Brooklyn sentencia, Culiacán entierra

La guerra civil que la sentencia no toca

Desde julio de 2024, cuando Zambada fue entregado —o secuestrado, según su propia defensa— por el hijo de "El Chapo", Sinaloa vive una guerra abierta entre Los Chapitos y La Mayiza. Más de 1,600 muertos, 1,800 desaparecidos, pueblos enteros desplazados.

Esa guerra no depende del calendario de un tribunal de Brooklyn: depende de quién controle las rutas, las plazas y los cuerpos de seguridad locales el día de mañana. Aquí está la primera propuesta que esta columna se atreve a poner sobre la mesa: mientras el debate público mexicano se concentre en la narrativa judicial estadounidense —quién dijo qué en la audiencia, cuánto pidió de decomiso la fiscalía—, seguiremos mirando el espejo equivocado.

El indicador que debería preocuparnos no es la sentencia de un anciano encarcelado; es la tasa de homicidios en Culiacán la semana que viene. La sentencia es un espectáculo con fecha; la guerra civil sinaloense es un proceso sin ella.

Narcopolítica: el expediente que sí debería asustarnos

Lo más incómodo de este caso no es Zambada preso, es lo que su expediente dejó al descubierto: la acusación estadounidense de que construyó su imperio sobornando policías, militares y políticos "en distintos niveles de gobierno".

Ese señalamiento, combinado con la indictment contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios, no es un capítulo cerrado del pasado: es una radiografía de cómo ha operado la relación entre poder político local y estructuras criminales en al menos una generación de gobiernos estatales.

La clase política mexicana —de todos los colores— tiene una tarea pendiente que ninguna sentencia extranjera puede hacer por ella: una investigación nacional, seria, con recursos y sin selectividad partidista, sobre financiamiento de campañas y protección institucional al crimen organizado.

Mientras esa tarea siga delegada a fiscales de Nueva York, seguiremos discutiendo la corrupción mexicana en inglés y con reglas de prueba ajenas.

La DEA y su nueva doctrina: "son lo mismo"

El 14 de julio, seis días antes de esta sentencia, el administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró en Orlando que cárteles y gobierno mexicano "son lo mismo" y que esa "conexión mortal" es la prioridad número uno de su agencia. No es una ocurrencia: es una doctrina que se viene construyendo desde mayo, cuando Cole ya hablaba de narcotraficantes y funcionarios "en la misma cama".

Esta columna no comparte ni niega automáticamente esa tesis —el expediente Zambada aporta evidencia real de sobornos, no una acusación gratuita—, pero sí advierte del riesgo de su uso: una doctrina que borra la distinción entre el Estado mexicano y el crimen organizado es, en la práctica, el argumento perfecto para justificar operaciones unilaterales en territorio mexicano, sin necesidad de coordinación previa.

Ya lo vimos con el propio traslado de Zambada, cuyo origen exacto —captura, secuestro, operación conjunta— México todavía no ha logrado esclarecer del todo. Si Washington institucionaliza la premisa de que no hay diferencia entre gobierno y cártel, la próxima frontera que cruce no será retórica.

Lo que viene: tres escenarios, cero certezas

1) Primero, en Sinaloa: la guerra Chapitos-Mayiza no tiene un ganador claro a la vista; lo más probable es un desgaste prolongado con fragmentación adicional, no una pacificación por ausencia de liderazgo fundador.

2) Segundo, en la política mexicana: es previsible que el gobierno de Sheinbaum profundice su discurso de "cooperación sin subordinación", capitalizando el reclamo de soberanía sobre el operativo de captura como moneda de cambio en las negociaciones arancelarias y de certificación antidrogas.

3) Tercero, en la relación con Washington: la DEA seguirá empujando su doctrina de vínculo estructural gobierno-cártel, mientras el Pentágono y la Casa Blanca sopesan cuánta presión militar aplicar antes de que México actúe "por su cuenta" —la fórmula que Hegseth ya usó en mayo ante el Congreso.

Propuesta final

México necesita dejar de medir su política de seguridad por sentencias que se dictan en Brooklyn.

Necesita, en cambio, una estrategia propia de desarticulación de estructuras de protección política local, con fiscalías estatales fortalecidas y blindadas de presión partidista, y una política exterior que discuta de tú a tú con Washington los términos de la cooperación —no que la reciba como comunicado de prensa de la DEA.

Zambada ya pagó su condena simbólica. La pregunta pendiente es si México va a pagar, por fin, la suya.

_____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.