El 13 de julio, el administrador de la DEA, Terrance "Terry" Cole, afirmó en Orlando que cárteles y gobierno mexicano "son uno y lo mismo", calificando el vínculo como una "conexión mortal".
Es una acusación grave, formulada —hay que decirlo con la misma honestidad que exige a México— sin evidencia pública presentada en el momento del discurso.
Frente a eso, el Gabinete de Seguridad respondió con una tarjeta informativa que despliega 59,582 detenidos, 31,366 armas aseguradas, 498 toneladas de droga y una caída de 48% en homicidios dolosos. El problema no es la veracidad de esas cifras —oficiales, verificables, consistentes con lo reportado por el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, sino su pertinencia.
Cole no dijo que México detenga poco.
Dijo que el Estado y el crimen organizado son indistinguibles. Un argumento de volumen operativo no refuta un argumento de captura institucional. Son categorías distintas y la tarjeta las trata como si fueran la misma.
El documento presume la detención de "más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones" como prueba de que "no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas".
Léase de nuevo: ochenta funcionarios detenidos por vínculos con el crimen organizado es, en cualquier lectura seria de ciencia política, evidencia de infiltración, no evidencia de su ausencia.
Que el Estado procese a sus propios corruptos es señal de que el sistema de justicia funciona parcialmente; no es, por sí solo, una respuesta a la acusación de que las estructuras criminales y las de gobierno se entrelazan de manera sistémica.
El Gabinete convierte el síntoma en vacuna. Es un salto lógico que cualquier interlocutor en Washington identificará de inmediato, y que debilita —no fortalece— la posición negociadora mexicana.
Las declaraciones de Cole no ocurren en el vacío: llegan dos meses y medio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de proteger al Cártel de Sinaloa desde cargos públicos.
Es hecho confirmado que existe una acusación formal (NV en cuanto a culpabilidad, que no ha sido probada judicialmente).
La tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad no menciona el caso Rocha Moya ni una sola vez.
Responde con datos agregados nacionales a una acusación que Washington construyó, en parte, sobre un expediente específico y nominal.
Evadir el caso que detonó la controversia no es prudencia diplomática: es dejar sin respuesta el argumento más concreto que tiene enfrente.
La cifra de 48% de reducción en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026 es “real y está respaldada” por el SESNSP.
Pero una columna seria de análisis no puede tratarla como prueba de ausencia de colusión Estado-crimen: la letalidad puede bajar por pactos de no agresión entre grupos, por consolidación territorial de un cártel dominante, o por métricas de captura que no reflejan control real.
Ninguna de esas hipótesis está descartada por la tarjeta, que presenta la cifra como si zanjara el debate sobre gobernanza criminal cuando en realidad solo describe una tendencia de violencia letal, con causas todavía en disputa entre especialistas.
El Gobierno mexicano hace bien en exigir a la DEA que sustente su acusación —es un estándar que debería aplicarse simétricamente en ambas direcciones—.
Pero exigir pruebas sin proponer, en el mismo documento, un mecanismo binacional de verificación o una instancia de revisión conjunta convierte la exigencia en gesto retórico.
Reclamar evidencia y cerrar el tema en el mismo párrafo no es una postura de fortaleza institucional: es una postura defensiva que evita el siguiente paso, que sería procesal, no discursivo.
La tarjeta está escrita para consumo doméstico: reafirma la narrativa de resultados frente a la opinión pública mexicana.
Pero su audiencia efectiva es Washington —el Capitolio, el Departamento de Justicia, la propia DEA—, y ese público no se mueve con estadísticas de aseguramiento de metanfetaminas.
Se mueve con evidencia de que los mecanismos de rendición de cuentas alcanzan a la cúpula política, no solo a mandos medios y presidentes municipales.
Mientras el Gabinete de Seguridad siga respondiendo acusaciones de captura institucional con boletines de desempeño operativo, seguirá ganando la discusión en la mañanera y perdiéndola en la mesa bilateral.
Esa es la asimetría que ninguna cifra, por contundente que sea, resuelve.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
