El audio filtrado de la gobernadora de Baja California —donde se le escucha dispuesta a compartir lo que sabe de las mesas de seguridad con interlocutores no acreditados— no es el problema.
Es apenas el síntoma más visible de algo que en México llevamos años normalizando: mesas de seguridad que operan sin clasificación de información, sin control de acceso y sin ninguna consecuencia diseñada específicamente para quien filtra.
Ese caso puntual puede resolverse o diluirse políticamente en semanas. El defecto de diseño que lo hizo posible seguirá ahí, disponible para el siguiente funcionario en aprietos, sea del color que sea.
Por eso la discusión seria no es "qué le pasó a una gobernadora".
Es qué modelo sustituye a un mecanismo que nació para coordinar inteligencia y terminó operando como sala de fotos con micrófono abierto.
El error de origen de las mesas de seguridad actuales es mezclar dos funciones que nunca debieron compartir asiento: la decisión política (quién manda, qué se prioriza, cómo se comunica) y la custodia operativa de la información (quién sabe qué, con qué nivel de detalle, bajo qué responsabilidad).
Mientras un secretario de gobierno estatal, un mando militar, otros policiales de diferentes órdenes y un enlace de fiscalía reciban exactamente el mismo nivel de información en la misma sala, sin distinción de para qué la necesita cada uno, seguiremos regalando datos operativos a quien no tiene ninguna obligación de resguardarlos.
La alternativa no es una ocurrencia: es el principio más elemental de cualquier sistema de inteligencia funcional, el need to know.
Se comparte lo que cada actor necesita para cumplir su función, no todo lo que existe.
Un gobernador no necesita el detalle operativo de una investigación en curso para coordinar política pública de prevención; un mando policial no necesita el análisis de riesgo político para ejecutar un operativo.
Diseñar niveles de acceso diferenciados —y ponerlos en un protocolo firmado, no en la confianza— es el primer bloque de blindaje que hoy no existe.
El segundo defecto es de personal.
Hoy se sientan en estas mesas actores por cargo político, no por función técnica ni por vetting de confianza.
No hay proceso de habilitación de seguridad (algo equivalente a una "constancia de confiabilidad" con investigación patrimonial, de vínculos y de riesgo de exposición) que determine quién puede acceder a qué nivel de información.
Se asume que la investidura del cargo es suficiente garantía de reserva.
La experiencia reciente demuestra que no lo es, y que además no puede serlo: cualquier funcionario está expuesto a presión personal, legal, familiar o financiera, y ese riesgo no se resuelve con protocolos de cortesía política.
Se necesita un órgano técnico de habilitación —ajeno a designaciones partidistas, con mandos de carrera dentro del sistema de seguridad e inteligencia civil— que determine, caso por caso, quién tiene autorización para sentarse en cada nivel de mesa, y que revise periódicamente esa autorización, no una sola vez al inicio del cargo.
El tercer bloque, el más urgente, es el que hoy simplemente no existe: trazabilidad de la información y sanción específica.
Ningún documento ni dato compartido en una mesa de seguridad debería circular sin registro de quién lo recibió, cuándo y con qué propósito declarado.
Esto no es sofisticación tecnológica inalcanzable; es lo mínimo que ya opera en cualquier sistema de gestión documental clasificado en el mundo.
Su ausencia en México no es limitación técnica, es decisión política: nadie quiere que quede registro de quién supo qué, porque eso mismo podría usarse después como arma política.
Y sobre la sanción: hoy filtrar información de una mesa de seguridad no tiene, en la práctica, ninguna consecuencia penal diferenciada.
Se necesita tipificar la filtración de información de seguridad nacional o pública como delito específico, con responsabilidad directa e inmediata, aplicable sin distinción de nivel de gobierno, partido o cercanía con el poder en turno.
Mientras el costo de filtrar sea cero o dependa de cálculos políticos, la filtración seguirá siendo una herramienta de negociación disponible para cualquiera.
Ninguno de estos tres bloques —niveles de acceso, habilitación técnica de participantes, trazabilidad con sanción— requiere inventar nada nuevo: son estándares ya probados en sistemas de inteligencia de otros países y en protocolos de manejo de información clasificada que México ya conoce en el papel, pero nunca instrumenta en la práctica.
Lo que falta no es diseño, es voluntad de quitarle a la política el control de un mecanismo que nunca debió depender de ella.
Mientras sigamos llamando "mesa de seguridad" a una reunión sin clasificación, sin vetting y sin consecuencia, seguiremos teniendo coreografía institucional disfrazada de coordinación.
La pregunta no es si habrá una próxima filtración. Es si para entonces habremos construido, por fin, un mecanismo que no dependa de la buena fe de quien se sienta en la silla.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
