La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad vive una paradoja peligrosa: nunca había sido tan intensa y, al mismo tiempo, tan informal. La cooperación existe, pero con demasiada frecuencia opera por debajo de la mesa institucional: mediante filtraciones, presiones diplomáticas, investigaciones unilaterales, operaciones de inteligencia poco transparentes, extradiciones fuera del debido proceso y casos armados con declaraciones de testigos protegidos sin prueba alguna. En fin, con decisiones que terminan reordenando la política de seguridad mexicana sin pasar por mecanismos formales de deliberación, supervisión o rendición de cuentas.
México-EU: subordinación, no; gobernanza, sí
Proponer reglas no sería un acto de debilidad frente a Estados Unidos; sería una forma de recuperar control, reducir riesgos y construir una cooperación más eficaz.
@BaVargash
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El problema no es que México coopere con Estados Unidos. Frente al tráfico de personas, fentanilo, armas, dinero ilícito y capacidades criminales transnacionales, la cooperación no sólo es inevitable: es necesaria. El problema es que esa cooperación se está moviendo en una zona gris. Cuando la seguridad binacional opera en la informalidad, México queda expuesto a tres riesgos: pérdida de control sobre su propia política criminal, tensiones diplomáticas recurrentes y decisiones de seguridad guiadas más por prioridades estadounidenses que por diagnósticos nacionales.
Los casos no tan opuestos de Chihuahua y Sinaloa
El primer caso es Chihuahua. Agentes de la CIA participaron con el gobierno estatal en un operativo vinculado con un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal; más tarde, dos de ellos fallecieron en un percance carretero. Sin embargo, que autoridades extranjeras participaran en acciones de seguridad en territorio mexicano sin conocimiento claro del Gobierno federal fue una falla grave. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones por el laboratorio y por la posible violación a la seguridad nacional. Debido a ello, funcionarios estatales fueron llamados a declarar y el caso derivó en una crisis política local. El punto central no es si el objetivo operativo era legítimo —desmantelar capacidades de producción de drogas sintéticas lo es—, sino bajo qué reglas actuaron agentes extranjeros en México, quién autorizó su presencia, qué autoridad mexicana condujo la operación y qué mecanismos de supervisión existieron. Con una pregunta adicional: ¿Por qué agentes de la CIA y no de la DEA? La primera combate al terrorismo, la segunda el tráfico de drogas. ¿Es este el efecto inmediato de que la administración de Donald Trump haya catalogado a los cárteles como organizaciones terroristas?
El segundo caso es Sinaloa. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos vinculadas con investigaciones sobre delincuencia organizada contra el gobernador y otros nueve funcionarios de ese estado, abrieron un frente político y judicial del que México no parece tener control. Ante estos señalamientos, la FGR reactivó investigaciones sobre la posible influencia de organizaciones criminales en la elección de 2021 en Sinaloa. Al mismo tiempo, autoridades mexicanas han dicho que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes.
Ahí está el problema: si Washington investiga, acusa o eventualmente solicita detenciones y extradiciones de políticos mexicanos sin un canal institucional robusto de intercambio probatorio, México queda atrapado entre dos malas opciones. Si actúa sin evidencia verificable, parece subordinado. Si no actúa, parece encubridor. En ambos casos, la informalidad degrada la legitimidad del Estado mexicano. Además, si Estados Unidos involucra en ese entramado a más actores políticos mexicanos, el país podría enfrentar una cadena de crisis judiciales y diplomáticas administradas desde tribunales estadounidenses, y no desde una estrategia mexicana de depuración institucional.
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¿Quién impone las prioridades?
Es importante recordar el caso del ex secretario de seguridad pública en el sexenio 2006-2012, Genaro García Luna. Fue procesado por declaraciones de testigos protegidos, sin prueba alguna. La administración del periodo 2018-2024 celebró el hecho, sin identificar que dicha sentencia abrió un antecedente para que las autoridades norteamericanas replicarán la misma estrategia contra los miembros de la ahora coalición gobernante.
El tercer riesgo es más estructural: la imposición de prioridades. Desde Washington, la agenda de seguridad se ha concentrado en fentanilo, migración, control fronterizo, “extradiciones”, inteligencia financiera y captura de objetivos criminales de alto valor. Son temas relevantes, sin duda. Pero no agotan las necesidades de seguridad de México. Para México también importan la extorsión, las desapariciones, el control territorial, la violencia contra autoridades locales, la infiltración municipal, el tráfico de armas desde Estados Unidos y el fortalecimiento de policías, fiscalías y capacidades de investigación. Cuando la cooperación opera sin reglas, la agenda bilateral tiende a inclinarse hacia los intereses del actor con más poder.
La realidad es que sí existen bases jurídicas e institucionales para formalizar la relación bilateral en materia de seguridad. El Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos reconoce principios de corresponsabilidad, respeto a la soberanía, salud pública, comunidades seguras y cooperación frente a organizaciones criminales transnacionales. Además, ambos países cuentan con instrumentos formales de cooperación judicial, como el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, que permite el intercambio legal de información, pruebas y asistencia para la prevención, investigación y persecución de delitos, conforme a los marcos jurídicos de cada Estado.
La salida no es romper la cooperación
Incluso la legislación mexicana ya regula la actuación de agentes extranjeros. La Ley de Seguridad Nacional establece que estos únicamente pueden internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, dentro del marco de convenios de cooperación bilateral y bajo autorización y supervisión de las autoridades mexicanas competentes. También prohíbe que ejerzan funciones reservadas al Estado mexicano o ejecuten leyes extranjeras en territorio nacional.
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Entonces, la salida no es romper la cooperación. Es institucionalizarla. México debería proponer una mesa binacional permanente de gobernanza en seguridad, no como gesto diplomático, sino como mecanismo operativo con reglas claras. Esa mesa tendría que incluir a cancillerías, fiscalías, autoridades de seguridad, inteligencia financiera, aduanas, agencias de salud pública y operar bajo controles legislativos compartidos. Sus funciones deberían ser cinco: validar operaciones conjuntas antes de ejecutarlas; establecer protocolos para agentes extranjeros; ordenar el intercambio de evidencia en investigaciones sensibles; equilibrar prioridades entre ambos países; y producir reportes periódicos de resultados, límites y responsabilidades.
La pregunta de fondo es sencilla: si la seguridad realmente importa, ¿por qué dejarla en acciones informales? La cooperación entre democracias no puede depender de filtraciones, presiones electorales o decisiones unilaterales. Necesita actores definidos, reglas públicas, procesos verificables, objetivos compartidos y canales de rendición de cuentas. México no debe escoger entre subordinación y aislamiento. Puede escoger gobernanza. Proponer reglas no sería un acto de debilidad frente a Estados Unidos; sería una forma de recuperar control, reducir riesgos y construir una cooperación más eficaz.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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