La recuperación económica posterior a la pandemia de Covid-19 ha dejado una paradoja que merece atención desde la economía. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran una gradual recuperación del empleo y de la actividad productiva, millones de mujeres continúan insertándose en el mercado laboral a través de empleos informales, caracterizados por bajos ingresos, ausencia de seguridad social y escasas oportunidades de movilidad económica. Más que un problema exclusivamente laboral, la informalidad femenina constituye uno de los principales frenos para el crecimiento sostenible y la productividad de América Latina.
Informalidad femenina y crecimiento en Latinoamérica
La discusión sobre la informalidad femenina debe dejar de centrarse exclusivamente en la generación de empleo y avanzar hacia el análisis de su calidad.
@ClauCorichi
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La pandemia no creó estas desigualdades, pero sí profundizó las brechas estructurales que ya enfrentaban las mujeres. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2020 la participación laboral femenina en la región retrocedió más de una década, al disminuir de 52% a 46% como consecuencia del cierre de escuelas, la sobrecarga de los cuidados y la pérdida de empleos en sectores altamente feminizados, como el comercio, el turismo, los servicios y el trabajo doméstico remunerado. Asimismo, la Cepal estimó que 56.9% de las mujeres ocupadas trabajaban en sectores especialmente vulnerables a los efectos económicos de la pandemia, lo que aceleró su incorporación a actividades informales.
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Cinco años después, la recuperación del empleo no ha significado necesariamente una recuperación de la calidad del trabajo. El Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales de la región: 47% de las personas ocupadas en América Latina y el Caribe trabajan en condiciones de informalidad. Aunque esta proporción representa una ligera disminución respecto de los años más críticos de la pandemia, evidencia que el crecimiento económico sigue descansando sobre empleos precarios y con baja productividad.
México reproduce este patrón. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, a mayo de este año, la tasa de informalidad laboral fue de 55.2%, equivalente a más de 33 millones de personas ocupadas. Entre las mujeres, la situación resulta especialmente preocupante: aproximadamente 13.4 millones de trabajadoras se desempeñan en la economía informal, sin acceso pleno a seguridad social, licencias de maternidad, ahorro para el retiro ni mecanismos de protección frente a enfermedades, accidentes o periodos de desempleo.
Sin embargo, reducir el fenómeno a una estadística laboral sería un error. La informalidad femenina está estrechamente relacionada con los cuidados. La consecuencia económica es clara: muchas mujeres optan por empleos informales porque ofrecen condiciones más flexibles para compatibilizar las responsabilidades familiares con la generación de ingresos. No obstante, esa flexibilidad suele traducirse en menores salarios, escasa capacitación y ausencia de protección social. La informalidad deja de ser una elección y se convierte en la única alternativa compatible con la desigual distribución de los cuidados.
Desde una perspectiva macroeconómica, ello implica que el Estado, el mercado y los hogares trasladan buena parte de los costos de reproducción social hacia las mujeres. Es decir, gracias al "subsidio invisible para la economía", término usado por teóricas de la economía feminista y organismos internacionales, los millones de horas de trabajo no remunerado y por empleos informales de mujeres compensan la insuficiente inversión pública en infraestructura de cuidados.
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Organizaciones han advertido que la construcción de una sociedad del cuidado constituye una condición indispensable para una recuperación sostenible e igualitaria. Invertir en servicios de cuidado infantil, atención a personas mayores y sistemas de protección social no representa únicamente una política de bienestar; constituye también una estrategia de desarrollo económico que favorece la creación de empleo formal, incrementa la participación económica de las mujeres y fortalece la productividad.
La discusión sobre la informalidad femenina debe dejar de centrarse exclusivamente en la generación de empleo y avanzar hacia el análisis de su calidad. Formalizar el empleo, ampliar los sistemas nacionales de cuidados, fortalecer la protección social y promover políticas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres son medidas que, además de reducir las desigualdades, impulsan el crecimiento económico. Además de generar condiciones para que las mujeres que hoy se autoemplean o trabajan en la informalidad puedan acceder a diversos esquemas de financiamiento, capacitación y mecanismos que les permita consolidar sus emprendimientos y transitar hacia la formalidad.
Reducir la informalidad y garantizar condiciones laborales dignas no solo responde a un compromiso con la igualdad de género, constituye una decisión estratégica para construir economías más competitivas, resilientes e incluyentes. Ese es uno de los grandes desafíos económicos de América Latina en la presente década.
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Nota del editor: La autora es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
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