“Ya está saliendo toda la pudrición”. Con esa frase se regodeaba el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, al referirse al caso de La Barredora, el escándalo que vincula a su hoy adversario político Adán Augusto López con el crimen organizado. Pero el propio “Pepín”, como se le conoce al hermano del expresidente, forma parte de la misma pudrición que corroe al entorno familiar de Andrés Manuel López Obrador.
La pudrición de los López
El obradorismo prometió limpiar la política, pero solo la convirtió en un negocio familiar.
@JTrianaT
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En días recientes se reveló que José Ramiro posee 13 ranchos con una extensión total cercana a las 600 hectáreas. De acuerdo con su declaración patrimonial, el valor conjunto de estas propiedades asciende a más de 8.6 millones de pesos. Los ranchos fueron adquiridos entre 2018 y 2024, justo durante el sexenio de su hermano Andrés Manuel López Obrador. Los reportes indican que las compras se realizaron en efectivo y de contado, lo que despierta serias sospechas sobre el origen de los recursos y el crecimiento inexplicable de su patrimonio.
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Pepín fue acusado de peculado y desvío de recursos públicos durante su gestión como alcalde de Macuspana, a través del proyecto “Macuspana Siglo XXI”, financiado con un préstamo gestionado ante Banobras. Los recursos no fueron transparentados ni debidamente comprobados. En la práctica, de todo el proyecto solo se concretó parcialmente la construcción de un puente sobre el río Puxcatán, a cargo de una empresa propiedad del contratista favorito del obradorismo: José María Riobóo, esposo de la ministra Yasmín Esquivel. Nada fue investigado a fondo.
La esposa de José Ramiro López Obrador, Concepción Falcón Montejo, también ha estado envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción municipal en Tabasco. Durante el periodo 2019-2020, Falcón fungió como Síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Macuspana, y en septiembre de 2020 presentó su renuncia junto con el alcalde y 11 regidores más, en medio de acusaciones por un desfalco de más de 200 millones de pesos. La crisis fue de tal magnitud que el Congreso de Tabasco declaró la desaparición del Ayuntamiento y designó un concejo municipal interino.
Los casos de corrupción que involucran a la familia López Obrador son numerosos. El hijo mayor, José Ramón López Beltrán, fue el primero en exhibir el doble discurso del obradorismo el sexenio pasado. Su “Casa Gris” en Houston, Texas, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos millonarios con Pemex, desató uno de los mayores escándalos durante la administración de su padre. Mientras López Obrador predicaba “honestidad valiente” y “pobreza franciscana”, su hijo mayor vivía en una mansión de lujo vinculada al poder económico que tanto se prometió combatir. No hubo investigaciones reales ni consecuencias.
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El segundo hijo, Andy López Beltrán, construyó una red de influyentismo dentro del gobierno, colocando a amigos y excompañeros de escuela en cargos estratégicos, entre ellos el secretario del Trabajo, el titular del SAT y el jefe de Ayudantía de la Presidencia. Convirtió a varios de sus allegados en empresarios prósperos mediante contratos en el gobierno federal y en gobiernos estatales emanados de Morena. El caso más notorio es el de su compadre Amílcar Olán, quien incluso habría recibido transferencias por tres mil millones de pesos en una cuenta en Suiza.
El tercer hijo, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, también ha sido señalado por gestionar contratos del Tren Maya a favor del propio Olán, en concreto para la distribución del balasto. Lo más grave es que Andy y Bobby aparecen en el expediente de la FGR sobre el huachicol fiscal, la megared de corrupción, contrabando de combustibles, facturación falsa y lavado de dinero.
Tampoco pueden olvidarse los hermanos del expresidente. Pío López Obrador fue grabado recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos de un operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para financiar actividades políticas de Morena. A pesar de la evidencia en video, la Fiscalía lo exoneró sin realizar una investigación profunda, en un caso emblemático de impunidad. Martín López Obrador, otro de los hermanos, también fue exhibido recibiendo dinero en efectivo, y ninguno ha enfrentado consecuencias legales.
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Felipa Obrador, prima del expresidente, fue beneficiada con contratos millonarios de Pemex y del gobierno de Tabasco, pese a la promesa de no permitir el influyentismo familiar. Carol Jessica Moreno, otra cuñada de López Obrador, fue funcionaria durante el gobierno del priista Javier Duarte en Veracruz y fue acusada de un desfalco de 80 millones de pesos en la Secretaría de Educación estatal. También destaca el caso de la sobrina del expresidente, la diputada tamaulipeca Úrsula Salgado, exhibida en audios donde solicita moches y facturas infladas a cambio de contratos públicos.
Cada día nos enteramos de un nuevo escándalo del obradorismo y del círculo más próximo al expresidente. Claudia Sheinbaum siempre reacciona igual: niega, evade, defiende a su mentor y ataca al mensajero. Se construye el segundo piso de la impunidad descarada.
No se puede defender lo indefendible. Se ha desvanecido la credibilidad moral del movimiento político de quien prometió acabar con la corrupción en México.
El obradorismo prometió limpiar la política, pero solo la convirtió en un negocio familiar. Y mientras los suyos se reparten los beneficios del poder sin vergüenza alguno, los ciudadanos pagan las consecuencias de esa herencia de pudrición.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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