Primer Informe de SSPC: seguridad en el papel, realidades de fuego

El informe presume reducciones en homicidios dolosos (25.3%) y en delitos de alto impacto (20.8%) durante los primeros meses del nuevo gobierno. Son cifras que, a primera vista, parecen alentadoras. Pero detrás de esa estadística hay un patrón claro: la estrategia sigue descansando en el despliegue masivo de las fuerzas armadas, una fórmula que no transforma las condiciones estructurales de la inseguridad. Lo que se presenta como avance es, en realidad, un espejismo producido por la militarización.

La máscara burocrática

El rediseño institucional de la SSPC, con subsecretarías y direcciones generales, se ofrece como innovación, pero en el fondo es una máscara. La Secretaría sigue subordinada al poder militar: los operativos clave, la logística territorial, el control de recursos estratégicos y la presencia territorial dependen casi en su totalidad del Ejército y la Marina. La SSPC administra papeles, mientras los militares administran la realidad.

El fracaso del modelo civil no radica en la falta de voluntad, sino en la decisión política de perpetuar la dependencia. La Guardia Nacional, creada bajo la promesa de ser civil, permanece atada al mando castrense. El informe no lo dice con esas palabras, pero los hechos son claros: no hay transición, hay simulación.

La política del espejismo

Las cifras delictivas que el gobierno celebra no son sostenibles. Ningún país ha resuelto su crisis de violencia con despliegues militares permanentes. El uso de las fuerzas armadas produce efectos inmediatos, pero no duraderos. La reducción de homicidios responde a operativos de alto impacto, no a la consolidación de instituciones civiles. Cuando la presencia militar se repliegue, los grupos criminales retomarán el control.

Es una política del espejismo: vender resultados rápidos para encubrir la ausencia de un proyecto de seguridad ciudadana. Mientras tanto, delitos como la extorsión o el feminicidio continúan mostrando dinámicas crecientes, invisibilizadas bajo el triunfalismo estadístico.

La traición al mandato civil

La Constitución es clara: la seguridad pública debe estar en manos civiles. Sin embargo, el gobierno ha convertido la excepción en regla. El mandato constitucional se interpreta con cinismo: se construye un aparato burocrático civil que legitima, por la vía administrativa, el protagonismo militar.

El informe habla de certificación policial (83% del CUP), de profesionalización y de mejoras salariales. Pero en la práctica, los policías estatales y municipales siguen desprotegidos, mal pagados y sin condiciones para enfrentar a las redes criminales. El salario promedio de 19 mil pesos apenas cubre las disparidades entre entidades, y la homologación salarial sigue siendo una deuda eterna.

¿Cómo hablar de dignificación policial cuando los mandos reales los ocupa el Ejército?

El resultado es un modelo híbrido que solo existe en el discurso: policías civiles de papel, militares de facto.

Continuidad disfrazada de cambio

Sheinbaum prometió un cambio, pero lo que vemos es la consolidación de la herencia de López Obrador: un país donde la política de seguridad se ha convertido en territorio castrense. El informe confirma que la SSPC es un engranaje de continuidad: legitima las operaciones militares, presenta cifras sin contexto y posterga indefinidamente la construcción de un modelo civil.

El riesgo es monumental: México está normalizando el militarismo como política pública. Cada año que pasa sin una ruta clara de transición civil es un año perdido para la democracia. El Ejército se vuelve más fuerte, las policías locales más débiles y la ciudadanía más dependiente de una lógica de contención que nunca resuelve la raíz de la violencia.

Lo que debería hacerse (y no se está haciendo)

- Un calendario de retiro militar: sin plazos definidos, la militarización se perpetúa.

- Fortalecimiento real de policías locales: con recursos, autonomía y profesionalización verificable, no discursos.

- Homologación salarial obligatoria: una policía precaria nunca será profesional.

- Evaluaciones externas e independientes: sin auditores civiles, el gobierno seguirá calificándose a sí mismo.

- Una Guardia Nacional verdaderamente civil: no basta con el nombre, requiere desvinculación efectiva del mando militar.

El verdadero rostro del informe

El primer año de Sheinbaum en seguridad no marca un nuevo comienzo, sino la consolidación de un proyecto que nació con López Obrador: la sustitución del modelo civil por un militarismo disfrazado de reforma institucional. El lenguaje administrativo habla de coordinación, profesionalización y certificación. La realidad grita otra cosa: la seguridad en México está en manos de soldados.

Conclusión: democracia en riesgo

La política de seguridad de Claudia Sheinbaum no es un viraje, es continuidad. Continuidad de un militarismo que se ha vuelto la norma y que pone en riesgo la democracia mexicana. La seguridad pública no puede depender de los cuarteles sin que ello tenga un costo: debilitamiento del Estado de derecho, erosión de la autonomía local y desmantelamiento de las instituciones civiles.

Si este rumbo no se corrige, México no solo perderá la oportunidad de construir un modelo de seguridad ciudadana; perderá también el principio constitucional que garantiza que el poder militar esté subordinado al poder civil. El informe de la SSPC no es un parte de victorias: es el retrato de una renuncia.

____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.