No hago una acusación de conspiración; hago una observación de timing político que cualquier analista de comunicación de crisis reconocería.
Dos años de silencio, 72 horas de indignación
El expediente lleva veinticuatro meses abierto. Ken Salazar negó públicamente, en agosto de 2024, cualquier participación estadounidense en el operativo. El gobierno de López Obrador solicitó una aclaración que nunca llegó de forma satisfactoria.
Y durante todo ese tiempo —el cierre del sexenio anterior, la transición, los primeros diez meses de la actual administración— el tema permaneció, en los hechos, congelado.
La indignación presidencial de esta semana, legítima en su contenido, resulta selectiva en su cronología: se activa no cuando el gobierno mexicano descubre la contradicción por investigación propia, sino cuando un periodista la documenta y la vuelve inevitable.
Gobernar reactivamente ante el trabajo de la prensa no es lo mismo que ejercer soberanía; es, en el mejor de los casos, administrar el daño de haberla ejercido tarde.
Soberanía como refugio retórico
Nadie con seriedad institucional debería descartar el reclamo mexicano de fondo: si una agencia extranjera coordinó una operación de facto en territorio nacional sin notificación, y además mintió al respecto a través de su embajador, eso merece una respuesta firme.
Pero la soberanía, invocada con la intensidad de esta semana, funciona también como el argumento perfecto para desviar la conversación de la pregunta incómoda: ¿por qué Zambada estaba operando con total libertad en Sinaloa hasta el día en que fue subido, engañado, a un avión con localizador apagado?
La soberanía que hoy se defiende con vehemencia es la misma que, durante años, no se ejerció para desmantelar al Cártel de Sinaloa desde adentro.
El maxiproceso que no se menciona en la mañanera
Mientras la conferencia presidencial dedica horas a la cronología del FBI, el otro expediente —el de las acusaciones formales del Departamento de Justicia contra un gobernador en funciones y nueve colaboradores por presunta colaboración con el narcotráfico— avanza con menor ruido oficial.
No es casualidad que el discurso de la soberanía violada resulte más cómodo de sostener ante la opinión pública que el discurso de la clase política propia bajo escrutinio penal extranjero.
Uno convoca unidad nacional frente a un agresor externo; el otro exige rendición de cuentas hacia adentro.
Es más fácil, políticamente, ser víctima de Washington que ser responsable de Culiacán.
