Durante casi dos años, la Secretaría de Relaciones Exteriores fue, en los hechos, una oficina de protocolo. Juan Ramón de la Fuente ocupó la Cancillería con la misma discreción con la que se administra una dependencia menor: sin peso político propio, sin voz en el gabinete de seguridad y, lo más grave, sin presencia real en los momentos en que México más necesitó diplomacia de alto voltaje.
Mientras el Departamento de Estado estadounidense escalaba presiones sobre el fentanilo, mientras los cárteles operaban con ramificaciones transnacionales que involucraban rutas, financiamiento y complicidades en al menos cuatro continentes, la SRE observaba desde las gradas.
La renuncia de De la Fuente no es un accidente administrativo.
Es el reconocimiento tácito de que ese modelo de cancillería decorativa agotó su ciclo —o lo agotaron quienes lo diseñaron.
Roberto Velasco no llega neófito al cargo.
Como titular de la Unidad —hoy Subsecretaría— de Asuntos para América del Norte, Velasco construyó el expediente más denso y sensible de la diplomacia mexicana reciente: las tensiones por la Iniciativa Bicentenario, las fricciones por la política de visas, las negociaciones en torno al T-MEC y, sobre todo, la creciente presión de Washington para que México aceptara una cooperación antinarcóticos que, en varios momentos, rozó el concepto de intervención.
Conoce los nombres, los cables y los silencios.
Eso es una ventaja. Pero también es una trampa. Conocer el expediente no equivale a tener el mandato político para reformular la arquitectura de la diplomacia de seguridad mexicana. Y esa arquitectura, hoy por hoy, es un desastre funcional.
El informe del Wilson Center de 2023 sobre cooperación bilateral en seguridad documentó con precisión lo que en México se sabía, pero nadie decía con claridad: las agregadurías policiales, militares y de inteligencia mexicanas en el exterior operan con una autonomía que raya en la opacidad.
La coordinación con la Cancillería es esporádica, protocolaria en el mejor de los casos, y en el peor, inexistente. La DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos negocian directamente con sus contrapartes mexicanas —la Guardia Nacional, la FGR, la Sedena— sin que la SRE funcione como filtro, como eje coordinador ni como memoria institucional de esas interacciones.
El resultado es previsible: México negocia en parcelas.
Cada dependencia construye su relación bilateral desde su propia lógica operativa, sin coherencia de Estado y sin visión estratégica conjunta. Cuando hay conflicto —y los hay, frecuentemente— no existe un mecanismo institucional que lo resuelva desde la soberanía. Se resuelve, cuando se resuelve, con llamadas entre funcionarios que no siempre tienen el nivel ni el mandato para hacerlo.
Primero: la SRE debe integrarse formalmente y con voz vinculante al Gabinete de Seguridad. No como observadora. No como relatora. Como eje coordinador de toda acción exterior en materia de seguridad. Esto requiere una reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y al propio decreto que regula el gabinete. Es viable. Solo requiere voluntad política.
Segundo: debe crearse un Protocolo Nacional de Coordinación de Agregadurías de Seguridad, que obligue a todas las representaciones policiales, militares y de inteligencia en el exterior a reportar sistemáticamente a la SRE, con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. El modelo canadiense de coordinación interagencial exterior, documentado por el Centro de Gobernanza Internacional de Waterloo, ofrece un referente técnico sólido y adaptable.
Tercero: la Subsecretaría de América del Norte debe convertirse en el nodo permanente de una Comisión Bilateral de Seguridad con rango ministerial, que se reúna trimestralmente con sus contrapartes del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Sin esa institucionalidad, la relación seguirá dependiendo de la temperatura personal entre presidentes y secretarios.
Cuarto: México necesita una doctrina de seguridad exterior escrita, pública y vinculante. Hoy no existe. Cada sexenio improvisa. Esa improvisación tiene costos que se miden en vidas, en soberanía cedida y en legitimidad internacional erosionada.
La geopolítica no espera reformas administrativas pendientes. El conflicto entre cárteles mexicanos con operaciones transnacionales, la presión estadounidense que en ciertos momentos adopta el lenguaje de la doctrina de combate, y la ausencia de una arquitectura diplomática de seguridad funcional configuran una tormenta que no se resuelve con buenas intenciones ni con cancilleres discretos.
Roberto Velasco tiene el perfil técnico.
Tiene el expediente. Lo que aún no tiene —y deberá arrancarle a la presidencia— es el mandato político real para que la SRE deje de ser testigo y se convierta en protagonista. Si la Cancillería no recupera ese rol ahora, en el momento de mayor convulsión geopolítica desde el fin de la Guerra Fría, la pregunta no será cuándo ocurrirá la siguiente crisis diplomática en materia de seguridad.
La pregunta será quién la resolverá. Y la respuesta, de seguir así, no será México.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
