Es fácil señalar culpables, pero los dedos no alcanzarían para apuntar a todas las direcciones de las instituciones que han fallado al momento de proteger a las infancias. Cuando Ana tenía 10 años, un niño abusó de ella en su propia casa, mientras su mamá y su papá trabajaban. Nunca habló del tema —porque fue amenazada—pero logró aislarse de su agresor, a pesar de la cercanía. Pasaron 27 años hasta que mencionó ese delito, no de manera consciente sino fortuita. Algo en ella se animó a hablar al ver que la cantante mexicana Sasha Soköl también reconoció el abuso que padeció de niña.
Fallamos en atender y prevenir el abuso sexual infantil como problema de salud pública
Es difícil hallar empatía cuando estás tratando de recuperar la tranquilidad en tu vida al mismo tiempo que lidias con acoso laboral, una familia deshecha con la verdad y salud en su punto más bajo.
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Después de décadas de silencio quería hablar más que nunca; se lo contó a sus amigas y amigos más queridos, no quería que alguien de sus entornos pasara por lo mismo que ella. Pero, frecuentemente, el abusador no se detiene y tuvo otra víctima en su círculo inmediato. Por años creyó que su silencio fue el culpable de que otra persona sufriera lo mismo que ella. Para intentar superarlo, tomó varios tipos de terapia para sobrellevar el shock de reconcerse como víctima de abuso sexual infantil y de ver cómo toda su vida se desmoronaba en tanto empezaba a hablar y señalar al culpable.
Lamentablemente, esta no es solo la historia de Ana sino la de millones de niñas y niños en México que viven con sus agresores. Son primos, hermanos, hermanas, tías, abuelos, madres, padres, vecinos, amigos… todas personas cercanas. Pero no es una falla exclusiva de las familias, también el sistema revictimiza y es urgente cambiar esa realidad.
A pesar de los esfuerzos para contar con unidades especializadas de atención a víctimas de abuso sexual, la realidad frena cualquier intento de justicia cuando la abogada de la Fiscalía dice que “el delito ya prescribió”. Después de contar su caso, al menos cinco veces en el mismo día, —y otras tantas en su unidad de atención psicológia—Ana se dio cuenta de que la revictimización apenas empezaba. O al menos así fue su experiencia en la Fiscalía General de Justicia Ciudad de México. Ana dijo que el abuso contra Sasha también pasó hace varios años y le reviraron “es un caso mediático, no todos se tratan así”. Afuera de la Fiscalía la esperaba su amiga para consolarla.
A lo único que accedió fue a “terapia de apoyo”; es decir, cada tres meses podía hablar con una psicóloga de la Fiscalía durante 50 minutos. De haber dependido solo de esas sesiones de terapia, Ana no hubiera podido contar su historia. El estilo de esas sesiones era señalar con odio al perpetrador, a su madre por la falta de apoyo, a su padre por la violencia que ejerció en su familia y a ella por sentirse culpable. Mientras, Ana iba a trabajar con la mente destruida, el corazón roto y un grifo abierto en los ojos.
Parece contradictorio, pero es difícil encontrar empatía cuando estás tratando de recuperar la tranquilidad en tu vida al mismo tiempo que lidias con el acoso laboral, una familia deshecha con la verdad y la salud en su punto más bajo. Aun así, Ana se considera privilegiada al poder pagar varios tipos de terapia fuera de la Fiscalía, de tener el apoyo absoluto de su esposo, la calidez de sus amigas y amigos (su familia extendida) y la comprensión de personas que ahora son su círculo seguro.
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Pero ignorar el dolor de las víctimas es lo habitual. México es el tercer país con más casos de violencia sexual infantil, superado por Camboya y Tailandia. De acuerdo con datos del INEGI , 12.4 millones de mujeres a partir de los 15 años experimentaron violencia sexual durante la infancia en 2021. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes indicó que de enero a octubre de 2020 se registraron 3,581 casos de atención hospitalaria por violencia sexual, de los cuales 92 % eran niñas y 7.4 % niños.
La disparidad de los registros permite ver que no hay datos suficientes ni seguimiento puntual a este problema de salud pública, a pesar de las graves consecuencias de vivir este tipo de abuso en la infancia. Por ejemplo, especialistas de la UNAM señalan que las víctimas pueden desarrollar conductas autolesivas y riesgosas, que van desde el consumo de alcohol y drogas hasta autolesiones, pensamientos suicidas y trastornos.
Investigar las estadísticas para esta columna fue como abrir una cloaca donde cada dato era más repugnante que el anterior. Y detrás de cada cifra están las historias de niñas y niños destrozados en su salud psicofísica; están familias enteras que se rompen por defender a quien abusó o por denunciarlo, por señalar el delito o callarlo.
Lo más preocupante es que mientras se reconocen algunas cifras, que van de los miles a los millones de niñas y niños atendidos precariamente por el sistema de justicia y salud, el número real de víctimas es incierto.
Más del 90 % de los casos quedan impunes … de fallarle a las infancias lo hemos hecho todos; somos responsables de que se queden en la etapa de víctimas, no solo del abuso sexual, sino del sistema. El Estado, la familia y las institituciones han hecho muy poco para que las infancias sean sobrevivientes tratadas con dignidad, de manera integral y con justicia restaurativa para todos los casos, no solo los mediáticos.
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No podemos permitirnos que una sola infancia atraviese por este dolor, por ello, hago un llamado respetuoso a los Poderes de la Unión para que con sus facultades, aprueben la difusión masiva y obligatoria —en todos los medios del estado y de la radiodifusión comercial— de información de prevención para que niñas y niños sepan cuidar de su cuerpo, que sepan que estar expuestos a desnudez, tocamientos y conversaciones que invadan su privacidad y su cuerpo son delitos. Nadie debe tocar a las infancias. En la medida que niñas y niños accedan a esta información se pueden autoproteger de manera inicial mientras el sistema de justicia elabora las medidas punitivas que los especialistas consideren necesarias.
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Nota del editor: Liliana Corona es Maestra en Comunicación, consultora en contenidos y periodista. Actualmente trabaja en propuestas de prevención del abuso sexual infantil en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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