Austeridad en Congresos que parece más a simulación

El principio, la propuesta parecería sensible a una demanda social y coherente con el discurso de austeridad que ha sostenido el oficialismo por años. Parecería que nadie podría oponerse a reducir el costo de las instituciones y contener excesos de órganos que, en muchos casos, han sido señalados por ejercer el gasto de manera opaca y discrecional. Ya no hablemos de la productividad legislativa y la rendición de cuentas. Pero, si observamos los datos de presupuestos de los Congresos locales, podemos concluir que la medida no parte de un diagnóstico certero ni atiende necesidades reales.

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Las dos prioridades de la presidenta

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han revelado que el gasto de los poderes legislativos locales dista mucho de ser homogéneo. Si bien el promedio estatal se coloca en 0.91% del presupuesto estatal, en 12 estados esta proporción ya se encuentra por debajo del 70% que la iniciativa busca imponer desde el centro. Es decir, poco menos de la mitad de los legislativos locales del país ya opera dentro de los parámetros de austeridad propuestos por la presidenta; mientras que el resto presenta disparidades significativas que responden a realidades locales igual de dispares.

Si se divide el presupuesto total entre el número de personas legisladoras, Baja California registra más de 31 millones de pesos por diputado; mientras que, en la Ciudad de México y Michoacán, esta cifra ronda los 25 millones de pesos. Sin embargo, Baja California y Michoacán tienen 25 y 40 diputaciones, respectivamente, mientras que la Ciudad de México tiene 66. Así, con disparidades tan evidentes como injustificadas, un tope uniforme difícilmente atenderá problemáticas reales de excesos, discrecionalidad y opacidad en el ejercicio del presupuesto.

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De Múnich a Budapest hay mucho trecho

Por ello, más allá de observar cuánto gastan los Congresos locales, sería relevante estudiar cómo gastan y con qué reglas. La reforma omite por completo estándares para asegurar el uso eficiente de los recursos. No introduce obligaciones adicionales de transparencia, criterios para asegurar la suficiencia de recursos de las auditorías, criterios de desempeño o mecanismos de evaluación del trabajo legislativo. Asimismo, la discrecionalidad en el ejercicio permanece intacta. En ese sentido, se puede decir que quizá los Congresos podrían gastar un poco menos, pero no necesariamente mejor.

Por otro lado, la iniciativa plantea que los ahorros generados se destinarán a obras de infraestructura pública. Pero, si el problema radica en el uso ineficiente o discrecional de los recursos, la respuesta más sensata no debería ser simplemente redirigirlos conforme a las prioridades políticas de la persona gobernante en turno. Más bien, se debería buscar el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización que permitan prevenir, detectar y sancionar los abusos a los que alude la presidenta.

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El nuevo periodo, más allá de la electoral y las 40 horas

Un colofón: La ambigüedad del texto propuesto no permite determinar si las “legislaturas locales” referidas corresponde solo a los Congresos o a la integración total del Poder Legislativo que, conforme a la Constitución, incluye también a sus órganos de fiscalización o auditoría. Si no se considera el presupuesto de estos últimos, podríamos tener un escenario en que la gran mayoría de los estados ya se encuentren por debajo del umbral del 70% propuesto por la presidenta. En ese sentido, el ahorro sería marginal. Que viva la simulación.

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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.