Todo estaba en orden, menos los permisos.
Dafne Zapata Quintos tenía trece años y cuatro días de vida por delante cuando su madre la dejó en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.
Volvió a verla sin vida.
Entre el ingreso del 13 de julio y la llamada que le anunció la muerte de su hija la madrugada del 17, hubo un aviso de "baja de presión", una revisión médica que la regresó a las actividades, y una segunda llamada por tos.
La Fiscalía tamaulipeca abrió carpeta; hasta el cierre de esta columna no existen detenidos ni una causa de muerte confirmada de manera pública y unívoca —algunas versiones periodísticas hablan de asfixia por sumersión bajo protocolo de feminicidio; otras insisten en que la autoridad no ha resuelto oficialmente esa pregunta.
No voy a fingir que sé lo que las autoridades mismas aún no cierran.
Lo que sí sé, con la autoridad de quien ha diseñado política de seguridad institucional en este país, es que la muerte de Dafne no es un accidente aislado: es el síntoma visible de un vacío regulatorio que el Estado mexicano ha tolerado durante años.
La pregunta no es quién mató a Dafne —eso corresponde a la Fiscalía—.
La pregunta que debería incomodar a todo el aparato de seguridad pública es otra: ¿quién autorizó, supervisó o al menos inspeccionó esta "academia militarizada" antes de que aceptara niños y adolescentes bajo un régimen de disciplina castrense simulada?
La respuesta, hasta ahora, es nadie con claridad.
La institución aparece incorporada a la Secretaría de Educación Pública estatal para impartir secundaria —es decir, tiene una autorización educativa—, pero utiliza en su nombre la palabra "Marina" sin que conste autorización de la Secretaría de Marina-Armada de México.
Ese desfase no es un detalle semántico: es la prueba de que una institución puede vender "instrucción militar" a familias mexicanas sin que ninguna autoridad castrense haya puesto un pie ahí para verificar protocolos, capacitación de instructores, planes de contingencia médica o condiciones físicas de los inmuebles.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los secretariados estatales existen, entre otras funciones, para certificar y dar seguimiento a instituciones de formación en seguridad pública, policial y afín.
Pero su mandato legal está diseñado para academias de policía, no para colectivos privados que ofrecen "cursos de verano" con estética militar a menores de edad.
Ahí está el hueco: una zona gris donde SEP autoriza contenidos educativos, Sedena y Marina no autorizan el uso de su imaginario ni de sus métodos, y el sistema de seguridad pública no tiene competencia clara porque, en el papel, esto no es una academia de policía ni un cuerpo castrense formal.
El resultado es que nadie es responsable de todos, y por eso nadie responde por nada hasta que hay un cadáver.
Estas “academias” no son marginales.
Prosperan porque explotan una demanda real: padres que buscan "enderezar" a hijos con problemas de conducta, o simplemente ofrecerles disciplina y actividad física en el verano.
Vender eso con uniformes, marchas y jerga militar es barato en insumos y rentable en discurso.
El problema es que ese discurso —"disciplina", "carácter", "formación de valores"— funciona como cortina para operar sin los controles que sí exige, por ejemplo, un campamento deportivo civil certificado: protocolos de hidratación, personal médico certificado disponible, límites claros al esfuerzo físico permitido según edad, y mecanismos de reporte inmediato a los padres.
Que una adolescente haya presentado señales de alarma médica —baja de presión, tos— y haya sido regresada a actividad en vez de trasladada a un hospital, es exactamente el tipo de decisión que un marco regulatorio serio habría prohibido por escrito.
Ningún padre debería inscribir a un hijo en una de estas academias sin exigir, por escrito, cuatro cosas que hoy nadie pide: la Clave de Centro de Trabajo y el nivel educativo autorizado por la SEP; constancia de que cualquier uso de terminología o simbología militar o naval cuenta con autorización expresa de Sedena o Marina; certificación del personal a cargo de actividad física y primeros auxilios; y un protocolo escrito de qué ocurre ante un síntoma médico durante las actividades.
Hoy esa información no se exige porque ninguna autoridad la exige primero.
México no necesita otra comisión.
Necesita que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con SEP y las Fuerzas Armadas, construya un padrón público y obligatorio de toda institución —privada o social— que ofrezca formación con componente disciplinario, físico o de simulación castrense a menores de edad, con inspecciones previas a la apertura y no posteriores a la tragedia.
Sin ese padrón, con consecuencias reales para quien opere fuera de él, habrá una próxima Dafne.
La diferencia entre un país con instituciones y uno sin ellas no se mide en discursos de indignación después del entierro: se mide en si alguien, antes del 13 de julio, hubiera podido decirle a esa madre que la academia a la que llevaba a su hija no tenía autorización para llamarse lo que se llamaba.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
