El informe del Gabinete de Seguridad correspondiente a septiembre de 2025 abre con un titular diseñado para el aplauso: “el septiembre más bajo en homicidios desde 2015”. Según la narrativa oficial, el promedio diario de asesinatos dolosos cayó 32% respecto al mismo mes del año anterior. Un logro que, de acuerdo con el gobierno, refleja la eficacia de la estrategia de pacificación y coordinación interinstitucional.
Pero detrás de la cifra se esconde una historia menos luminosa. El recurso porcentual diluye la magnitud del fenómeno: los homicidios siguen ocurriendo a diario, y la reducción no implica una transformación estructural del entorno de violencia. Los números pueden bajar, pero el miedo sigue en ascenso. La estadística, convertida en instrumento político, se vuelve un lenguaje de consuelo.
El documento oficial reconoce que siete entidades concentran el 51% de los homicidios dolosos registrados entre enero y septiembre de 2025. Es decir, más de la mitad de los asesinatos se mantienen territorialmente anclados en los mismos estados que desde hace años: Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.
El problema no es sólo cuantitativo, sino de concentración estructural. La criminalidad se territorializa y se adapta, mientras la narrativa gubernamental continúa utilizando el promedio nacional como cortina estadística. México no es un bloque homogéneo de violencia, sino un mosaico desigual donde algunas regiones experimentan contención y otras, simple abandono.
En las páginas siguientes, el informe presume miles de aseguramientos: toneladas de droga, más de mil quinientos laboratorios clandestinos destruidos y un número récord de armas decomisadas. Son datos que, en efecto, exhiben capacidad operativa y coordinación institucional.
Sin embargo, los logros militares no siempre se traducen en seguridad civil. Los decomisos no devuelven la tranquilidad a las colonias ni disminuyen la extorsión que golpea al pequeño comercio. México sigue atrapado en una ecuación peligrosa: más aseguramientos, menos paz.
La medición de la “eficacia” estatal por el volumen de incautaciones recuerda una lógica de guerra: mostrar fuerza para justificar continuidad, aunque el tejido social permanezca roto.
Mientras los informes oficiales celebran descensos, la percepción ciudadana revela un país distinto. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU, junio 2025) reporta que 63.2% de la población considera inseguro vivir en su ciudad, una percepción que apenas ha variado desde hace cinco años. La ENVIPE 2025 corrobora la distancia entre discurso y realidad: decenas de millones de víctimas cada año y una cifra negra que supera el 90% de los delitos no denunciados.
La población, simplemente, no percibe la baja del delito. El ciudadano que ve robos en transporte o extorsiones telefónicas no reconoce en su entorno el “septiembre más seguro” del que presume la narrativa oficial. La estadística, por más técnica que sea, pierde legitimidad cuando contradice la experiencia.
Un dato que el propio informe no logra maquillar es el de las llamadas de extorsión: 59,283 registradas hasta septiembre, un incremento del 85% respecto al año pasado. La respuesta institucional incluye casi dos mil carpetas de investigación y más de 380 detenidos, pero el contraste es brutal.
El crecimiento de la extorsión, particularmente telefónica, es un termómetro de la fragilidad de la autoridad local. Expone la incapacidad para controlar prisiones, rastrear redes criminales y garantizar confianza en la denuncia. Aquí la cifra deja de ser indicador para convertirse en síntoma: la impunidad también tiene estadística.
Diversas organizaciones civiles —como Causa en Común o el Observatorio Nacional Ciudadano— han advertido inconsistencias en los registros oficiales: reclasificación de delitos, subregistro de carpetas y falta de acceso a microdatos. La estadística criminal mexicana continúa siendo una caja negra administrada por el Estado, sin auditoría independiente ni reconciliación con los datos vitales del INEGI.
En consecuencia, las comparaciones interanuales se sostienen más en la conveniencia política que en la certeza técnica. La administración pública se ha especializado en el manejo del relato, no necesariamente en la gestión del riesgo. Y en ese terreno, la transparencia se convierte en variable negociable.
El énfasis oficial en los “delitos de alto impacto” responde a una lógica mediática más que a una lógica de prevención. Se combate el homicidio, pero no el robo cotidiano; se presume la baja en secuestros, pero se ignora la violencia que sufre el ciudadano promedio.
La seguridad real no se mide por la ausencia de ejecuciones espectaculares, sino por la posibilidad de caminar al anochecer sin miedo. Los delitos del fuero común —hurto, fraude, amenazas, violencia doméstica— son los que moldean la percepción y el desgaste psicológico de la población. Sin atender ese frente, la “pacificación” seguirá siendo un discurso de conferencia matutina, no una experiencia de vida.
Si el gobierno busca credibilidad, debe abrir la caja de las cifras. Publicar microdatos mensuales, homologar definiciones, y someter las series estadísticas a revisión académica y ciudadana. Pero, sobre todo, debe reconocer que la seguridad no se decreta con powerpoints, sino con políticas sostenidas de justicia, prevención y rendición de cuentas.
Las gráficas pueden decir que vamos mejor.
El país, sin embargo, aún no lo siente.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
