La seguridad como pretexto, no como justificación
El argumento de que el FAN ID combate la violencia en los estadios es legítimo como objetivo, pero no basta para justificar cualquier medio.
El derecho constitucional exige proporcionalidad: que no existan alternativas menos invasivas.
Existen —listas de exclusión judicial, videovigilancia con reglas claras, inteligencia preventiva— y la FMF nunca demostró públicamente por qué optó por la ruta biométrica masiva en lugar de esas opciones.
Esa omisión no es inocente: es más barato recolectar datos de todos que invertir en inteligencia focalizada contra quienes realmente generan riesgo.
La superficie de ataque que nadie mencionó
Toda base de datos biométrica es un objetivo de alto valor para el crimen organizado, el ransomware y el mercado de identidades sintéticas.
El comunicado oficial no entra en el detalle técnico de cómo se protegieron esos datos, pero la sanción administrativa ya revela que el componente jurídico —el más básico— estaba roto.
Si el cimiento legal falló, cabe preguntar con toda seriedad qué tan sólido fue el cimiento técnico.
Lo que sigue: impugnación y responsabilidad pendiente
La FMF anunció que impugnará la resolución, como es su derecho.
Pero la impugnación no borra el hecho de que millones de aficionados entregaron su rostro bajo un esquema que la propia autoridad ya calificó de insuficiente.
El verdadero fracaso no es administrativo: es de diseño institucional.
La Liga MX y la FMF trataron la privacidad de sus consumidores como un costo de operación prescindible, no como un derecho constitucional exigible.
La cancha no es zona franca de derechos
El caso FAN ID no debe leerse como un capítulo cerrado con el pago de una multa.
Debe leerse como el síntoma de una industria que normalizó la vigilancia biométrica sin pedir permiso, sin rendir cuentas y sin someterse al mismo escrutinio que cualquier otro sector que trata datos sensibles.
La pregunta ya no es si el futbol mexicano puede usar tecnología de identificación; es bajo qué controles, con qué garantías y con qué consecuencias reales para quienes decidieron construir un régimen de vigilancia sin las obligaciones que ese poder exige.
_____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
