Entre la alegría, los nervios y la euforia que provoca el avance de la selección mexicana en el torneo de este verano, otros actores avanzan silenciosamente en otro tipo de competencia. La elección intermedia de 2027 que renovará la Cámara de Diputados y autoridades locales en todo el país- incluyendo 17 gubernaturas- definirá el rumbo de la segunda mitad del sexenio y será el primer gran paso hacia la elección de 2030. Aunque para buena parte de la ciudadanía esa elección aún parece lejana, la realidad es que el tablero político ya se está reacomodando y esta semana dio tres señales de ello.
Mientras celebramos los goles, el tablero político hacia 2027 ya se mueve
El partido oficial avanza en la definición anticipada de quienes aspiran a competir por las gubernaturas que estarán en juego.
@ginadelafuente
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La primera es el inicio formal del proceso interno de selección de candidaturas de Morena. Mientras partidos de oposición se manifiestan en “modo party” y continúan con reacomodos internos, el partido oficial avanza en la definición anticipada de quienes aspiran a competir por las gubernaturas que estarán en juego. El fenómeno no debe soslayarse, pues más allá de la ineludible discusión jurídica sobre su legalidad, estos procesos adelantados ya tienen efectos concretos en la vida pública. Tan solo esta semana se registraron 13 solicitudes de licencia de legisladoras y legisladores federales, que se suman a las 15 presentadas la semana anterior.
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Aunque cada persona legisladora cuenta con una suplencia que asume sus funciones en casos de licencia, la integración de los nuevos perfiles a los trabajos legislativos altera naturalmente el ritmo y la continuidad de las agendas legislativas, particularmente en el caso de integrantes de mesas directivas de las comisiones. Por otro lado, este proceso abre una oportunidad para un mayor escrutinio en torno al desempeño de estas personas y su capacidad para construir acuerdos. Entre más temprano se manifiesten aspiraciones políticas y se inicie la carrera, se arriesga mayor exposición y desgaste de cara al inicio de las campañas.
La segunda señal proviene de un terreno menos visible pero no por ello menos trascendente: las reglas para la postulación de candidaturas. A pesar de que la paridad de género es un principio constitucional desde 2014 y de que México ha construido uno de los desarrollos jurisprudenciales más avanzados en materia de igualdad y no discriminación en el ejercicio de derechos político-electorales, decisiones tomadas esta semana nos recuerdan que ningún avance democrático es definitivo ni irreversible. En el Tribunal Electoral se revocó una medida adoptada en Jalisco que reservaba municipios para la postulación exclusiva de candidaturas femeninas, contrario a criterios adoptados tan recientemente como la elección de 2024. Además de la regresión que supone, la resolución, impactará en las estrategias de postulación de candidaturas que adopten los partidos políticos. Asimismo, introduce un nuevo elemento de incertidumbre sobre el diseño y alcance de las acciones afirmativas que puedan emitir autoridades administrativas electorales en el marco de la renovación de ayuntamientos.
A ello se suman reformas electorales aprobadas en Chihuahua y Guerrero que limitan la facultad reglamentaria de estas autoridades para implementar acciones afirmativas que no estén expresamente previstas en la ley. Se trata de modificaciones constitucionales y legales a nivel local contrarias a la tradición garantista que, al menos desde 2011, ha predominado en la interpretación y aplicación de las normas electorales para ampliar la participación política de mujeres y personas de otros grupos históricamente excluidos. Las controversias jurídicas que seguramente generarán estas decisiones podrían terminar replanteando la competencia electoral y las posibilidades reales de competencia de las mujeres antes del inicio formal del proceso.
La tercera señal es la inminente incorporación de nuevos actores al sistema de partidos. Tras un proceso de 18 meses marcado por cuestionamientos, irregularidades y una intensa revisión administrativa, el Instituto Nacional Electoral verificó el cumplimiento de requisitos legales para el registro de nuevas fuerzas políticas nacionales. La experiencia demuestra que obtener el registro es a penas la primera prueba para estas organizaciones. El verdadero desafío lo constituye el proceso electoral, en el que deberán sostener su estructura territorial, desarrollar una oferta política diferenciada, competir con recursos limitados y alcanzar el umbral mínimo de 3 por ciento de la votación para conservar ese registro. Sin embargo, incluso si algunas de estas nuevas fuerzas políticas terminan teniendo una vida efímera, su existencia puede modificar los incentivos de la competencia electoral. En elecciones cerradas, unos cuantos puntos porcentuales pueden alterar correlaciones de fuerza, fragmentar el electorado o abrir oportunidades para nuevas alianzas.
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Por separado, cada uno de estos acontecimientos podría parecer un episodio más de la cotidianidad política. Observados en conjunto, confirman que la carrera por el 2027 ya se encuentra en marcha. Mientras buena parte de la conversación pública sigue concentrada en la fiesta mundialista, las definiciones partidistas, las reglas de la competencia y la incorporación de nuevos jugadores están empezando a preparar el terreno sobre el que se disputará el poder hacia la segunda mitad del sexenio.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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