Hay estados que por su ubicación cargan un peso estratégico que sus gobernantes rara vez entienden en su verdadera dimensión.
Baja California es frontera, es corredor migratorio, es plataforma logística del crimen transnacional y es, también, territorio donde se sientan las llamadas "mesas de seguridad" que integran inteligencia federal, estatal, municipal y, cada vez más, insumos compartidos con agencias estadounidenses.
Que sea precisamente ahí donde estalla el segundo escándalo de audios de Marina del Pilar Ávila Olmeda no es casualidad: es la crónica de una vulnerabilidad que el sistema de seguridad nacional mexicano nunca blindó del todo, la de gobernadores con pasivos personales frente a Washington.
Conviene ser preciso, porque el escándalo mediático tiende a devorar la evidencia.
Lo confirmado es esto: existe un segundo audio, difundido por un periodista con trayectoria verificable, en el que se escucha a la gobernadora ofrecer compartir lo que sabe de las mesas de seguridad a cambio de facilidades frente a un proceso migratorio y legal que la tiene contra la pared desde que Washington le canceló la visa.
Lo no confirmado —y aquí la columna se detiene con disciplina— es si esa oferta se tradujo en entrega efectiva de información clasificada, si existe ya una carpeta de investigación en México, o si las autoridades estadounidenses aceptaron formalmente el intercambio.
La gobernadora lo niega y lo enmarca como cooperación institucional legítima.
Esa negación también es un hecho que debe consignarse, no un detalle a omitir.
Aquí es donde la crítica debe ser más severa, no menos.
Aunque no haya delito consumado y comprobado, sí hay una conducta documentada: una gobernadora en funciones, con acceso a información sensible de seguridad estatal y federal, negociando en lo privado su situación migratoria personal con interlocutores que ni siquiera acreditaron representar formalmente a una agencia.
Eso, tipificado o no como delito, es una falla de contención institucional de proporciones mayúsculas.
El problema no es solamente si Marina del Pilar cruzó una línea penal —eso lo dirá, si acaso, un proceso judicial que hasta hoy no existe—.
El problema es que el sistema mexicano de seguridad nacional no tiene, o no aplica, protocolos que impidan que un servidor público con pasivos personales frente a un gobierno extranjero siga sentado en la mesa donde se comparte inteligencia crítica.
¿Cuántos gobernadores y gobernadoras cargan hoy pasivos similares —migratorios, patrimoniales, judiciales— que los hacen vulnerables a presión externa, sea de agencias extranjeras, sea del crimen organizado?
No lo sé, y nadie fuera de las propias agencias de inteligencia lo sabe con certeza.
Pero la pregunta es legítima y el silencio institucional frente a ella es sospechoso.
Cuando la protección política de un gobernador depende de la camiseta partidista y no de la fortaleza de las instituciones de control, el país entero queda expuesto a que la lealtad territorial se convierta en mercancía de negociación personal.
Que el escándalo se "entierre" políticamente porque la gobernadora pertenece al partido hegemónico no es una lectura conspirativa: es, hasta ahora, un patrón observable en el manejo mediático y político del caso, donde la exigencia más fuerte —la licencia al cargo, pedida por el PAN— proviene de la oposición y no de instancias de control internas del propio gobierno federal.
Si los hechos ameritan investigación —y los propios audios, con todo y sus matices, la ameritan como mínimo indispensable—, esa investigación debe ocurrir en tribunales mexicanos, con debido proceso, no en la opinión pública ni en el silencio calculado del poder.
Al final, quien paga la factura no es la clase política: es el ciudadano bajacaliforniano que cruza la garita todos los días, que confía en que sus autoridades estatales no negocian su seguridad personal a cambio de protección migratoria, y que hoy tiene que digerir, entre el horóscopo y las notas de tráfico fronterizo, que su gobernadora discutía con un supuesto asesor externo del FBI la posibilidad de una extradición.
Esa banalización informativa —el escándalo de seguridad nacional compartiendo espacio con predicciones astrológicas— es en sí misma un síntoma de un país que ha normalizado lo que debería escandalizarlo.
Lo mínimo, no lo máximo: que la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación —si aún no existe una, dato que tampoco pude confirmar públicamente—, que el Consejo de Seguridad Nacional revise protocolos de acceso a información sensible para funcionarios con litigios migratorios activos en el extranjero, y que el Congreso, en lugar de esperar el siguiente audio filtrado, legisle controles de blindaje patrimonial y migratorio para gobernadores y secretarios de seguridad.
Nada de eso requiere esperar a que un periodista publique el tercer capítulo de esta historia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
