El imperio de la impunidad silenciosa: cómo México invisibilizó el delito común

Esta desconexión no es accidental; es resultado de decisiones políticas que han invisibilizado el delito común, condenando a millones a vivir bajo un imperio de la impunidad silenciosa.

Las razones de la inacción federal

La SSPC opera bajo una lógica que prioriza el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada no por su magnitud relativa, sino por su capacidad de captar narrativas políticas y presupuestos especiales.

Mientras tanto, los delitos del fuero común permanecen huérfanos de supervisión federal. Las fiscalías estatales funcionan sin auditoría integral, sin metas de desempeño estandarizadas y sin consecuencias por su inoperancia.

Las policías municipales, en particular, carecen de estándares nacionales de investigación, capacitación y profesionalización. El resultado es predecible: tramitología desalentadora, denuncias que desaparecen en archivos polvorientos, y ciudadanos que optan por no reportar delitos porque saben que la respuesta institucional será el silencio burocrático.

Esta negligencia se perpetúa porque nadie en el nivel federal debe rendir cuentas por ella. No hay tablero de control que visibilice los números rojos de las fiscalías locales. No hay auditoría que examine por qué en ciertos municipios el 95% de robos quedan sin esclarecimiento. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la SSPC, reporta triunfos contra carteles, pero nadie pregunta por las 350,000 víctimas anuales de delitos comunes que nunca ven justicia.

Hacia una reorientación efectiva

Combatir delitos del fuero común requiere medidas que reconozcan su naturaleza descentralizada.

Primero, debe implementarse un protocolo nacional de investigación para delitos de alto impacto social: robo a transeúnte, robo a comercio, violencia intrafamiliar y extorsión. Este protocolo debe incluir estándares mínimos de recopilación de evidencia, entrevista de víctimas y seguimiento de casos. No puede haber investigación de calidad si no hay un instrumento común que garantice estándares en Oaxaca, Guerrero y Guanajuato simultáneamente.

Segundo, las fiscalías requieren recursos específicos para investigación penal ordinaria. Actualmente, los presupuestos de seguridad pública se concentran en cuerpos especializados de combate al crimen organizado, dejando a los investigadores locales sin laboratorios forenses, peritos criminales o bases de datos confiables. Una justicia accesible para delitos comunes demanda infraestructura, no solo voluntarismo institucional.

Tercero, deben crearse incentivos para que los municipios mejoren su desempeño. Un fondo federal condicionado a reducción de cifra negra en robo a comercio y violencia intrafamiliar —medible a través de encuestas de victimización independientes— incentivará la profesionalización sin coerción vertical.

Parámetros de control y evaluación

La autoridad rectora debe establecer indicadores que rompan la opacidad actual. El SESNSP debe publicar trimestralmente: porcentaje de denuncias recibidas por tipo de delito; porcentaje de casos con investigación iniciada; tasa de esclarecimiento por delito y jurisdicción; tiempo promedio de resolución; y tasa de condena. Estos datos, desagregados por municipio y estado, permitirían identificar focos de colapso institucional y hacer visible lo que hoy permanece oculto.

Además, debe establecerse evaluación externa de fiscalías estatales mediante auditorías aleatorias de expedientes, entrevistas con víctimas y análisis de selección de casos. Si cierta fiscalía investiga únicamente crímenes de alto perfil e ignora robos ordinarios, esa decisión debe ser documentada y contestada.

Indicadores de eficacia y eficiencia

Las corporaciones locales deben operar bajo métricas claras.

Para policías: porcentaje de delitos reportados que derivaron en carpeta investigación; tiempo de respuesta promedio; tasa de detención en flagrancia; y satisfacción ciudadana con el servicio.

Para fiscalías: porcentaje de casos remitidos a juicio; tasa de condena; tiempo promedio de resolución; y gestión de cartera de casos pendientes. Estos indicadores deben publicarse públicamente cada semestre para permitir contraloría ciudadana.

Propuestas para la reorientación institucional

La transformación de esta realidad requiere un conjunto articulado de acciones que el gobierno federal debe implementar sin dilación.

a) Primero, debe crearse una Dirección Federal de Supervisión de Delitos Comunes dentro del SESNSP, con capacidad de auditoría directa a fiscalías estatales y policías municipales, independiente de sus gobiernos locales. Esta institución tendría mandato específico de visibilizar y combatir la inacción en delitos ordinarios.

b) Segundo, es imperativo establecer un Fondo Nacional de Acceso a Justicia que transfiera recursos a policías municipales y fiscalías según cumplimiento de metas de investigación verificadas por auditoría federal independiente. Este mecanismo debe condicionar subsidios a desempeño real, creando incentivos tangibles para profesionalización y eficacia.

c) Tercero, el gobierno debe publicar un Índice Trimestral de Acceso a Justicia que califique fiscalías y policías por tasa de esclarecimiento, diligencia investigativa y satisfacción de víctimas, con divulgación pública obligatoria. La transparencia y la comparabilidad institucional son herramientas de cambio que la ciudadanía puede monitorear y exigir.

La urgencia del cambio

México sufre una violencia cotidiana que no aparece en los titulares nacionales, pero que erosiona la confianza institucional y la paz social. La desconexión entre política federal y realidad local no resolverá esta crisis.

Solo una supervisión activa, recursos orientados y responsabilidad medible permitirán devolver a millones de mexicanos la esperanza de que, cuando sean víctimas de un delito ordinario, el Estado esté presente.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.