La informalidad laboral no es sólo un dato estadístico; es la principal falla estructural de nuestra economía. Actúa como un freno de mano permanente para la productividad y como una fábrica de pobreza. La solución radica en atacar su núcleo: la falta de afiliación a la seguridad social. (Ver: ¿Qué hacemos con la informalidad laboral?, Expansión 9/1/2026).
Para acabar con la informalidad: un “puente” de transición al IMSS
La cobertura universal de salud requerirá, sin duda, nuevos recursos. Pero el primer paso impostergable es ordenar y redirigir los que ya existen.
@rghermosillo
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Para dimensionar el problema: de los 33 millones de trabajos informales, únicamente el 0.1% tiene acceso al seguro social. Esta exclusión adopta formas diversas. La informalidad es masiva en el trabajo por cuenta propia (88%), en micronegocios (84%), en el campo (86%) y en el trabajo doméstico (95%). No es un fenómeno homogéneo, pero su raíz es común: el acceso a la salud condicionado a un empleo formal, un mecanismo que excluye a la mayoría (55%).
El epicentro del desafío son los micronegocios, que concentran a 20 millones de trabajadores informales. Estos no son, en su mayoría, empresas en ciernes; son estrategias de supervivencia. Pretender que se “formalicen” bajo las reglas actuales es ilusorio. Por ello, la vía realista es tender un “puente” que los conecte con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Este puente permite superar dos grandes mitos. Primero, que la informalidad es un estado permanente. La realidad es dinámica: cada mes, el IMSS registra alrededor de 1.5 millones de altas y bajas. Cientos de miles de personas oscilan entre la protección y la desprotección, en una montaña rusa de derechos que nadie debería sufrir. Segundo, que los sistemas de salud deben mantenerse separados. Hoy, el IMSS atiende de facto a más del 90% de la población. La segmentación institucional es un obstáculo administrativo, no una garantía de derechos.
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La propuesta concreta es un Régimen de Incorporación Simplificada al IMSS, inspirado en la lógica de esquemas fiscales como el RESICO del SAT. Su objetivo no es perpetuar la diferencia, sino superarla mediante una transición inteligente y subsidiada, alineada a los incentivos.
La cobertura universal de salud requerirá, sin duda, nuevos recursos. Pero el primer paso impostergable es ordenar y redirigir los que ya existen. El Estado destina un presupuesto sustancial a subsidiar la atención para la población no derechohabiente, pero lo hace mediante modelos inerciales, fragmentados, no centrados en las personas. Se trata de canalizar ese gasto hacia un subsidio decreciente para la afiliación de los trabajadores de micronegocios, similar al antiguo RIF. El primer año podría ser 100% subsidiado, reduciéndose gradualmente.
Este mecanismo sería el complemento imprescindible de herramientas como la credencial única de salud, pues sin un esquema de afiliación y financiamiento claro, es un carnet sin cobertura. La prioridad debe ser la coordinación para el pago y la prestación del servicio, aprovechando la capacidad instalada subutilizada e innovando en modelos de atención preventiva. Con estos ajustes, la asignación de recursos frescos tendría un destino claro y eficiente.
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Esta propuesta pragmática apunta a un cambio mayor: desvincular el derecho a la salud de la condición laboral. Es la llave para desactivar la raíz de la informalidad y, sobre todo, para permitir que florezcan los emprendimientos. La mayoría nacen como micronegocios y deben poder evolucionar sin ser trampas de precariedad, sino como semillas genuinas de crecimiento sostenible e incluyente.
El puente al IMSS no es una locura; es la ruta práctica para empezar a construir el estado de bienestar que la economía mexicana necesita.
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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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