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La encrucijada es ahora: México 2026, la consolidación o la resignación

2026 es el momento en que las decisiones sobre seguridad y justicia definirán si México avanza hacia instituciones o se resigna a la fragmentación perpetua.
mié 07 enero 2026 11:59 PM
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Policías locales ganan menos que un trabajador de comercio, trabajan jornadas que violarían cualquier contrato formal, carecen de equipamiento básico y, en demasiados casos, enfrentan presión de carteles con poder de fuego superior. Algunos se corrompen; otros se desgastan hasta la indiferencia. No pocos mueren, señala Alberto Guerrero Baena. (Foto: Tomada de la cuenta de X de Omar García Harfuch)

Hace poco visité una fiscalía en un estado del Occidente de México. Un fiscal, con casi 30 años en la institución, me mostró sus libros de registro: nombres, fechas, casos resueltos. Luego señaló una pila de expedientes sin resolver. "Estos son los olvidados", dijo.

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Esos expedientes—hurtos, fraudes, violencia intrafamiliar, lesiones—representan la paradoja más urgente de México en 2026: mientras perseguimos a los monstruos del crimen organizado, hemos abandonado la justicia ordinaria que los ciudadanos experimentan cada día en sus calles y sus hogares.

Esta no es una queja de gestión. Es el retrato de un país atrapado en una encrucijada que demanda más que voluntad política: requiere transformación sistémica simultánea en al menos cuatro frentes que se retroalimentan mutuamente. Navegar esta realidad exige entender no solo qué está roto, sino por qué se rompió y cómo puede recomponerse.

El abandono de la justicia ordinaria

Durante dos décadas, México priorizó la "guerra contra el narcotráfico" como el eje de la seguridad pública. Fue una decisión comprensible pero devastadora en sus consecuencias no intencionadas. La Policía Federal, ahora Guardia Nacional, absorbió recursos, atención y legitimidad. Las fiscalías se enfocaron en crimen organizado. Los juzgados se saturaron de delitos asociados. Mientras tanto, la policía local se desmoronó—sin presupuesto, sin capacitación, sin moral.

El resultado: el robo de un celular en una colonia popular es realidad cotidiana sin consecuencias. Una agresión sexual en transporte público raramente llega a investigación seria. Los fraudes que devastan familias se archivan por falta de capacidad. La justicia ordinaria, que es la que toca la vida de millones de mexicanos, se convirtió en un servicio de clase media alta.

Esto genera un efecto corrosivo que va más allá de números: erosiona la confianza en las instituciones precisamente donde más importa—en la experiencia diaria de seguridad. Una mujer que ve cómo su agresor circula libre no cree en la Guardia Nacional ni en reforma alguna, aunque ésta sea necesaria.

La profesionalización incompleta

Hablemos de los policías locales. Muchos ganan menos que un trabajador de comercio, trabajan jornadas que violarían cualquier contrato formal, carecen de equipamiento básico y, en demasiados casos, enfrentan presión de carteles con poder de fuego superior. Algunos se corrompen; otros se desgastan hasta la indiferencia. No pocos mueren.

Entrenarlos exige inversión de largo plazo: no solo cursos de capacitación, sino salarios dignos, carrera profesional, equipamiento, supervisión. Las fiscalías locales enfrentan desafío similar: funcionarios sin experiencia en investigación criminal moderna, sin acceso a tecnología, en entornos donde el crimen organizado tiene más recursos que el Estado.

Aquí está la paradoja: es más fácil enviar tropas que generar policías profesionales. Es más rápido anunciar una operación que crear sistemas de investigación robusto. Pero sin profesionalización, cualquier operación es solo performance temporal.

Los jueces desorientados

Pocos reconocemos la encrucijada en que se encuentran los jueces penales mexicanos. México transitó hace años del sistema inquisitivo al acusatorio—un cambio estructural equivalente a cambiar los cimientos de un edificio mientras los habitantes viven en él. Los jueces pasaron de ser investigadores a ser árbitros. El Ministerio Público debía especializarse en acusación. La defensa debía ser adversarial.

Pero esta transición ocurrió sin suficiente capacitación, sin suficientes recursos, sin suficiente tiempo de maduración. Resultado: jueces inexpertos en un sistema nuevo, presionados por demasiados casos, sin acceso a prueba pericial confiable. El sistema promete debido proceso acusatorio; la realidad entrega confusión institucional.

El factor geopolítico silencioso

Existe una dimensión que rara vez se discute en la mesa: las dinámicas de la geopolítica de la seguridad. Estados Unidos, con su demanda insaciable de drogas, sus armas en circulación, su interés en estabilidad regional, es un actor fundamental. Los acuerdos bilaterales, la cooperación en inteligencia, las presiones diplomáticas—todo esto moldea nuestras capacidades y nuestras opciones.

Latinoamérica, por su parte, enfrenta dinámicas similares de fragmentación institucional. Esto importa porque aisladamente México no puede resolver estos problemas. Se requiere coordinación regional, acuerdos sobre extradición y cooperación criminal, políticas compartidas sobre drogas.

Las soluciones están disponibles

Aquí está lo crucial: estas no son crisis sin solución. Otros países han navegado transiciones similares. Aquello que se requiere es poco revolucionario pero muy exigente: voluntad política sostenida.

Primero, establecer sistemas de justicia local con recursos propios, autónomos, protegidos de presión política. Los gobiernos municipales y estatales requieren capacidad investigativa real—no para grandes operaciones, sino para que el hurto, la agresión y el fraude sean investigados seriamente.

Segundo, profesionalizar desde adentro: salarios competitivos para policías y fiscales, carrera real, sistemas de evaluación rigurosa. Esto cuesta, pero es más barato que continuar con corporaciones capturadas.

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Tercero, invertir en capacitación judicial continua. Los jueces requieren recursos para pericia técnica, psicología forense, análisis de inteligencia. El sistema acusatorio es mejor, pero requiere más sofisticación, no menos.

Cuarto, coordinar regionalmente sobre dinámicas que trascienden fronteras. Esto significa negociaciones complejas, pero es inevitable.

México en 2026 no está ante un problema sin solución, sino ante la exigencia de construir instituciones donde hay fragmentos. Es trabajo de décadas. Requiere continuidad más allá de cambios políticos. Pero es el único camino que funciona.

La pila de expedientes sin resolver que vi en aquella comandancia seguirá creciendo mientras no enfrentemos esta realidad de frente.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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