A finales de marzo, el Senado aprobó dos reformas sobre protección de datos personales e integridad empresarial que podrían tener un impacto importante en la operación de las empresas.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, la reforma sobre datos personales podría aumentar significativamente los costos de operación de las empresas que recaban datos de clientes y usuarios.
Por su parte, la reforma sobre integridad empresarial podría representar una oportunidad perdida en el combate a la corrupción dentro del sector privado.
La senadora Olga Sosa Ruíz (Morena, Tamaulipas) propuso reformar las leyes de protección de datos personales aplicables a particulares y sujetos obligados para:
- Obligar a los particulares a garantizar que el consentimiento para tratar datos sea libre, específico e informado por parte de la persona titular de los mismos (requisito que ya observan los sujetos obligados).
- Exigir, tanto a los particulares como a los sujetos obligados, que demuestren con elementos “indubitables” que el consentimiento expreso fue inequívoco.
En cuanto al senador Daniel Barreda Pavón (Movimiento Ciudadano, Veracruz), su propuesta consiste en reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para:
- Reconocer la figura del Oficial de Cumplimiento como la encargada de la política de integridad de la empresa.
El proyecto de la senadora Olga Sosa supondría un avance en el terreno de la privacidad, aunque a un costo potencialmente elevado para las empresas.
- Los estándares para obtener el consentimiento en el sector privado serían más estrictos, lo que fortalecería la protección de los datos de las personas.
- Sin embargo, las empresas tendrían que implementar nuevas tecnologías tanto para recabar el consentimiento como para demostrar, a partir de pruebas materiales debidamente almacenadas y preservadas, que este fue “inequívoco”.
- En los países regidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la “indubitabilidad” propuesta por la senadora Sosa ha implicado gastos para:
* Crear formularios especiales para recabar el consentimiento.
* Montar sistemas de registro y conservación de pruebas del consentimiento con sus respectivos blindajes de ciberseguridad.
Al reconocer legalmente la figura del Oficial de Cumplimiento, el proyecto del senador Daniel Barreda podría parecer un paso decisivo en la dirección correcta. Sin embargo:
- La adopción de esta figura es opcional, lo que deja intacto el estado actual de las cosas. Las empresas no están ni estarán obligadas a crear un área de compliance.
- El proyecto no aporta ningún lineamiento concreto para crear y regir al Oficial de Cumplimiento, más allá de una vaga invitación a apegarse a los “estándares nacionales e internacionales” en materia de integridad.
El pleno del Senado aprobó las reformas sobre protección de datos e integridad empresarial los días 24 y 25 de marzo de 2026, respectivamente.
- Ambos proyectos de ley deberán pasar ahora el filtro de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, a la que fueron turnadas.
- Posteriormente, al ser reformas a leyes secundarias, tendrán que ser aprobadas por mayoría absoluta (la mitad más uno) por el Pleno de la Cámara.
El núcleo de ambas reformas es el combate a la corrupción y las malas prácticas empresariales.
· Los abusos en la obtención del consentimiento son un problema global. Desde 2018, las autoridades europeas han impuesto multas por más de 4,000 millones de euros, la mayoría relacionadas con esta irregularidad.
- México enfrentó ya un caso mayor de abuso en la obtención del consentimiento, el cual involucró a la Federación Mexicana de Futbol e incluso llegó al Pleno del entonces INAI.
- El proyecto de Olga Sosa es parte de un proceso de reingeniería de las instituciones de protección de datos. En 2025 se consumó la desaparición del INAI y se expidieron nuevas leyes sobre datos personales.
- De acuerdo con la última encuesta sobre corrupción en el sector privado realizada por la Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cinco de cada 10 empresas formales han experimentado actos de corrupción.
- Esa corrupción está ligada principalmente al pago de sobornos para agilizar trámites, obtener permisos y ganar contratos de gobierno. Sin embargo, al interior de las empresas también ocurren ilícitos como la evasión fiscal.
- Solo la mitad de las empresas formales tiene un código de ética. La falta de obligatoriedad de la reforma propuesta por Daniel Barreda parece una oportunidad perdida para mitigar esta situación.
