Los beneficios: una herramienta de inteligencia urbana
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los municipios que han implementado sistemas integrados de videovigilancia reportan reducciones delictivas de entre 25% y 35% en zonas monitoreadas. Este impacto positivo no radica solo en la presencia de cámaras, sino en su integración con centros de inteligencia y reacción inmediata.
Entre los beneficios más relevantes destacan:
- Prevención y disuasión del delito: la visibilidad de las cámaras genera un efecto psicológico de inhibición del comportamiento delictivo.
- Respuesta rápida ante emergencias: la detección temprana permite coordinar patrullas, ambulancias y bomberos con precisión temporal y geográfica.
- Evidencia judicial sólida: las grabaciones son insumos valiosos para la investigación ministerial y la identificación de responsables.
- Planeación de seguridad basada en datos: los sistemas analíticos de video —con reconocimiento de patrones y mapas de calor delictivo— fortalecen la toma de decisiones en políticas públicas.
En entidades como Querétaro y Yucatán, la videovigilancia ha sido pieza clave para mantener niveles de incidencia delictiva por debajo del promedio nacional, gracias a una gestión tecnológica que prioriza el mantenimiento, la interoperabilidad y la capacitación del personal.
Los riesgos: vigilancia sin control
No obstante, la videovigilancia masiva no está exenta de sombras. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha advertido que la instalación indiscriminada de cámaras públicas sin protocolos claros de almacenamiento y uso de datos puede derivar en violaciones al derecho a la privacidad y abuso de información.
Los principales riesgos son tres:
1. Uso indebido o filtración de imágenes, especialmente en sistemas mal protegidos frente a ciberataques.
2. Perfiles raciales o conductuales discriminatorios, cuando los algoritmos de reconocimiento facial se aplican sin supervisión ética.
3. Falsa sensación de seguridad, que puede conducir a una dependencia tecnológica en lugar de fortalecer la proximidad policial.
El equilibrio entre seguridad y libertad es frágil. La tecnología no sustituye la confianza ciudadana ni el trabajo territorial de las policías. Por ello, la videovigilancia debe enmarcarse en marcos normativos estrictos, auditorías tecnológicas y controles ciudadanos de supervisión.
El factor humano: el nuevo oficial digital
Un sistema de videovigilancia es tan eficaz como la persona que lo opera. El oficial especializado en videovigilancia debe ser un perfil híbrido entre analista, técnico y estratega. Sus competencias deben incluir:
- Formación en seguridad pública y análisis de inteligencia urbana.
- Dominio de sistemas de monitoreo en red, cámaras PTZ, software de reconocimiento facial y plataformas de análisis de datos.
- Certificaciones en ciberseguridad y protección de datos personales.
- Habilidades cognitivas para la interpretación de conductas y patrones delictivos.
- Ética profesional y compromiso con los derechos humanos.
La capacitación continua es indispensable. En países como España y Reino Unido, los operadores de videovigilancia son considerados profesionales de inteligencia urbana, con protocolos estandarizados y formación universitaria. México debe avanzar en esa dirección para evitar que la tecnología se desperdicie en manos no especializadas.
Las 10 ciudades líderes en videovigilancia en México
Basado en información del SESNSP, de los gobiernos estatales y de la consultora Urban Security Index 2024, las siguientes ciudades destacan por su cobertura, integración tecnológica y resultados medibles:
1. Querétaro – Sistema integral de videovigilancia C5i con más de 6,000 cámaras; reducción del 32% en delitos patrimoniales.
2. Mérida (Yucatán) – Red de vigilancia conectada al C5i, con reconocimiento facial y sensores urbanos; ciudad con menor percepción de inseguridad del país (INEGI, 2024).
3. Monterrey (Nuevo León) – Proyecto “Escudo Norte” con más de 10,000 cámaras y drones de patrullaje autónomo.
4. Guadalajara (Jalisco) – Red urbana con analítica de tráfico y detección de incidentes; coordinación con transporte público.
5. Ciudad de México – Más de 75,000 cámaras del programa “Mi Calle Segura”, con integración en tiempo real al C5.
6. Tijuana (Baja California) – Sistema binacional de monitoreo fronterizo con cooperación del CBP estadounidense.
7. Puebla – C5 con analítica de video y colaboración con universidades para investigación en inteligencia artificial.
8. León (Guanajuato) – Plataforma de análisis predictivo y patrullaje inteligente; reducción del 20% en robos a comercio.
9. Aguascalientes – Red estatal con enfoque en movilidad segura y prevención de violencia de género.
10. Toluca (Estado de México) – Implementación de sistemas de reconocimiento vehicular conectados al Registro Público Vehicular.
Estas experiencias muestran que el éxito depende menos del número de cámaras y más de la integración institucional y la profesionalización del personal.
