La falacia de la transferencia directa como seguridad
Las transferencias monetarias —condicionadas o no— tienen evidencia robusta de impactos positivos en la reducción de pobreza, consumo y algunas dimensiones de capital humano; no obstante, la literatura muestra que su efecto directo sobre la criminalidad es heterogéneo y, en ocasiones, ambivalente. Programas de largo alcance pueden reducir factores de riesgo asociados con la violencia (por ejemplo, privación económica), pero no sustituyen lo que es intrínseco a la política de seguridad: prevención situacional, control delictivo, fortaleza del sistema de procuración de justicia y reducción de la impunidad. Estudios experimentales y revisiones en América Latina y México señalan efectos mixtos de los CCT sobre violencia, incluidos efectos no previstos cuando las transferencias no se articulan con otras políticas públicas.
Derechos humanos: más allá de los números
Confundir gasto social con seguridad tiene consecuencias en derechos humanos. La reducción estadística de pobreza—que en los años recientes presenta mejoras cuantificables—no exime al Estado de garantizar derechos a la seguridad, al debido proceso y a la protección frente a violaciones por actores delictivos o por servidores públicos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y el marco normativo vigente obligan a que políticas públicas respeten, protejan y remedien derechos; por tanto, cualquier campaña que justifique la omisión de capacidades policiales o judiciales apelando solo a transferencias corre el riesgo de violar derechos de terceros (victimización no atendida) y de las propias poblaciones beneficiarias si quedan expuestas a riesgos sin protección estatal efectiva.
Complementariedad entre lo social y la seguridad
Una lectura sofisticada reconoce complementariedades: la política social reduce vulnerabilidades estructurales que aumentan la probabilidad de reclutamiento por grupos criminales o de comisión de delitos por necesidad; la política de seguridad, en cambio, aborda el mercado delictivo, la capacidad investigadora y la reducción de impunidad. Sin articulación, ambas pueden operar en paralelo con baja sinergia. Por ejemplo, aumentar transferencias sin fortalecer investigación criminal, seguridad comunitaria ni sistemas de justicia genera alivios temporales que no transforman estructuras de violencia ni redes criminales. Las buenas prácticas internacionales muestran que los programas efectivos combinan intervenciones económicas (empleo, escolaridad), políticas de prevención situacional (iluminación, diseño urbano), y reforma institucional (policía profesional, fiscalías independientes).
Hacia un modelo de intervención integral
Propongo un modelo integrado, de política pública, que se basa en cuatro pilares:
- Diagnóstico diferenciado y espacializado. Mapear pobreza multidimensional y riesgos de victimización para priorizar intervenciones combinadas donde coexistan ambas problemáticas (pobreza y violencia). (Instrumentar datos de Coneval/Inegi para focalización).
- Paquetes de intervención sincronizados. Diseñar “paquetes” regionales que combinen transferencias condicionadas a servicios (salud, educación, empleo), inversión en prevención situacional (infraestructura urbana, alumbrado, espacios públicos) y fortalecimiento institucional (capacitación policial, sistemas de investigación criminal, atención a víctimas).
- Mecanismos de gobernanza intersectorial. Crear instancias de coordinación entre secretarías de desarrollo social, seguridad, salud y procuración de justicia con metas e indicadores compartidos, rendición de cuentas y evaluación independiente.
- Protección integral de derechos. Cualquier paquete debe incorporar protocolos de derechos humanos: estándares para intervención policial, acceso efectivo a la justicia y reparación cuando proceda, así como mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la gestión de recursos.
