“Mafufadas”. Con esa palabra despachó Adán Augusto López Hernandez la pregunta incómoda sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado. “Yo no hago caso a mafufadas”, dijo ante cámaras, como si todo fuera un cuento, como si el país tuviera que olvidarse de documentos, órdenes de aprehensión, investigaciones y expedientes que se acumulan a su alrededor. Quiso clausurar la conversación; lo único que clausuró fue la paciencia pública.
Adán Augusto y las “mafufadas”
Su reacción es la de siempre: minimizar las acusaciones con frases como “no cometo ningún delito”. Luego se cura en salud: “ninguna autoridad me ha acusado”.
@JTrianaT
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Porque no es “mafufada” que su exsecretario de Seguridad en Tabasco y amigo de décadas, Hernán Bermúdez Requena —líder de La Barredora— terminara detenido, extraditado y vinculado a proceso por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. No es rumor: es un caso judicial vigente que lo mantiene en El Altiplano.
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Tampoco es “mafufada” que desde 2019 el nombre de Adán Augusto apareciera en expedientes de la Secretaría de la Defensa. El llamado “Caso Olmeca”, revelado por los Guacamaya Leaks, contiene mensajes interceptadas donde se le menciona con el alias de “el tío”, señalado de facilitar el transporte de combustible ilegal en las carreteras de Tabasco.
No es “mafufada” que su nombre también esté ligado a la red del huachicol fiscal en la Marina. Las carpetas filtradas de la FGR describen la operación de muelles concesionados y señalan al empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, concesionario del muelle fiscal 289 en Tampico, como parte de ese engranaje. No sólo controló la terminal por donde arribaron buques cargados con combustible ilegal; también fue uno de los principales financiadores de la campaña de Adán Augusto cuando intentó, sin éxito, ser candidato presidencial.
Al mismo tiempo, corre la trama de las finanzas privadas del coordinador de Morena en el Senado. Televisa ha documentado que entre 2023 y 2024 Adán Augusto recibió transferencias por 79 millones de pesos que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. Entre los pagadores figuran empresas catalogadas por el SAT como “fantasmas” o contratistas de su gobierno en Tabasco. No es rumor: son depósitos con RFC, razón social y timbres fiscales, y además se confirma algo igual de grave: no sólo recibió ese dinero, también está pagando menos ISR del que debería.
Su reacción es la de siempre: minimizar las acusaciones con frases como “no cometo ningún delito”. Luego se cura en salud: “ninguna autoridad me ha acusado”. Pero la investigación no deja lugar a dudas; cita transferencias irregulares y exhibe inconsistencias fiscales.
No es “mafufada” que su círculo cercano acumule contratos públicos contiene gobiernos de su partido. Luis Humberto Montaño —su amigo y colaborador en el Senado— ha sido señalado por ganar, súbitamente, más de 8,000 millones en contratos con gobiernos morenistas, especialmente el de Tabasco.
El inventario sigue creciendo. Está el escándalo de las ambulancias de Andrea Chávez, financiadas por Fernando Padilla Farfán, empresario cercano a Adán, con contratos millonarios con gobiernos de Morena, que convirtió las unidades médicas en herramienta de propaganda política de la senadora.
Y está también el caso Chiapas: el ex gobernador Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto, asignó casi 500 millones de pesos en contratos a Ernesto Carballo Zurita, otro empresario cercano al ex secretario de Gobernación.
La defensa ensayada es la misma: “es la derecha conservadora”, “la oposición difama”, “son mafufadas”. Pero la realidad es más terca: las capturas, los aseguramientos, los informes militares, las auditorías y las carpetas de investigación existen sin importar el adjetivo.
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Más allá de su fuero, más allá de su íntima cercanía con López Obrador —quien lo llama “mi hermano”— Adán ha dinamitado el sonsonete de la “honestidad valiente” de su movimiento político y ha puesto contra las cuerdas a Claudia Sheinbaum. Cada revelación obliga a Morena y sus aliados a cerrar filas, convierte en litigio mediático lo que apesta a caso penal. El costo reputacional ya golpea: un gobierno que presume “cero impunidad” mientras la ciudadanía ve la corrupción, los cárteles de la droga y los grupos criminales incubados desde sus propias entrañas.
No, no son “mafufadas”. “Mafufada” es recubrir con desdén lo que en los expedientes aparece con cifras, nombres y documentos. “Mafufada” es creer que la palabra de un político puede borrar evidencias. “Mafufada” es normalizar lo que debería costar, al menos, la coordinación parlamentaria, el escaño y el fuero. Ya no hay espacio para más simulaciones: urge que la gota derrame el vaso. Y que las “mafufadas” también se investiguen de Adán Augusto para arriba.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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