Cuando el estado se rinde. El verdadero negocio de las policías municipales precarias

¿Por qué las policías municipales permanecen precarias en 2026?

La precariedad de las policías municipales no obedece a falta de recursos o de lineamientos técnicos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha generado marcos regulatorios claros, pero estos documentos permanecen en los escritorios sin permear la realidad operativa. La verdadera causa es estructural: las corporaciones municipales son instituciones débiles por diseño.

Primero, porque enfrentan presupuestos crónicamente insuficientes. Un policía municipal en la mayoría de municipios gana entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales. A este salario se le suma la vulnerabilidad permanente: es el blanco más accesible del crimen organizado. Un oficial municipal cobra poco, enfrenta riesgos altos y carece de protección real. Esto genera incentivos perversos: corrupción, deserción, infiltración. Un narco puede pagar 50,000 pesos mensuales por información o inacción. La lógica económica del crimen organizado vence a la del Estado.

Segundo, porque enfrentan debilidad institucional congénita. Las policías municipales no tienen tradición de profesionalismo. Nacieron débiles, frecuentemente como apéndices administrativos de presidencias municipales. No cuentan con sistemas robustos de carrera, capacitación continua ni estándares de desempeño que se evaluén. Un policía municipal puede trabajar sin cambio alguno durante años. No hay promoción real por mérito, no hay castigo real por corrupción. La mediocridad se institucionaliza.

Tercero, porque están capturadas por dinámicas políticas locales. El presidente municipal designa jefes de policía por lealtad política, no por competencia. Estos jefes duran dos, tres años máximo. No hay tiempo para implementar cambios estratégicos. Cuando un nuevo presidente municipal asume, cambia al jefe de policía. Recomienzas del cero. El resultado es una corporación perpetuamente fragmentada, sin dirección estratégica, sin memoria institucional.

El capricho político contra los lineamientos nacionales

El SESNSP estableció, hace años, que las policías municipales deben operar bajo estándares de profesionalización, evaluación y certificación.

Existe un protocolo. Existen métricas.

Existe, en teoría, un sistema de supervisión. Pero ninguno de estos mecanismos tiene dientes. Un municipio puede ignorar completamente los lineamientos sin consecuencias financieras reales. El gobierno federal puede suspender recursos, pero rara vez lo hace. La presión política es mayor que la presión institucional.

La realidad es que alcaldes y gobernadores operan las policías municipales de acuerdo a sus intereses locales. Un gobernador puede usar policías municipales para negociar con grupos criminales, para dar seguridad a sus aliados políticos o empresariales, para perseguir adversarios.

Un alcalde puede mantener una corporación desorganizada porque ello evita conflictos internos y le permite mantener control personalista. Los lineamientos nacionales son, en este contexto, letra muerta.

Esto ocurre porque no existe una autoridad supramunicipal real con poder para sancionar. El federalismo mexicano es débil en seguridad. Los estados tienen capacidades limitadas. La Federación carece de mecanismos de intervención directa en corporaciones municipales sin traspasar límites constitucionales. El resultado es un vacío donde impera el capricho político local.

Auditoría autónoma: condición para la integridad

Para intervenir en la auditoría de policías municipales sin responder a caprichos políticos, México requiere crear un sistema de supervisión externa, autónomo e imparcial. Esto no significa crear otra dependencia burocrática.

Significa fortalecer mecanismos existentes: auditorías internas profesionalizadas, inspectorías de carácter técnico con independencia garantizada, sistemas de denuncia anónima con protección real para denunciantes internos.

La auditoría debe ser permanente, no extraordinaria. Debe estar dotada de facultad para investigar, para entrevistar, para revisar expedientes. Debe tener poder para recomendar sanciones sin que estas sean bloqueadas por autoridades locales. Y crucialmente, debe estar insuficientemente politizada como para resistir presiones.

Un modelo viable es descentralizar la auditoría: crear coordinaciones regionales que dependan de la Federación y no del estado. Estas coordinaciones tendrían mandato para revisar múltiples corporaciones municipales simultáneamente, identificar patrones de corrupción, dar seguimiento a oficiales problemáticos.

Los resultados serían públicos, generando presión social y mediática. Los municipios que incumplan enfrentarían pérdida de transferencias federales.

Hacia una reestructuración integral: tres dimensiones

Una solución coherente requiere actuar simultáneamente en tres dimensiones que actualmente operan desconectadas.

Dimensión Política: Establece autonomía operativa real para las corporaciones municipales. Un jefe de policía debe tener mandato de cuatro años, no dos. Debe ser designado mediante proceso técnico, no político. Alcaldes conservan responsabilidad política general, pero no intervención cotidiana en decisiones operativas. Esto requiere cambios legislativos en la mayoría de estados. Políticamente es viable si se enmarca como "despolitización de la seguridad", narrativa que funciona.

Dimensión Financiera: Incrementa presupuestos municipales para seguridad, pero condiciona transferencias federales a cumplimiento de estándares de profesionalización. Un municipio que invierte en policía débil debe perder financiamiento. Un municipio que implementa estándares reales accede a recursos complementarios. Esto crea incentivos correctos. El salario de policías municipales debe alcanzar 25,000-30,000 pesos mensuales en municipios de riesgo. Esto no es caro comparado con el costo de inseguridad.

Dimensión Operativa: Reforma los sistemas de reclutamiento, capacitación y evaluación. Las policías municipales requieren ciclos de capacitación continua, evaluaciones pedagógicas periódicas, sistemas de carrera claros donde mérito genera ascensos. Esto debe ser nacional, con estándares uniformes. Requiere profesores-capacitadores federales, currículums estandarizados, evaluaciones independientes.

De la retórica a la acción

México no carece de marcos normativos para policías municipales profesionales. Carece de voluntad política para respetar esos marcos y de mecanismos institucionales para reforzar esta acción.

Mientras los alcaldes hablen de seguridad pero mantengan policías precarias, mientras estados deleguen responsabilidad sin supervisión, mientras políticos locales utilicen corporaciones para intereses particulares, la precariedad perseverará.

La solución existe.

Es técnicamente viable, financieramente posible, políticamente defendible.

Requiere transferir capacidad de decisión desde lo político hacia lo técnico, fortalecer mecanismos de auditoría, profesionalizar la carrera policial, garantizar presupuestos adecuados. Requiere, fundamentalmente, que el Estado mexicano entienda que policías débiles no son una característica inevitable del federalismo, sino una decisión que puede revertirse. En 2026, esa decisión sigue sin tomarse.

Mientras tanto, la seguridad de mexicanos en municipios pequeños y medianos permanece en manos de instituciones frágiles, capturadas y desesperadas. Este es el costo real de la retórica sin acción.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.