Granaderos fantasma: la opacidad institucional como política de Estado
Quizá el aspecto más perturbador fue la presencia de cuerpos de reacción inmediata sin identificación clara, sin números de placa visibles, sin protocolos transparentes de actuación.
Los "granaderos" —término que en México evoca históricamente represión— aparecieron como espectros: sin rostro, sin nombre, sin accountability.
Esto no es casual; es diseño institucional deliberado para evadir consecuencias.
Toda democracia funcional exige que agentes del Estado actuando con uso de fuerza sean plenamente identificables. No puede haber policías anónimos. Cada elemento debe portar credencial visible con número único, cada unidad debe tener comandancia identificada, cada acción debe ser videograbada con cadena de custodia.
La opacidad actual protege abusos, impide denuncias efectivas y erosiona el Estado de derecho desde dentro.
Gobiernos locales y federal deben responder:
¿quién autorizó despliegue de estas unidades?
¿Bajo qué protocolos operaron?
¿Quiénes son los mandos responsables?
La negativa a transparentar esta información no es "reserva de seguridad nacional"; es encubrimiento institucional.
El negacionismo oficial: cuando el gobierno miente, la confianza muere
Tras los hechos, funcionarios minimizaron sistemáticamente el uso excesivo de fuerza. Videos ciudadanos mostraban agresiones desproporcionadas, pero el discurso oficial hablaba de "control profesional". Esta brecha entre realidad documentada y narrativa gubernamental no es error comunicacional; es estrategia de impunidad.
El negacionismo tiene costos políticos severos. Cuando gobiernos niegan lo evidente, legitiman desconfianza ciudadana y alimentan teorías conspirativas. Cuando minimizan abusos policiales, envían mensaje claro a corporaciones: la violación de protocolos no tendrá consecuencias. Cuando protegen a elementos responsables, confirman que el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo, no a la ciudadanía.
Propuestas para salir del círculo vicioso
La solución no es prohibir manifestaciones ni militarizar respuestas.
Requiere voluntad política para implementar reformas concretas: protocolos estandarizados basados en mejores prácticas internacionales, certificación obligatoria de policías en gestión de protestas, identificación plena de todos los elementos desplegados, videograbación oficial de operativos con acceso público posterior, sanciones efectivas contra excesos documentados, y mesas técnicas permanentes con organizaciones civiles para evaluar actuación policial.
Además, urge inteligencia preventiva real: unidades especializadas en detectar infiltraciones, comunicación previa con organizadores legítimos, estrategias de aislamiento quirúrgico de grupos violentos sin afectar manifestantes pacíficos.
El país que merecemos
México puede tener manifestaciones masivas que sean simultáneamente pacíficas y efectivas para exigir cambios. Pero esto requiere instituciones competentes que protejan tanto el derecho a la protesta como la seguridad colectiva. Los hechos del 15 de noviembre demostraron que estamos lejos de ese equilibrio.
La pregunta es si tenemos voluntad política para construirlo o seguiremos repitiendo fracasos evitables mientras la confianza ciudadana se desmorona. La respuesta determinará si somos capaz de madurar democráticamente o permaneceremos atrapados en ciclos de incompetencia institucional que benefician únicamente a quienes buscan desestabilizar.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
