Hay cosas que damos por hecho porque forman parte de lo cotidiano: prender la luz, tener agua, tomar el transporte público, transitar por las calles, comprar gasolina, entre muchas otras. Todas esas actividades son resultado de obras de infraestructura; sin embargo, no tomamos conciencia de su relevancia hasta que faltan o presentan deficiencias, lo que puede traducirse en afectaciones a la salud e incluso la vida de los habitantes de las ciudades. Por ello, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura deben ser un tema prioritario para cualquier gobierno con un mínimo sentido de responsabilidad.
La verdadera infraestructura para el bienestar en México
La construcción y el mantenimiento de la infraestructura deben ser un tema prioritario para cualquier gobierno con un mínimo sentido de responsabilidad.
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Lo que caracteriza a las obras de infraestructura es su impacto colectivo y su larga vida útil, en beneficio no solo de las generaciones presentes, sino también de las futuras. Estamos hablando entonces, de obras de gran magnitud que implican un costo significativo, que no siempre puede ser cubierto por el Estado con recursos públicos. Por ello, la participación del sector privado en este sector adquiere gran importancia.
En nuestro país, varias obras de infraestructura se han impulsado a través de contratos de asociación público-privada, por tal motivo, también resulta importante brindar certeza jurídica a los inversionistas.
Además de sus beneficios económicos, las obras de infraestructura se vinculan estrechamente con diversos derechos humanos. Hospitales, escuelas, carreteras, presas, transporte aéreo y terrestre, entre muchas otras infraestructuras que permiten garantizar derechos como la vida, el libre tránsito, la salud, el trabajo y la educación de quienes habitamos este país.
La fórmula es simple: a mejor y mayor infraestructura, mejor calidad de vida. En este contexto, si la infraestructura falla o es inexistente, ello afectará inevitablemente la esfera de derechos de las personas.
Según datos de Unicef , las enfermedades asociadas al consumo de agua insegura, la falta de saneamiento y las deficiencias de higiene constituyen una de las principales causas de muerte en niños menores de cinco años. Se estima que más de 1,300 niños en ese grupo de edad mueren cada día por este tipo de enfermedades prevenibles.
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Asimismo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , alrededor de 1.19 millones de personas mueren cada año en el mundo como consecuencia de accidentes de tránsito, mientras que entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales. Estos accidentes constituyen además la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de entre 5 y 29 años.
No vayamos muy lejos, hace apenas unas semanas tuvimos conocimiento de un lamentable accidente en la refinería de Dos Bocas que, además de costar la vida de varias personas y afectar el ecosistema, desde su construcción fue objeto de cuestionamientos relacionados con el daño al medio ambiente y a los habitantes de la zona.
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Diversos instrumentos internacionales y nacionales, como el Acuerdo de Escazú, los componentes del Derecho a la Ciudad según ONU-Hábitat, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) entre otros, establecen una serie de directrices y recomendaciones que deben considerarse en la proyección de obras de infraestructura.
Algunas de estas recomendaciones incluyen: la sustentabilidad, la inclusividad, el fomento de la participación social en la definición y formulación de políticas urbanas, el acceso equitativo a la vivienda, servicios urbanos de calidad, infraestructuras resilientes y bajas en carbono, así como el impulso de la infraestructura de movilidad y de la infraestructura digital pública.
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En el sexenio anterior fuimos testigos de un interés particular por impulsar obras de infraestructura, especialmente aquellas relacionadas con el transporte ferroviario en el sur del país y la construcción de un aeropuerto. Este impulso continúa en el actual sexenio, pues hace apenas unos días la Presidenta de la República presentó la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, además de que en el Plan Nacional de Desarrollo se prevén varios proyectos en esta materia.
No obstante, la infraestructura desarrollada en el último sexenio en nuestro país dista mucho de atender las recomendaciones internacionales en la materia. En varios casos, dichas obras han significado pocos o nulos beneficios para la sociedad en su conjunto y se han reportado daños ambientales y sociales de gran magnitud. Además, se han señalado pérdidas y afectaciones al presupuesto público en posible contravención del artículo 134 de la Constitución que establece que los recursos económicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Por ello, la planeación y priorización de las obras de infraestructura no puede ser discrecional, por el contrario, debe responder a una visión social de largo plazo y a la protección y garantía de los derechos humanos. Particularmente, debería priorizarse la infraestructura básica, es decir, aquella que permite a las personas —especialmente a quienes menos tienen— atender sus necesidades más elementales, como el acceso al agua, a hospitales o a un transporte público digno y eficiente, aspectos que en los últimos años han sido desatendidos.
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Por ejemplo, según análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, los recursos destinados a agua potable, alcantarillado y saneamiento se reducirían casi a la mitad respecto de 2023, lo que refleja la baja prioridad que ha tenido la inversión en infraestructura hídrica en los últimos años. En dicho informe, destaca que CONAGUA disminuyó su número de inspectores a 160 y son ellos los responsables para vigilar el uso y las descargas de agua en todo el país, lo que ha repercutido en una caída de las visitas de verificación de casi 70 %.
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La proximidad del Mundial de Futbol ha evidenciado la verdadera situación de la infraestructura en nuestro país, al menos en la Ciudad de México: años de abandono en aspectos tan básicos como la pintura de puentes vehiculares, los sistemas de drenaje o la infraestructura de comunicación. A ello se suman obras cuya viabilidad o impacto social no siempre resulta clara y que, en algunos casos, han complicado aún más la ya difícil movilidad de la ciudad.
Adicionalmente, no debemos perder de vista un factor importante que puede estar impactando en la inversión de infraestructura, la situación presupuestal del país. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el nivel de endeudamiento actual es de casi el 57% del PIB. Asimismo, una parte importante del presupuesto público se está destinando a la dispersión de apoyos sociales. Según la presidenta del partido político mayoritario, en la actualidad, 55 millones de personas se benefician de ellos. Sin embargo, ello no se traduce en una mejora sostenida en el nivel de vida de los beneficiarios. Incluso, es posible, que ante la falta de transporte eficiente o de infraestructura hospitalaria suficiente, parte de esos ingresos, los ciudadanos tengan que destinarlos a cubrir necesidades que el Estado no está atendiendo mediante la inversión en infraestructura.
Debemos tener claro que la falta de infraestructura incluyente y sustentable afecta a toda la sociedad, pero especialmente a quienes menos tienen. Ninguna política pública orientada al bienestar puede sostenerse si descuida la inversión en infraestructura básica. El acceso al agua, al transporte público, a hospitales o a servicios urbanos de calidad no es un lujo, ni una obra secundaria: constituye la base material sobre la cual se construye el desarrollo económico y social de un país. Sin infraestructura suficiente, el bienestar termina siendo una promesa difícil de cumplir.
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Nota del editor: Angélica Manríquez Pérez es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral. Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Ha colaborado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Escríbele a angelica.manriquezperez@gmail.com Síguela en X como @ManriquezAngi y en Instagram como angelica.manriquezz Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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