Todas las mañanas desde Salón Tesorería se cuenta una historia de estabilidad y fortaleza, mientras que el entorno internacional da cuenta de una realidad muy distinta, cada vez más difícil de desestimar. En semanas recientes, diversas organizaciones del ámbito público y privado han emitido diagnósticos y advertencias que, en conjunto, configuran un cuadro de institucionalidad débil y erosionada que escapan la narrativa oficial y que tienen un impacto no menor en el rumbo económico del país.
La confianza no se decreta
Una de las grandes contradicciones de la administración Sheinbaum: se convoca una y otra vez al sector privado a invertir mientras que las condiciones institucionales avanzan en sentido contrario.
@ginadelafuente
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Hace algunas semanas, el informe de la organización sueca V-Dem concluyó que México había transitado hacia una autocracia electoral, en referencia a sistemas en los que subsisten elecciones, pero cuyas condiciones de competencia, equilibrio de poderes y libertades civiles han sido erosionadas de manera sistemática. Unos días más tarde se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emplazado a México a responder a una petición por afectaciones a la independencia judicial derivada de la reforma que resultó en la elección popular de personas juzgadoras. Cabe señalar que esta petición se dio luego de numerosas advertencias de este mismo organismo ante posibles impactos en el acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho, mientras la discusión de la reforma se encontraba en marcha.
El diagnóstico más reciente lo emitió el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. De acuerdo con sus especialistas, existen indicios fundados de que en nuestro país se han cometido desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, a partir de múltiples ataques contra la población civil. Por ello, se solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas examinar a fondo la situación ̶ incluyendo los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado ̶ y el establecimiento de un mecanismo para esclarecer la verdad y prestar protección a las personas buscadoras.
Así, en el curso de un mes, diversos frentes apuntan a pilares del mismo entramado institucional cuya erosión tiene efectos acumulativos y que el oficialismo insiste en desestimar. Ello, con la convicción de que el discurso político basta para contener la realidad. Este discurso evidencia una de las grandes contradicciones de la administración Sheinbaum: se convoca una y otra vez al sector privado a invertir mientras que las condiciones institucionales avanzan en sentido contrario. Pero las inversiones no funcionan con base en la retórica, sino en la certidumbre.
Los datos deberían ser suficientes para corregir el rumbo. El crecimiento registrado en 2025 fue el más bajo desde la pandemia, dando señales claras de desaceleración. Recientemente, el semanario inglés The Economist tampoco temió en señalar contracciones en el empleo y la productividad como resultado de la inseguridad y de cambios institucionales que afectan la confianza. Si bien se suelen descalificar los diagnósticos de estos espacios internacionales, es necesario reconocer que el problema no es el mensajero, sino el mensaje. Mientras se continúe construyendo un entramado que favorece la concentración de poder y de las decisiones, los resultados seguirán siendo mediocres por más que la narrativa pinte un panorama de éxito.
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La confianza no se decreta, sino que se construye con reglas claras e instituciones sólidas y predecibles. Pero, mientras se convoca al sector privado a apostarle al país, se continúa adoptando medidas que desalientan estas apuestas sin señales de una corrección de curso. No se contemplaron modificaciones a las elecciones judiciales en el llamado “Plan B” de reforma electoral, a pesar de las numerosas irregularidades evidenciadas en este ejercicio el año pasado. El pleno de la Suprema Corte, renovado a través de este ejercicio viciado, recién avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas bancarias sin orden judicial previa. Otros asuntos resueltos recientemente permiten concluir que, cuando los intereses del gobierno están en juego, el sometimiento de la justicia al oficialismo será casi incondicional, especialmente en casos fiscales o de afectación de derechos por excesos del gobierno. Ello, al tiempo que se aumentan las cargas fiscales y de cumplimiento.
En un momento en que México podría capitalizar una oportunidad histórica por la revisión del T-MEC y la reconfiguración global de cadenas productivas, el principal obstáculo para la inversión sigue siendo interno. Mientras tanto, hay quienes siguen pensando que la confianza se decreta.
Postdata: La nueva Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura, que contempla esquemas de participación público-privada, es la nueva apuesta para facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura pública en un contexto de espacio fiscal sumamente reducido. La Ley establece que decisiones de proyectos y prioridades serán tomadas por un comité conformado exclusivamente por representantes de la Administración Pública Federal sin la participación de profesionales técnicos independientes, pudiendo reservar información relativa a sus decisiones como lo considere pertinente. También se puede prescindir de licitaciones públicas cuando ya existan “alianzas estratégicas” entre dependencias y personas morales específicas. Esto no puede considerarse buena noticia, especialmente con tribunales a modo y sin INAI.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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