En municipios de toda la república, comisarios, directores de área y titulares de seguridad llegan a sus cargos no porque demuestren capacidad probada de liderazgo, sino porque tienen vínculos políticos convenientes.
Las ternas arregladas en cabildos y las designaciones directas ignoran olímpicamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creando una ficción administrativa donde los mandos legítimos conviven con jefes ilegítimos que nunca pasaron por academia, carrera policial o evaluación de competencias.
Esta práctica genera una erosión moral entre los policías operativos que sí cumplen requisitos legales, vieron sus expedientes revisados y cuentan con trayectorias verificables. ¿Cómo mantener disciplina y confianza institucional cuando quién manda llegó por compadrazgo y no por mérito?
Las consecuencias son estructurales: corporaciones desmoralizadas, desorden de autoridad, infiltración criminal facilitada hacia mandos débiles, y una desconexión permanente entre la realidad operativa y las decisiones directivas. Cuando los mandos carecen de experiencia policial, no entienden los desafíos que enfrenta el personal en calle.
Los problemas de seguridad pública mexicana no son únicamente de capacidad operativa, sino de legitimidad institucional desde arriba hacia abajo.
Un proceso riguroso debería comenzar con convocatorias públicas transparentes donde cualquier policía con mínimo diez años de carrera comprobada en la misma corporación pueda participar. Los requisitos legales del SNSP no son decorativos: deben ser exigibles. Evaluaciones psicométricas independientes, entrevistas con comités técnicos, revisión de expedientes disciplinarios y un ejercicio práctico sobre casos reales de seguridad pública garantizarían selecciones basadas en capacidades reales. Los municipios deben reconocer que elegir mandos es elegir el futuro de sus corporaciones, no un favor político.
Los titulares de seguridad municipal necesitan experiencia operativa demostrable, formación en gestión pública, comprensión de inteligencia criminal, y capacidad de liderazgo institucional. No basta haber sido policía; hace falta haber sido buen policía.
Los perfiles idóneos combinarían antigüedad en la institución, evaluaciones de desempeño destacadas, cursos de especialización completados, y, crucialmente, referencias verificables de superiores anteriores.
Un mando sin historia policial es un mando sin legitimidad frente a sus subalternos.
La solución técnica más efectiva es la independencia del proceso: crear comisiones evaluadoras integradas por académicos especializados en seguridad pública, miembros del Instituto Nacional de Seguridad Pública, representantes de corporaciones policiales exitosas en la región, y un observador ciudadano certificado. Estas comisiones no deben reportar al presidente municipal, sino al cabildo completo y a instancias estatales de evaluación.
Las decisiones deben publicarse con justificación técnica detallada, permitiendo impugnaciones y revisiones.
Una novedad viable sería establecer períodos de evaluación a mitad del mandato: si un titular no cumple métricas objetivas de desempeño, puede ser removido sin esperar fin de trienio.
Los municipios deben convocar a universidades locales, colegios de profesionales en seguridad, representantes de organizaciones civiles dedicadas a seguridad pública, y delegados del SNSP.
Estos actores validarían requisitos, supervisarían convocatorias y garantizarían transparencia. Las corporaciones estatales de seguridad también tienen rol crucial: pueden proporcionar benchmarks de desempeño, asesoría técnica y referencias sobre candidatos que hayan trabajado en operativos interinstitucionales. El gremio policial, aunque conflictivo, posee información valiosa sobre trayectorias reales de sus afiliados y debe tener voz con voto a través de un representante decano.
Primero, la reforma debe iniciarse con reformas legislativas locales que obligue a municipios a crear institutos municipales de selección de mandos, dotados de presupuesto propio e independencia operativa.
Segundo, establecer un banco nacional de candidatos certificados que ya cumplan requisitos, permitiendo que municipios seleccionen entre opciones pre-evaluadas.
Tercero, implementar auditorías externas anuales sobre el desempeño de mandos nombrados mediante estos procesos, comparándolos con los designados por compadrazgo en otras municipalidades.
México no puede permitir que sus policías municipales continúen siendo feudo de clientelismo político.
La seguridad pública requiere instituciones sólidas donde la carrera policial importe, donde el mérito sea verificable y donde los mandos sean elegidos por capacidad, no por conveniencia.
La pregunta no es si es posible cambiar; la pregunta es cuánto tiempo más el país tolerará simulaciones mientras sus ciudadanos viven inseguridad provocada, parcialmente, por instituciones policiales deslegitimadas desde su cúpula.
La meritocracia en mandos policiales no es un lujo reformista: es condición fundamental para que exista seguridad pública real.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
