Y aquí la crítica debe ser directa, sin eufemismos: ocho meses de gobierno son tiempo suficiente para haber ordenado, al menos, el primer paso de cualquier reconstrucción policial seria —un organigrama funcional que defina mando único, cadena de responsabilidad, unidades operativas y áreas de inteligencia territorial—.
Grecia Quiroz no lo ha hecho público, ni ha anunciado que exista. Gobernar con recorridos personales mientras se posterga el diseño institucional no es prudencia política, es abdicación de la función más elemental del cargo: construir la corporación que el municipio necesita, no la que se hereda por inercia.
Lo mismo ocurre con el reclutamiento.
No basta con solicitar cartuchos, fusiles en comodato o un cuartel nuevo —gestiones que, hay que decirlo con honestidad, sí ha impulsado ante la federación—.
Un cuartel sin efectivos suficientes, sin un plan de reclutamiento apuntalado que fije metas de crecimiento de la plantilla, perfiles de ingreso, esquemas de permanencia y depuración por control de confianza, es un edificio vacío esperando ocupantes que nadie está formando.
La alcaldesa ha externado preocupación pública por la situación de su municipio, pero preocupación no es gestión: gestión es un plan de reclutamiento con cifras, plazos y responsables, y ese plan no ha sido presentado a la ciudadanía de Uruapan.
Tampoco hay evidencia de una gerencia policial profesional al frente de la corporación: un mando civil o policial con trayectoria, evaluado, con autonomía técnica frente a la política y con responsabilidad de rendir cuentas sobre resultados operativos verificables.
Sin esa gerencia, cualquier refuerzo material —armas, cuarteles, vehículos— se administra sin dirección estratégica. Y sin dirección estratégica, no hay manera de responder a la exigencia más elemental de un municipio tan extenso y tan desigual como Uruapan: una estrategia diferenciada por regiones.
La zona urbana, la periferia agroindustrial del aguacate y las comunidades rurales de la sierra enfrentan dinámicas delictivas distintas —extorsión comercial, disputa territorial, homicidios selectivos—, y ninguna de ellas se resuelve con un patrullaje nocturno centralizado en la imagen de la alcaldesa.
Se necesita una estrategia regionalizada, con indicadores propios por zona, metas trimestrales medibles y una proyección de mediano plazo que hoy simplemente no existe en el discurso público del gobierno municipal.
