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De bravatas y pulsiones autoritarias

Llamar a boicotear un medio de comunicación es atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Un acto censor incompatible con quien debería procurar la unidad nacional.
jue 04 junio 2026 06:04 AM
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“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ha de estar escribiendo un tuit, bueno un ‘X’ en este instante”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del pasado 25 de mayo. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

El autodenominado régimen más democrático que ha gobernado en estas tierras lleva en los últimos días una serie de acciones que no pueden ser consideradas sino como de un prístino autoritarismo. Véase el recuento.

Desde la conferencia presidencial diaria se recomendó no ver Televisión Azteca. Hay que entender que no se trata de una opinión cualquiera ni ligera. Quien ostenta la Jefatura del Estado es, sin duda, la voz política más prominente dentro del espacio público. Llamar a boicotear un medio de comunicación es atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Un acto censor incompatible con quien debería procurar la unidad nacional.

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A esto hay que sumar las recientes reformas electorales aprobadas de último minuto y al vapor de cara al inicio del proceso electoral 2026-2027. La de la comisión de verificación de candidaturas para evaluar que no tengan vínculos con organizaciones criminales es sencillamente una medida cosmética y un engaño. Los partidos políticos y, sobre todo, el Estado, a través de sus agencias de seguridad e inteligencia, son quienes deberían evaluar dicha idoneidad y no trasladar esa responsabilidad a las autoridades electorales. A ello hay que sumar la vaguísima disposición para anular elecciones por “injerencia extrajera”. Para como viene el récord de la casa, no resultará nada sorprendente que se utilice para anular triunfos opositores, máxime con una mayoría en el Consejo General del INE y una Sala Superior del Tribunal Electoral cooptados ya por el régimen.

Finalmente, el doble rasero con el que el régimen ha tratado el tema de las gubernaturas de Chihuahua y Sinaloa. Mientras que en el caso de Rubén Rocha Moya —perseguido por la justicia de Estados Unidos por diversos cargos penales— la plana mayor de Morena se ha abroquelado en su defensa, en el tema de la opositora Maru Campos no se han escatimado recursos del Estado para presionarla y amedrentarla (citatorio en la Fiscalía General de la República y amagos de juicio político). Mientras una da resultados y combate con firmeza al crimen organizado, el otro es señalado de trabajar para él.

Lo peculiar del asunto es que el tratamiento que el régimen ha dado a ambas situaciones le ha ofrecido una extraordinaria y bien aprovechada oportunidad al PAN para presentar ante la opinión pública la cuestión de quién sí combate al crimen organizado, a pesar de los embates del régimen —que no puede, o no quiere, resolver los vínculos entre las organizaciones criminales y los políticos de su bando—.

Así pues, se vieron el fin de semana dos concentraciones: una en Chihuahua, con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y la plana mayor del PAN, en apoyo a Maru Campos, y la otra en la capital, en celebración de los dos años del triunfo del oficialismo en la elección presidencial. Resultó muy llamativa la estrategia discursiva “en defensa de la soberanía” con la que la presidenta de la República escaló en decibeles en su arenga contra Estados Unidos, dejando —al menos por un momento— la estrategia dizque de “cabeza fría”, aunque matizando que los ataques contra México vienen no del presidente Donald Trump, sino de la derecha de Estados Unidos… como si no fueran una y la misma cosa.

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Ya se verán, y seguramente pronto, las consecuencias de la bravata en el Monumento a la Revolución. Ahí está la publicación en redes del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson: “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”. Que ni qué: muy adecuado para la platea del morenismo eso de “México no es piñata de nadie” y lo de que no se va a permitir la intromisión de Estados Unidos (su Departamento de Justicia) en las elecciones intermedias de 2027. Dos cosas quedan muy claras: una, que el gobierno mexicano no se ha tomado en serio las advertencias del gobierno estadounidense; y dos, que el régimen se encuentra en una encrucijada ante el desbordamiento de los vínculos de sus políticos con organizaciones criminales.

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Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Síguelo en X como @HVivesSegl Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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