Sheinbaum niega la justicia selectiva mientras Rubén Rocha Moya y su camarilla siguen protegidos, pese a los señalamientos que los relacionan con el Cártel de Sinaloa. Marina del Pilar gobierna después de perder la visa y aparecer en grabaciones hablando de investigaciones, extradiciones y filtración de información. Adán Augusto López conserva su escaño después de que, desde las entrañas de su gobierno en Tabasco, emergiera La Barredora.
Tampoco existe prisa para investigar al almirante Rafael Ojeda, aunque sus sobrinos fueron acusados de operar una red de huachicol fiscal desde la Marina. Vector, la empresa de Alfonso Romo, fue acusada desde Estados Unidos por lavado de dinero y por importar precursores para fabricar fentanilo, pero jamás conoció la eficacia de Ernestina Godoy. Los hijos del expresidente siguen rodeados de contratos, proveedores favorecidos, mansiones y viajes sin que la Fiscalía los incomode. Tampoco pasa nada con Alfonso Durazo y Américo Villarreal.
No se exige encarcelarlos sin pruebas, sino investigarlos con la misma agresividad y velocidad empleadas contra Ruffo. Morena tiene decenas de personajes bajo acusaciones y evidencias públicas, pero la justicia del régimen jamás encuentra sus domicilios.
¿Ruffo estaría detenido si militara en Morena? Difícilmente. Sheinbaum exigiría pruebas, denunciaría un linchamiento y la Fiscalía reservaría el expediente. ¿Qué habría ocurrido con Rocha Moya, Marina del Pilar o Adán Augusto si fueran opositores? Tendrían las cuentas congeladas, las propiedades aseguradas y algunos ya estarían presos.
Ese es el problema, la justicia solo funciona contra la oposición. Para los adversarios rige la presunción de culpabilidad; para Morena, la de impunidad. Sheinbaum controla el Congreso, la Fiscalía, los tribunales, las autoridades electorales, el presupuesto y unas Fuerzas Armadas repletas de contratos. Ya no cuida las formas, protege a los suyos, encarcela a sus adversarios y llama imparcialidad a su justicia selectiva.
Ruffo tendrá que defenderse y la Fiscalía probar sus acusaciones. Pero su detención marca un antes y un después. El régimen cruzó la línea y está dispuesto a usar el aparato del Estado para encarcelar opositores, mientras los escándalos de Morena siguen impunes. Después del caso Ruffo, nadie puede llamar justicia a lo que ya es persecución política.
La justicia de Sheinbaum ve los colores y, cuando distingue el guinda, mira hacia otro lado.
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