Hace un par de semanas, el Inegi presentó la edición 2025 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Con ello se cumplieron tres lustros de publicación ininterrumpida del instrumento más relevante para aproximarnos, desde la experiencia de la población, al tamaño real de la inseguridad en México y evaluar el desempeño de los gobiernos en la materia.
Tres lustros después de la ENVIPE, ¿cómo va la inseguridad?

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La ENVIPE es una herramienta aún más robusta para la toma de decisiones que las cifras de denuncias porque, aunque no está libre de sesgos, logra sortear uno de los problemas centrales de la estadística criminal en México: el subregistro. En particular, permite conocer el comportamiento de la victimización, la prevalencia delictiva, el costo del delito y la percepción de inseguridad. Dicho de otra forma, nos deja ver la magnitud del problema y sus consecuencias más inmediatas.
Sin embargo, a pesar de su enorme relevancia social, la ENVIPE 2025 pasó prácticamente inadvertida en la agenda pública nacional. Aquí recupero algunas de sus tendencias para intentar responder la pregunta que da título a esta columna.
Victimización creciente
La ENVIPE dimensiona la cantidad de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes, tanto a nivel nacional como estatal. A lo largo de quince años se distinguen tres patrones claros.
1. Crisis histórica (2012–2018): durante este periodo se registraron tasas consistentemente superiores a 27 mil víctimas por cada 100 mil habitantes, alcanzando un máximo en 2017 con prácticamente 30 mil. Estos datos reflejan la escalada de violencia de aquellos años y la expansión delictiva en múltiples territorios.
2. Reducción pandémica (2019–2022): en esta etapa se verifican las tasas más bajas de victimización, con el mínimo histórico en 2022, cuando la cifra se redujo en 20.1% respecto a 2018 y en 24.1% frente al pico de 2017. El comportamiento puede explicarse de manera plausible por la reducción de la movilidad durante la pandemia de COVID-19 y la consecuente reducción de los delitos predatorios, aquellos donde la víctima está presente.
3. Repunte paulatino (2023–2024): en los dos años más recientes se observa un incremento constante de la victimización, correlacionado a un aumento de la incidencia delictiva, con una tasa en 2024 de 24 mil víctimas de delitos comunes por cada 100 mil habitantes.
Aunque estamos lejos de los niveles de la crisis histórica, este repunte debe prender alertas: parece que la criminalidad urbana, particularmente los robos, las extorsiones y los fraudes, está encontrando espacio para proliferar, mientras la atención del Estado sigue concentrada en el combate al crimen organizado.
Un lastre para la economía familiar
La realidad es clara: el costo del delito ha sido enormemente elevado y constante en magnitud macroeconómica. Las tendencias van en línea con los movimientos de la victimización y la incidencia delictiva.
- Los costos económicos del delito alcanzaron su pico máximo también en 2017, durante el periodo de crisis histórica (2012 a 2018), con un valor de 313.4 miles de millones de pesos (mmdp).
- En la etapa de reducción pandémica también se presentan los menores costos del delito. En 2021 se presentó el punto más bajo, con 245.5 mmdp. Esto se explica directamente por la caída en incidencia delictiva y en victimización.
- En paralelo con los datos de victimización e incidencia, los costos económicos del delito han mostrado un repunte desde 2022 y en la actualidad, en 2024, alcanzaron 269.6 mmdp, monto superior incluso a los registrados en varios años de la crisis histórica.
Los datos preocupan por sus implicaciones: los costos del delito se muestran como un lastre estructural para la economía mexicana sin una tendencia sostenida a la baja. Particularmente, la carga del gasto destinado a medidas de prevención muestra que las y los mexicanos no confían en la capacidad del Estado para protegerlos y asumen directamente los costos de la inseguridad.
Ciudades fallidas
Tres de cada cuatro mexicanos (75.6%) se sienten inseguros en su entidad federativa en este 2025. En el caso de las mujeres la cifra se dispara hasta cuatro de cada cinco (80%). En quince años, la percepción de inseguridad mantiene una tendencia al alza; a diferencia de la victimización y los costos económicos, las cifras generales de 2025 superan por mucho los datos de 2012 (66.1%) y están muy cercanos al pico máximo reportado en 2018 (79.4%)
La percepción se traduce en cambios de comportamiento que implican libertades perdidas. Por ejemplo, las personas dejan de usar el espacio público.lo
En Muerte y vida de las grandes ciudades (1967), la urbanista y activista canadiense Jane Jacobs plantea que un distrito exitoso es aquel en donde las personas pueden sentirse a salvo rodeadas de extraños. Podemos decir que en México hemos fracasado al respecto.
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Entonces…
En lo que se refiere a la violencia predatoria, después de tres lustros parece que hemos logrado contener los picos más críticos, pero todavía no construimos condiciones duraderas de seguridad, como lo revelan los repuntes recientes. El desafío es claro: que la ENVIPE deje de ser únicamente un espejo de nuestras fallas y se convierta en el punto de partida de políticas capaces de recuperar la confianza ciudadana y devolvernos las libertades perdidas.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.