de confianza, proteger las cadenas de suministro y garantizar que sectores estratégicos operen bajo condiciones de legalidad, estabilidad e innovación. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La reciente declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la que destacó que la cooperación entre ambos países permite proteger a la población, la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo, refleja una transformación significativa de la agenda bilateral. El caso del aguacate deja de ser únicamente un asunto agrícola o comercial para convertirse en un tema de seguridad económica, donde convergen intereses relacionados con la estabilidad productiva, la protección de las cadenas de valor y la confianza entre ambos gobiernos.

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El aguacate constituye uno de los productos agroalimentarios más estratégicos de la relación económica México–Estados Unidos. México es el principal productor y exportador mundial, mientras que Estados Unidos depende ampliamente del suministro mexicano: en 2025 importó aproximadamente 1.1 millones de toneladas, equivalentes a más de 80% de sus importaciones, con un valor superior a 3,200 millones de dólares. Esta elevada interdependencia convierte al aguacate en un componente de la seguridad económica y resiliencia de las cadenas de suministro norteamericanas.

Esta relación comercial genera miles de empleos, importantes ingresos para productores y una fuerte integración de las cadenas agroalimentarias de América del Norte. Sin embargo, la presencia de organizaciones criminales en algunas regiones productoras, particularmente en Michoacán, ha convertido la seguridad en un factor determinante para la continuidad del comercio. La extorsión a productores, el control territorial y los riesgos para inspectores y transportistas muestran que la competitividad del sector depende tanto de la eficiencia productiva como de la capacidad institucional para garantizar condiciones de legalidad y seguridad.

En este contexto, las declaraciones del embajador Johnson son relevantes porque vinculan explícitamente la cooperación bilateral con la protección de las cadenas de suministro. Esta visión coincide con la evolución de la política estadounidense hacia un concepto ampliado de seguridad nacional, donde alimentos, energía, minerales críticos, tecnologías estratégicas y cadenas logísticas forman parte de la seguridad económica. El aguacate se incorpora así a una agenda más amplia que busca reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia de sectores estratégicos para ambos países.

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No obstante, la permanencia del aviso de viaje del Departamento de Estado que clasifica a Michoacán como una entidad de Nivel 4 ("No viajar") evidencia las contradicciones que aún enfrenta la relación bilateral. Mientras ambos gobiernos promueven una mayor cooperación económica, persisten condiciones de inseguridad que afectan la percepción internacional, elevan los costos de operación y generan incertidumbre para inversionistas y operadores logísticos. La recomendación a ciudadanos estadounidenses de mantenerse informados, registrarse en el programa STEP y contactar a la embajada en caso de emergencia confirma que la seguridad pública continúa siendo un componente esencial de la agenda bilateral.

Desde la perspectiva de la administración pública, este escenario exige fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las autoridades estadounidenses y los actores del sector agroalimentario. La seguridad ya no puede concebirse únicamente como una función policial, sino como una condición indispensable para la competitividad económica y el desarrollo regional. La protección de los corredores logísticos, la trazabilidad de los productos, la certificación sanitaria y la vigilancia del comercio legítimo requieren estrategias integrales de gobernanza.

En consecuencia, el caso del aguacate representa un ejemplo concreto de la nueva relación entre seguridad nacional, seguridad económica y cooperación bilateral. La experiencia demuestra que la prosperidad compartida entre México y Estados Unidos dependerá cada vez más de su capacidad para construir instituciones de confianza, proteger las cadenas de suministro y garantizar que sectores estratégicos operen bajo condiciones de legalidad, estabilidad e innovación. En este sentido, la cooperación bilateral en torno al aguacate anticipa la dirección que probablemente seguirá la integración de América del Norte: una agenda donde comercio, seguridad y desarrollo regional se encuentran estrechamente vinculados.

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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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